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Solo uno de cada seis médicos podrá optar a la jubilación activa y suplir la falta de profesionales

Solo unos 2.000 facultativos de Atención Primaria podrán acogerse anualmente a este plan, con el que el Gobierno busca solucionar el problema de personal

Solo uno de cada seis médicos podrá optar a la jubilación activa y suplir la falta de profesionales

Carolina Darias, ministra de Sanidad. | EP

Esta semana el Gobierno ha aprobado la jubilación activa mejorada para médicos y pediatras de Atención Primaria. Una nueva forma de «parchear» la escasez de sanitarios en estas especialidades, ya que tan solo una sexta parte de ellos podrá acogerse al nuevo plan con el que el Gobierno busca dar respuesta a la falta de facultativos en el Sistema Nacional de Salud, según refleja el real decreto donde se recoge esta jubilación.

El proyecto permitirá que los sanitarios de este área de atención puedan continuar ejerciendo activamente a tiempo completo o media jornada durante los próximos tres años compatibilizando el cobro del 75% de su pensión –algo que hasta ahora estaba vedado–. «Es un proyecto pionero con el que el Gobierno demuestra el compromiso por reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS) y los pilares más deteriorados», aseguraba Pedro Sánchez este martes en su comparecencia en La Moncloa para hacer balance político del año. No obstante, según ha podido saber THE OBJECTIVE, solo unos 2.000 médicos de estas especialidades podrán acogerse anualmente a este plan, que tiene una duración limitada de tres años.

A junio de 2021, había unos 12.021 (33,2%) facultativos con 60 y más años de edad en Medicina de Familia y 1.370 (23,4%) en Pediatría, según los informes del Sindicato Médico Andaluz que analiza la situación de toda España. Sin embargo, solo podrán acceder a este nuevo modelo aquellos que se hayan jubilado a partir del 1 de enero de 2022 y tengan la edad para la jubilación ordinaria, que el año que viene son 65 años si tienen más de 37 años y nueve meses cotizados y 66 y cuatro meses si cuando los cumplieron no tenían cotización suficiente.

Además, se establecen otras condiciones como no haber accedido a la jubilación antes de la edad estipulada –por lo que quedan excluidos aquellos que hayan accedido a una jubilación anticipada– o ejercer su labor profesional solo en el sector público. De esta forma, según fuentes del sector consultadas por este diario, solo cumplen estos requisitos una sexta parte de los facultativos, esto es, unos 2.000 anualmente.

Un «parche» al problema de personal

La jubilación activa mejorada para médicos y pediatras de Atención Primaria es una respuesta a la crisis generalizada que este servicio sufre en toda España, y que ha provocado huelgas y manifestaciones en varias comunidades autónomas. «Dada la acuciante escasez de facultativos en el Sistema Nacional de Salud, resulta urgente implementar medidas que faciliten o contribuyan a paliar su falta. Con este objetivo, en materia de Seguridad Social, se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para permitir la actividad de los profesionales jubilados y contribuir así a paliar la falta de facultativos de atención primaria, médicos de familia o pediatras en el Sistema Nacional de Salud», se lee en el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre.

Así también lo explicaban conjuntamente la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá a principios de este mes cuando hicieron pública la medida. Este proyecto «intenta abordar la insuficiencia de profesionales sanitarios generales y de pediatría en Atención Primaria. Esta insuficiencia es el resultado de la combinación de dos elementos: la existencia de promociones de médicos muy numerosas en los años ochenta que se están jubilando ahora y una planificación inadecuada desde hace una década de la provisión de nuevas plazas», subrayaba Escrivá.

No obstante, desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) admiten que es una opción que constituye un «parche» que «no pone solución a la falta de médicos». Y es que como ya contamos en este periódico, España tiene más médicos que la mayoría de los países desarrollados (OCDE), sin embargo, faltan especialistas, sobre todo, en Atención Primaria, donde apenas corresponde un médico por un millar de ciudadanos. Según las sociedades científicas competentes consultadas, faltan unos 5.000 médicos de familia y 1.300 pediatras, como ya contamos en THE OBJECTIVE.

La Atención Primaria supone el 30% de los médicos del servicio público de salud, lo que significa 42.000 facultativos, de los que 6.000 son pediatras. Además, los médicos de Atención Primaria cuentan con la mayor ratio de mayores de 60 años: alrededor de un tercio del total. En este sentido, Vicente Matas, coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, valora con cautela esta medida y señala a este periódico que «algo podrá ayudar a mejorar la situación» pero «dependerá mucho de las condiciones y las cargas de trabajo que les adjudiquen –a los sanitarios–».

Además, la CESM considera que el anuncio aún tiene muchos puntos que no se han aclarado por una redacción confusa sobre cómo funcionará esta opción. «Como cuáles serán las retribuciones finales en ese trabajo al 50%, la carga de trabajo que se deberá realizar, la falta de valoración -puesto que es algo transitorio- y la limitación solo a las especialidades de Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria excluyendo de esa compatibilización al resto de especialidades deficitarias».

Ante estas incertidumbres y como se ha presentado la propuesta, la Confederación considera que este tipo de medidas u otras similares, aunque tengan carácter temporal, «deben aplicarse a todas las especialidades donde existe un déficit». Además, desde la organización critican que no se haya desarrollado la jubilación parcial -que aparece en el Estatuto Marco y aún está pendiente de desarrollar-, y que no se haya aprobado la jubilación flexible desde los 60 años sin pérdida retributiva hasta los 70 años, e incluso hasta los 72.

En definitiva, «la propuesta muestra que se está empezando a trabajar para intentar poner soluciones a la situación actual, pero se queda muy lejos de algo realmente efectivo, máxime cuando, una vez más, no se ha contado con la opinión de los afectados a la hora de elaborarla y no responde a las necesidades de los profesionales», concluye la CESM, que solicita una reunión urgente al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para pedir una explicación más en profundidad de cómo queda esta propuesta.

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