Alejandro Molina: «La tranquilidad es amiga de la paz, pero puede ser enemiga de la justicia»

Alejandro Molina (Jérez de la Frontera, 1969) es abogado. Ha sido profesor universitario y ha colaborado con medios de ámbito nacional, como El País, Crónica Global o The Objective. Su visibilidad pública creció a partir de la intensificación del proceso soberanista en Cataluña. Sus análisis siempre esclarecen la dimensión jurídica de los conflictos políticos y sociales. Hace algo más de un año publicó en esta cabecera un artículo que ha resultado ser tristemente premonitorio.

P. Empecé a leerte en los momentos candentes del procés. Destacaba tu claridad y tus conocimientos en materia jurídica, algo poco habitual en la prensa generalista. ¿Por qué una persona que se gana bien la vida como abogado decide salir a la palestra?

R. Bueno, efectivamente, yo me gano la vida como abogado, y me parece interesante la pregunta porque cuando todo aquello calentó el ambiente, hubo una cierta abstracción ciudadana de la situación que estaba ocurriendo en Cataluña, que por otra parte sigue existiendo ahora. La percepción general era que eso era un problema que solo afectaba a los catalanes. Recuerdo una anécdota que conté a Félix Ovejero y a Teresa Freixas: yo soy oriundo de Jerez de la Frontera, y cuando iba por allí algún amigo que me leía en El País o en Crónica Global me decía que me veía muy activo con el tema catalán, y me preguntaba si estaba bien, poniendo en duda mi equilibrio psicosomático. Yo, efectivamente, tengo formación jurídica, pero no soy constitucionalista. Lo que hacía en los artículos era aplicar un principio más ciudadano que jurídico. Es decir, lo que es de todos no puede ser dispuesto por una parte de los ciudadanos, so pena de cargarse los principios de democracia y convivencia, y de conjunta distribución de lo que es común. De ahí viene mi participación en los medios de comunicación en aquella época, pero todo fue un poco accidental: comienzo a escribir en Crónica Global porque conozco a Manuel Peña en una manifestación, y por indicación de Alejandro Tercero, me propuso escribir algún artículo. Y lo de El País también fue casualidad: poco después del referéndum ilegal del 1 de octubre escribí un texto que envié a Félix Ovejero y él lo reenvió a El País. Y ese artículo despertó mucha controversia.

P. Se titula «¿Dónde está la desproporción?» y es una reflexión a contracorriente respecto a la intervención de la policía en el referéndum. ¿Por qué creíste necesario que se escuchara ese argumento?

R. El Gobierno quiso hacer un laissez faire, laissez passer: vamos a dejar que se haga un referéndum porque, en cualquier caso, no va a tener efectos, y no vamos a intervenir de una manera ostentosa. Entonces, había dos cosas: una falta de convencimiento en que las resoluciones judiciales se cumplen y en que el gobierno tiene obligación de hacer cumplir las leyes, y luego un sobreentendido de la sociedad de que las leyes se cumplen por convencimiento de la gente. Entonces ahí sí que había un enfoque jurídico novedoso. Los desahucios, que tanto dolor causaron en la calle y que movilizaron mucho a la gente en el 15M, eso no se producen por convencimiento de los desahuciados; cuando alguien no paga sus deudas, no se produce la ejecución de su patrimonio por convencimiento. Se produce porque se aplica el principio de la fuerza.

P. La fuerza no es una causa muy popular.

R. La fuerza per se no es ni buena ni es mala. La legítima defensa o el estado de necesidad son actos de fuerza. Ese acto de fuerza no es ni bueno ni malo, es el contexto jurídico el que lo legitima. Cuando una resolución judicial es firme y la persona que está requerida a su cumplimiento se abstrae y desatiende esa orden, lo normal -no aquí, en cualquier sitio del mundo- es que se pase al ejercicio de la fuerza. La justicia, me permito una licencia poética, siempre se ha representado con una mujer que tiene los ojos vendados de cuyas manos cuelgan una balanza y una espada. Como decía Ihering, jurista alemán del siglo XIX, la balanza es una entelequia por sí misma, necesita en el otro lado a la espada, sino no nunca se llevaría a efecto. La Justicia dice quién tiene razón y quién puede usar la fuerza y cuánta. Esto, que puede sonar muy contundente, es un lugar común de la historia y la filosofía del derecho. El derecho no es más que fuerza. El derecho no es la forma de resolver los conflictos sin fuerza, sino de resolverlos por la fuerza, dándosela a uno en función de lo que la comunidad ha decidido en forma de ley. Pero quizá la sociedad española contraponía derecho y fuerza. Pero la política desemboca y cristaliza en leyes que se imponen por la fuerza, esa era la idea que tenía en mente cuando escribí aquella reflexión. La he releído alguna vez y me parece oportuna, había gente muy desmoralizada que no tenía muy claros estos conceptos. Por tanto, no solamente lo volvería a firmar, sino que lamento que no se cumplieran los últimos párrafos de ese artículo que decían que si se aplicaba el artículo 155 había que aplicarlo con todas las consecuencias y eso incluye la fuerza, porque si no, no tenía sentido aplicarlo.

P. ¿Qué opinas cuando escuchas que la anomalía en España es la represión de la ilegalidad y no la ilegalidad? ¿Hasta qué punto está inclinado el tablero para llegar a conclusiones tan erráticas?

R. Me parece que esa expresión es de Cayetana Álvarez de Toledo, y es un feliz hallazgo semántico porque podemos relacionar el tablero inclinado y la represión. En las últimas elecciones autonómicas en Cataluña ha habido un desplazamiento del voto desde Ciudadanos, que era un partido que postulaba la imposición de la norma común constitucional y el Estatuto -no por la fuerza, si podía ser una negociación mejor- al PSC, un partido que postulaba un interregno en donde hubiera una paz de los cementerios. Y esto ha calado no solamente en la sociedad catalana, sino también en la española. Hace poco he escuchado decir al Ministro de la Presidencia del Gobierno que aquí había una dicotomía entre los partidos que están por la convivencia o la pacificación territorial y los que están por el conflicto. Es decir, él distingue en una posición binaria quien está por conceder lo que quiere a quien se saltó la norma, y quien está por hacer cumplir la ley que estuvo en vigor, porque ha dejado de estar en vigor como consecuencia de la reforma del Código Penal y de las reformas que están por venir.

P. De esas reformas que están por venir has hablado en términos de «mutación constitucional».  

R. Sí, aventuro que estamos en un proceso de mutación constitucional, que no de reforma ni de proceso constituyente, y va a hacer que en muy pocos años España sea un país muy diferente. Estos vaticinios habrá quien los considere bienaventurados, yo los considero catastrofistas y no me gusta tampoco agarrarme mucho a ellos porque tienen una falsa vitola de intelectualidad o de prestigio, porque nadie se acuerda de los vaticinios negativos que no salen. Pero yo vaticino una mutación constitucional en el plazo breve de dos años. No sé si el país será mejor o peor, pero cambiarán las reglas del juego desde el punto de vista de la interrelación de fuerzas territoriales, económicas y sociales, sin que los españoles sean muy conscientes de ello.

P. Hablar de mutación en lugar de reforma implica que se pueden llevar a cabo cambios de magnitud por la puerta de atrás, es decir, sin contar con las mayorías y procedimientos que exige la Constitución.

R. El sistema constitucional español, el llamado régimen del 78, es un sistema rígido de reforma que requiere la aprobación de una ponencia de reforma constitucional, la disolución de las Cortes, el sometimiento a referéndum, la aprobación de nuevas Cortes y la ratificación de esa reforma. Pero tal como está diseñado el sistema constitucional de partidos, es muy difícil que se obtengan las mayorías necesarias para que eso ocurra; aun cuando hubiera una mayoría social que coyunturalmente pudiera estar por una reforma constitucional, se requiere un lapso de tiempo largo. Ahora bien, en España había un procedimiento de recurso previo de inconstitucionalidad para evitar que el legislador sacara normas que si entraran en vigor, lesionaran la Constitución. Eso estaba muy bien pensado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional inicialmente, pero es verdad que por la lentitud de resolución del Tribunal Constitucional coartaba la facultad de desarrollo legislativo. Al suprimirse el recurso previo de inconstitucionalidad, se establece un sistema por el que solamente el recurso del Gobierno de la Nación tenía un efecto suspensivo de las normas que fueran aparentemente inconstitucionales. Ese recurso del Gobierno de inconstitucionalidad se aplicó hasta la saciedad en tiempos del procés, contra las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre y contra los propios actos administrativos de incluir en el orden del día del Pleno del Parlamento cuestiones que estaban fuera del orden constitucional. Pero si el gobierno de la Nación hace abstracción de su facultad de recurrir ante el Tribunal Constitucional iniciativas legislativas de comunidades autónomas que, por ejemplo, postulan la autodeterminación, pueden pasar años hasta que se pronuncie el Constitucional. Y durante esos años se generan estructuras de Estado con funcionarios, presupuestos, organismos… Y puede que el Constitucional, aun creyendo legítima y fundadamente que esas normas son inconstitucionales, no se atreva a revocar esa norma, porque la inconstitucionalidad supone en principio una inconstitucionalidad ex tunc es decir, desde siempre: todo aquello que se haya hecho es nulo.

P. Pero en ese caso los magistrados estarían prevaricando.

R. Si el gobierno catalán hace una ley para ignorar el 25% de horas en castellano, y el Gobierno de la Nación no recurre aun sabiendo que eso contradice la doctrina del Tribunal Constitucional, la norma entra en vigor aunque lo recurra el Partido Popular. Y van a pasar cuatro o cinco años, casi una generación de chavales que no van a poder estudiar en su lengua materna hasta que el Constitucional se pronuncie. Y esto se puede aplicar a otras cuestiones, como el caso de un Poder Judicial propio. ¿Esto es constitucional? Pues como dicen los magistrados que últimamente se prodigan en los medios, habrá que estudiarlo; pero a mi parecer hay cosas que no hay que estudiar tanto. Todo hay que fundamentarlo, porque se trata del derecho a la tutela judicial efectiva, pero a mí me tiembla el pulso cuando escucho que recién tomada posesión, ya se dice que todo está abierto a discusión. Por supuesto, todo está abierto a discusión, pero hay cosas casi elementales. Pero aquí no hay nada improvisado. El nuevo magistrado del Constitucional, Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia, ya habló de momento constituyente. Y el PNV, cuando dio su voto a la investidura de Sánchez en la moción de censura, también habló de momento constituyente.

P. ¿Y cuál es la España que vamos a tener dentro de unos años, cuando se haya consumado esa mutación?

R. No creo que el Constitucional vaya a decir que cabe una ley que declare la autodeterminación o que el Parlamento catalán tenga competencias si no están delegadas por una Ley Orgánica del Congreso para que Cataluña o el País Vasco, o la región que sea, declare su independencia. Pero hay una cosa que es más peligrosa porque es más fácilmente digerible, que yo he llamado la independencia sin dolor. La idea es que los nacionalistas van a ser españoles solo para lo que les convenga. No compartirán la comunidad de distribución, no compartirán la libertad de mérito y capacidad para que vengan los ciudadanos de Murcia, Andalucía o de Galicia a Cataluña, o viceversa. Quieren que se les deje en paz con los impuestos. Se autodistribuirán porque son diferentes, y nadie se atribuye la condición de diferente para decir que es peor, sino que es mejor. También quieren que se les deje con el tema de la educación y con el reparto de cargos públicos y ayudas. Si se les respeta todo eso aceptarán seguir dentro, siempre y cuando haya una moneda única y estén en la Unión Europea. Esa independencia sin dolor es peligrosa, por un lado los aeropuertos los controla España y tenemos un solo ejército, pero los nacionalistas gestionarían la política local. Escucho muchas veces decir «que hagan lo que quieran», pero no hay mayor forma de anticatalanismo que despreocuparse de ese 50% de personas que no es nacionalista.

P. ¿Crees que en España faltan élites comprometidas?

R. No diría que el gran empresariado esté a favor de esa independencia sin dolor, pero le es indiferente. Las grandes empresas del IBEX tienen el mayor porcentaje de su negocio fuera de España -Telefónica tiene el 70% de su negocio fuera de España, el Banco Santander parecido, el BBVA igual-. Esas empresas, mientras haya libre circulación de personas, capitales y mercancías, haya moneda única y circulen sus productos y servicios, y puedan vender sus hipotecas lo mismo en Barcelona que en Madrid, no se van a meter en nada de eso, quieren tranquilidad. Y la tranquilidad es amiga de la paz, pero puede ser enemiga de la justicia. Por eso creo que el proyecto de Ciudadanos, aparte de los errores que pudieran cometer sus dirigentes, no favorecía a la gran empresa ni ellos lo respaldaban, como decía alguna prensa, sino que Ciudadanos era una piedra en el zapato que hubiera provocado problemas en los repartos geográficos de poder que había en el País Vasco, Cataluña y Madrid, que han sido los tres ejes de poder geográfico y económico de España en los últimos 250 años. Entonces, creo que vamos a ir a un proceso de mutación constitucional, no digo que sea ilegítimo, pero va a ser atípico, no solamente porque los nacionalistas quieran, sino porque a muchos españoles les es indiferente, no es un tema que esté en su agenda, y eso se va a producir suavemente.

P. Vuelvo a la pregunta inicial, ¿por qué a ti sí te importo y por qué es tan difícil que a otros españoles les importe?

R. Puedo responder por mí, pero creo que hay muchos españoles a los que también les preocupó el tema de la ruptura del orden constitucional en Cataluña. Nadie se plantea por qué muchos neoyorquinos iban a manifestarse a los estados del sur que eran segregacionistas. Hay una comunidad no solamente de intereses, sino de historias compartidas que hace que nos sintamos más concernidos de las desgracias o bienaventuranzas de un extremeño, un gallego, un catalán o un vasco, que de un sajón o un polaco. Eso no quiere decir que sean de mejor condición, pero uno se siente más concernido. Recuerdo una vez que le preguntaron a Cayetana Álvarez de Toledo en TV3 qué iba a hacer ella por Barcelona, y es que ella no está ahí para representar a Barcelona en el Congreso de los Diputados, está para representar a España. Los diputados no son embajadores de una provincia. Y me he sentido concernido porque había gente en Cataluña que estaba pasándolo mal. Allí hay ciudadanos que comparten conmigo una comunidad de bienes, intereses y derechos, y me parece injusto que esto sea así. Entonces, en lo que yo pueda aportar como ciudadano, lo aportaré.

P. Hemos visto a empresas y personas comprometidas con el proces, ¿por qué no ha habido tantas empresas o personalidades manifestándose en contra?

R. Como he dicho antes, muchas empresas tienen la mayor parte del negocio fuera de España y lo que quieren es tranquilidad. Y si la tranquilidad es porque se impone una independencia sin dolor, les vale. Desde el punto de vista de las personas, no creo que en la Europa continental la política genere prestigio. Quizá sea la única profesión junto con la prostitución, que una vez que uno lo deja, lo halagan. En cambio, en Estados Unidos hay grandes juristas que dejan su profesión o su cátedra para ganar la mitad de la mitad por ser magistrados de la Corte Suprema de un Estado, porque eso da prestigio. Aquí no solamente no da prestigio, sino que te pone bajo la lupa. Y luego hay una falta de conciencia ciudadana total, la sociedad civil española es mortecina. Siempre se dice que la sociedad civil catalana es muy dinámica, pero lo es a base de cheques, todo se mueve a base de una auténtica telaraña de mecenazgos y de pagos, de intereses semipúblicos y privados que afecta a historiadores, a antropólogos, lo que sea. A la sociedad civil en España le falte un ánimo de respuesta tanto de la izquierda como de la derecha. Yo estuve dos noches en el 15M y me pareció muy interesante, lo que pasa es que había pancartas que decían queremos una hipoteca o queremos también ser funcionarios, y me pareció comprensible, pero poco ambicioso revolucionariamente.

P. Desde los tiempos en los que Puigdemont huyó a Bélgica, percibo en tus textos cierto escepticismo respecto a la Unión Europea y el Acuerdo de Schengen. ¿Qué opinas ahora que han pasado más de seis años, y todavía no ha sido posible consumar la euroorden de detención y entrega?

R. Aquí hago otro pronóstico. No quiero entrar en tecnicismos, pero si no me falla la memoria hay una cuestión de inconstitucionalidad comunitaria sobre si puede Bélgica plantearse la competencia del tribunal de origen, el juez natural para enjuiciar a Puigdemont, que fue la razón por la que Bélgica no le entregó. Creo que esa cuestión comunitaria, según el informe del abogado general, que no es vinculante pero es muy determinante, va a ser estimado en favor de España y por tanto se va a acordar la entrega a España. Pero va a ser muy descafeinada porque España ha despenalizado el principal delito. Y, efectivamente, escribí en Crónica Global un artículo donde decía que tendríamos que replantearnos Schengen. En España,  cuando la Audiencia Nacional recibe órdenes de detención y entrega, pero no busca un encaje porque no tiene que haberlo. Basta con que en el país de origen sea delito, porque son delitos que llamamos naturales, y no hace falta que haya un encaje exacto. Y yo planteaba en ese artículo, hace ya por lo menos tres o cuatro años, que tendríamos que plantearnos si nos interesa Schengen porque nunca hemos tenido un problema con Schengen por narcotráfico ni trata de blancas, y resulta que al primero que tenemos sale Bélgica diciendo que duda sobre los derechos fundamentales en España. La orden de detención y entrega es un instrumento en el que partimos de la confianza recíproca de los tribunales de otros países. Si Bélgica, que es un país que ha sido refugio de terroristas de todo tipo de colores, no cree en eso, lo que tendría que hacer es salirse ella. Y si el El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no lo cree, deberíamos nosotros plantearnos si convendría suspender la aplicación del Tratado europeo de detención y entrega. Yo creo que va a ser entregado, pero por una pena menor, y quizá eso le permita ser candidato como Junqueras.

P. Tampoco pareces muy contento con el papel que está jugando la Unión Europea en Ucrania.

R. Evidentemente, hay una guerra de agresión que es ilegal, y creo que Europa tiene que estar con los principios de Derecho Internacional. Otra cosa es que los países europeos y la Unión, que no tiene competencias transferidas para el ejercicio de esa materia, esté en guerra con Rusia. Me permito hacer dos matices, en marzo del año 2021 hay una decisión del Consejo por el que se aprueba un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, por el que la Unión Europea puede financiar operaciones de carácter militar fuera de su ámbito territorial, para la compra de armamento en apoyo de los intereses estratégicos de sus socios o aliados. Y se dota con seis mil quinientos millones de euros para que un tercer país compre armamento suministrado por Europa o por terceros países. Eso supone una partida presupuestaria off-budget, porque en virtud del Tratado de Lisboa queda excluida la ayuda militar en conflictos por parte de la Unión Europea. No hay una competencia transferida para el ejercicio en materia militar. Existió el programa de Atenas, que era en favor de la Unión Africana y de otros organismos de cooperación: cuando había un desequilibrio muy acusado en guerras entre países africanos que podía dar lugar a genocidios o a vulneración de derechos humanos, Europa podía proveer de material militar. Eso se hizo en las guerras genocidas del África subsahariana. Luego se intentó hacer en Mali. Esto es poco conocido, pero España y Francia pidieron que la Unión Europea hiciera algo similar a un fondo europeo de Ayuda a la Paz, pero Alemania, Polonia y los bálticos dijeron, con razón, que no era competencia europea y que se participara de manera individual. En cambio llega la invasión de Ucrania y sí han mandado todo tipo de armamento, sin pasar por el Parlamento Europeo.

P. ¿Cómo resumirías tu objeción?

R. Yo no acabo de ver todo esto sucediendo sin haber pasado por los parlamentos nacionales. Si estamos en guerra, quiero que mi Parlamento se pronuncie y que haya un debate abierto sobre eso. Y probablemente la conclusión sería que yo estaría a favor de que España, ante la agresión injusta de vulneración del derecho internacional y de los derechos humanos, participara en la guerra. Pero no hacerlo así donde es un fait accompli y ya estamos en guerra. Se han aprobado ya dieciocho mil millones de euros solamente para 2023 en Fondos Europeos de Desarrollo Regional para un país que ni siquiera es miembro de la Unión Europea. Entonces, yo estoy en contra de que todo esto se haga a espaldas de la población. Creo que hay una falta de debate donde hay que darse cuenta de que la Unión Europea no está para dar dieciocho mil millones de euros solamente en 2023, cuando la mitad de Europa tiene una inflación disparada. Yo no estoy en contra o a favor, lo que digo es que falta debate.

P. ¿Consideras que hay cinismo en denunciar a Rusia como un país autocrático, donde se vulneran los derechos humanos, mientras se sigue tratando con países no menos ejemplares?

R. Efectivamente, se está en contra de Rusia, porque es un país autócrata, donde no se respetan los derechos humanos, pero sí nos aliamos con Arabia Saudí. Si de lo que se trata es de apoyar a Ucrania frente a Rusia, no porque sea una guerra de agresión, sino porque Rusia es una autocracia, pues entonces tendríamos trabajo acumulado con muchos otros países. Esto no quiere decir que no hay que apoyar realmente a quien es víctima de una guerra de agresión, pero tampoco pensemos que Ucrania es un país que era un dechado de virtudes democráticas.

P. ¿Secundas la tesis de que Gorbachov fue engañado y que la OTAN tiene su parte de responsabilidad en el conflicto?

R. De eso alardeaba el propio Secretario de Estado americano. Dijo que si caía el muro, la OTAN no pasaría del territorio de lo que entonces era la RDA. Y ahí está la zona de influencia de Rusia: las repúblicas bálticas, Polonia, Hungría y Rumanía. Si mañana Costa Rica, Puerto Rico, Cuba y México entran en algo parecido al Pacto de Varsovia no podemos imaginar que los americanos se vayan a quedar tan tranquilos.

P. Terminamos con la pregunta habitual: ¿a quién te gustaría que invitáramos a Vidas cruzadas?

R. Voy a cambiar totalmente de tercio. España es puntera, sorprendentemente, en ballet clásico. El nuevo director del ballet de la Ópera Garnier de París es José Carlos Martínez, que fue director de la Compañía Nacional de Danza. Y otra persona muy destacada en este campo es Tamara Rojo, que ha sido directora del Ballet Nacional de Inglaterra y ahora es directora artística en Los Ángeles. Me parecería interesante que esos valores culturales y artísticos pasaran por aquí.