Aragonès, incapaz de aprobar a tiempo los Presupuestos a pesar de eliminar el plazo legal
El Gobierno catalán suprimió el año pasado el límite legal fijado en el 10 de octubre con el argumento de que era una fecha demasiado prematura
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el consejero Carlos Campuzano. | Rubén Moreno
El Gobierno catalán va con retraso en la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat. Esta demora no es inédita en la política catalana, pero en esta ocasión ha suscitado mayores críticas, dado que el Govern eliminó el año pasado de la ley de finanzas públicas la fecha límite para aprobarlos. Con esa actuación, buscaban tener mayor margen para presentarlos en el Parlamento y evitar su prórroga en un contexto de crisis económica derivada de la guerra en Ucrania.
En 2022, el Ejecutivo de Pere Aragonès modificó la legislación para que el proyecto de ley de las cuentas públicas pudiera «entrar en vigor el 1 de enero del ejercicio correspondiente», una vez aprobadas por el Govern y pasados los trámites parlamentarios. No obstante, a día 5 de enero, todavía no se ha cerrado el acuerdo entre ERC y PSC para sacar adelante dichas cuentas. Y en las últimas hora se han producido acusaciones cruzadas de filtrar información y de pérdida de confianza entre formaciones.
Presupuestos que no llegan a tiempo
Lejos de ser la excepción, esta dinámica es la norma en la región. Hasta la fecha, los sucesivos gobiernos autonómicos justificaban el retraso en la ley más importante de cada año con el argumento de que el fin del plazo del 10 de octubre que marcaba la ley era demasiado prematuro para ser factible. Por esta razón, Aragonès se avino a cambiarla para que los trámites en la Cámara catalana contaran con suficiente antelación para poder entrar en vigor el primer día de enero.
En una coyuntura de crisis económica también se insistió en que las cuentas debían ser actualizadas a tiempo para responder a las necesidades de los catalanes, que ven cómo los precios han subido debido a la inflación. Sin embargo, en esta ocasión el Ejecutivo autonómico tampoco ha llegado a tiempo, pese a que todo apuntaba que tenían las condiciones favorables para hacerlo.
Cuatro décadas de incumplimientos
Con este incumplimiento de los plazos legales, ya son 40 años consecutivos sin que se presenten los presupuestos a tiempo. En concreto, desde la entrada en vigor de la ley de finanzas públicas de 1982. En la práctica, esto no tiene consecuencias legales, pese a la obligatoriedad que fija la ley de cumplir con los plazos. Las consecuencias se limitan al ámbito contable, ya que mientras no hay nuevos presupuestos, la administración funciona con las previsiones del año anterior.
Curiosamente, el año pasado fueron los únicos presupuestos de los últimos 13 que entraron en vigor el 1 de enero. Se aprobaron el 23 de diciembre de 2021, antes de que culminara el plazo. En pleno auge del procés, sin embargo, la tendencia ha sido prorrogar las cuentas anteriores hasta en cinco ocasiones: 2013, 2015, 2016, 2018 y 2021.
Para los presupuestos de 2023, ERC llegó a un primer acuerdo con En Comú Podem. Y en la actualidad está en negociaciones con el PSC para tener la mayoría parlamentaria suficiente para sacarlos adelante. Con el aval de estas dos formaciones, no requeriría del apoyo de sus antiguos socios de Junts per Catalunya.
Los independentistas han acordado con los morados cuestiones relacionadas con la mobilidad, como alargar la rebaja del precio del transporte público, transporte público gratuito para los menores de 16 años y ampliar la T-Joven hasta los 30 años. En paralelo, lo que ha trascendido de los acuerdos con los socialistas es lo relativo a no abrir nuevas delegaciones de la Generalitat en el exterior en todo 2023. No obstante, desde el Govern afirman que este compromiso adquirido no forma parte de la negociación para las cuentas públicas.
