El PP y Vox presentan sendos vetos en el Senado a la reforma del aborto, un proyecto "innecesario" y "precipitado"
A estos dos vetos se unen un total de 186 enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, 75 de ellas de los populares
A estos dos vetos se unen un total de 186 enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, 75 de ellas de los populares
El grupo popular en el Senado y los parlamentarios de Vox, encuadrados en el mixto, han presentado sendos vetos para pedir que no se siga tramitando el proyecto de reforma de la Ley del Aborto, por «innecesario» y «precipitado», entre otros motivos.
Cuando acaba el plazo de enmiendas en la Cámara Alta, el PP ha retirado uno de sus vetos pero mantiene el otro, al considerar que el proyecto es «inoportuno y precipitado» y está «guiado por un espíritu profundamente alejado de la necesaria búsqueda del consenso social y político en un tema de tanta complejidad, y con una posible vulneración de los derechos fundamentales». A estos dos vetos se unen un total de 186 enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, 75 de ellas del PP.
En su veto, los populares recuerdan el reciente informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, según este grupo, «desmonta» algunos de los ejes centrales de la ley, como la eliminación del requisito de información y autorización paterna para las jóvenes de 16 y 17 años que soliciten abortar o la supresión del periodo de reflexión obligatorio antes de someterse a la interrupción del embarazo. Sus enmiendas parciales van en el mismo sentido.
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Para el PP, el resultado de esta «apresurada tramitación» con la incorporación de informes preceptivos tras el debate en el Congreso «es una muestra más de que el Gobierno ni siquiera pretende aparentar un mínimo respeto democrático por las instituciones del Estado, ni tampoco por los organismos, agentes sociales o colegios profesionales«, a los que no ha consultado, denuncia.
«La reforma planteada en este Proyecto de Ley es muy deficiente desde el punto de vista técnico-jurídico y una amalgama de temas inconexos de cuestionable constitucionalidad por su afectación a derechos y libertades fundamentales», recalca el PP antes de recordar que esta ley está recurrida y «lo prudente y sensato sería esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional».
Ya en sus enmiendas parciales, muchas de ellas técnicas, el PP propone, entre otros cambios, la supresión de las bajas por menstruaciones incapacitantes al entender que la medida «va a perjudicar a las mujeres más que beneficiarles en términos de empleo y empleabilidad», a la vez que pide suprimir el artículo referido a la distribución de productos como tampones o compresas en centros educativos, por ejemplo.
Mientras, para Vox el proyecto «reincide en la injusticia de desproteger la vida del no nacido en aras de unos supuestos ‘derechos reproductivos’ de la mujer de corte globalista». Asegura, además, que el texto «desprecia el más fundamental de los derechos, el de la vida», subraya en su veto.
Ya en aspectos concretos del texto, Vox cree que la eliminación del plazo de tres días de reflexión antes de interrumpir el embarazo y de la obligatoriedad de brindar información «en ningún caso puede beneficiar a la mujer que va a abortar», porque, a su juicio, «los únicos beneficiarios serán los centros que practican los abortos, que verán engrosada su lista de pacientes». Vox, que censura que el proyecto «ignore absolutamente a la figura del padre», entiende que no se debe tramitar esta norma por vía de urgencia porque no hay «un fundamento honesto y cabal» que lo justifique.
La mayoría de los grupos ha presentado enmiendas parciales, salvo el PSOE, que quiere mantener el texto tal y como ha llegado a la Cámara Alta desde el Congreso. Algunos senadores nacionalistas piden en sus enmiendas que no se invadan las competencias autonómicas. Algunos, como Josep LLuís Cleries, de Junts per Catalunya, solicitan también que el Estado garantice el aumento de los recursos a las comunidades para que puedan cubrir «las gratuidades» previstas en la ley, como la de los artículos menstruales.
Y otros, como el senador Miguel Sánchez, de Ciudadanos, quieren que se suprima la interpretación de la gestación por subrogación como una forma de violencia contra la mujer, «ya que en el Convenio de Estambul no consta como tal», según indica en su enmienda.
Fuente: EFE
