Querella contra la Agencia del Medicamento por «ocultar» efectos de las vacunas de la covid

La Asociación Liberum, nacida con el objetivo de «restaurar los derechos y libertades que nos han sido usurpados en el transcurso de la pandemia de la covid-19», interpuso este pasado martes, en los Juzgados de Instrucción de Guardia de Madrid, una querella contra las máximas autoridades de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) por «ocultar los efectos adversos de las vacunas» contra el coronavirus.

Concretamente, la querella está compuesta por cinco supuestos delitos: omisión del deber de socorro por profesional sanitario, delito contra la salud pública (fabricar y comercializar medicamentos que carezcan de autorización legal), delito contra la Administración pública, delito de prevaricación, delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos, así como por un supuesto delito de cohecho cometido por autoridad o funcionario público para realizar actos contrarios a los deberes de su cargo, no realizarnos o retrasarlos indebidamente.

Los autores de la iniciativa son los abogados Luis María Pardo y Alexis Aneas, que, en conversación con THE OBJECTIVE, explican que esta nació cuando se dieron a conocer los últimos datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III a través de su Informe de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo). Según este, tal y como contó este medio, España registró un exceso de mortalidad de 32.058 personas del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022. 117 muertes al día sin explicación (un 94% más con respecto a 2019, año anterior a la pandemia).

«Ante este exceso de mortalidad pedimos a múltiples administraciones autonómicas, así como al Ministerio de Sanidad, vía Portal de Transparencia, que nos explicaran la causa», explica Aneas. Pero no hubo respuesta. «Entonces hicimos un llamamiento a la ciudadanía para que las personas que habían sufrido efectos secundarios graves por las vacunas, de manera anónima, nos indicaran su número de lote y el efecto».

Así, recibieron más de 5.000 correos electrónicos que hacían referencia a 500 lotes distintos. Tres meses después, tras cotejar lote por lote y consultar con la base de datos de la Vaccine Adverse Event Repoting System (VAERS), han logrado presentar con la querella un conjunto documental de más de 3.000 folios sobre «los cientos de efectos adversos reportados en el VAERS en ancianos, mayores, adultos, jóvenes, niños e incluso fetos». Los miembros de Liberum señalan a THE OBJECTIVE, a modo de ejemplo, lotes concretos junto a los efectos adversos denunciados por las personas a las que les han sido administrados.

• Del lote Pfizer-BioNtech-Cominarty EK9788 se han reportado en el VAERS 142 fallecimientos en Europa. De estos, 21 han sido reportados en España a la AEMPS, constando en el VAERS-CDC.
• Del lote Pfizer-BioNtech-Cominarty EW2239, fueron reportados en VAERS 83 fallecimientos en Europa. De estos, en España se registraron 18.
• Del lote Pfizer-BioNtech-Cominarty FC1435 se reportaron 4 fallecimientos en Europa, todos en España. En este lote, de entre los casos registrados, la Asociación señala el del caso ES-AEMPS-946744 que falleció el pasado 9 de julio de 2021, con 42 años con «edema cerebral difuso sugestivo de encefalopatía hipóxico-isquémica». También citan el caso ES-AEMPS-962054, fallecido el 2 de agosto de 2021, con 43 años, con «meningoencefalitis viral»; o el caso ES-PFIZER INC- 202201084265, de un feto fallecido en fecha desconocida, registrado como «desenlace fatal, exposición materna antes del embarazo a la vacuna Pfizer».
• Del lote de Moderna 3005888, se han reportado 11 pericarditis-miocarditis-fallos respiratorios a la AEMPS.

Desde el equipo jurídico de Liberum apuntan a que España ha registrado, con datos del 10 de julio de 2022, un total de 452 muertes y 75.978 reacciones adversas, 13.369 de ellas graves, tras la inoculación contra la Covid-19. Esto, pese a que sólo se reportan un 1% de las reacciones adversas a las vacunas, según un estudio de la Universidad de Harvard admitido por el VAERS. «Si en España han fallecido 452 personas reconocidas por las instituciones sanitarias públicas, y sólo se reportan el 1% de los casos, ¿de qué cifra estamos hablando realmente?», se pregunta Aneas.

Financiación de la AEMPS

Los abogados denuncian que la AEMPS no detuvo el suministro de lotes tóxicos ni informó a la ciudadanía española de alta toxicidad de estos mismos, como tampoco del riesgo de efectos adversos graves. ¿Por qué? Desde la asociación apuntan a «intereses económicos», por cuanto un informe de fiscalización publicado por el Tribunal de Cuentas en el Boletín Oficial del Estado el pasado viernes recoge financiación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) por parte de las farmacéuticas. «Parece que las agencias de control de los medicamentos protegen más a los clientes que a la ciudadanía», suscriben Pardo y Aneas.

La Asociación Liberum es conocida por haberse querellado con anterioridad contra el presidente de las Islas Canarias, Ángel Víctor Torres, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la imposición del certificado Covid. También contra el Gobierno de las Islas Baleares por sus medidas sanitarias adoptadas en las residencias de ancianos; ambas querellas fueron desestimadas.

Pero en esta ocasión cuentan con precedente alentador en Estados Unidos. Ahí, el Tribunal Supremo de Florida aprobó el pasado mes de diciembre la solicitud del gobernador del estado, Ron DeSantis, de formar un jurado especial que investigue a las farmacéuticas que fabricaron las vacunas contra la Covid-19 por posibles irregularidades en relación a los efectos secundarios.

Al respecto, Luis María Pardo confía en que «la autoridad judicial, como ha sucedido en Estados Unidos, admita la querella y realice las primeras diligencias para que la AEMPS envíe todos los reportes que nosotros hemos acreditado que existen, y que así expliquen por qué no intervino en su función in vigilando sobre varios lotes». «Si la querella no es admitida será recurrida hasta la última instancia, hasta que se haga justicia. Las personas que iban a vacunarse debieron haberlo hecho en libertad y con información suficiente», zanja el portavoz de Liberum.