El procés de Sánchez o cómo avanzar el cambio de régimen

Así como se puede decir que el golpe secesionista de septiembre y octubre de 2017 no triunfó porque a la sazón Cataluña no disponía aún de un Poder Judicial propio, lo único que obstaculiza el golpe de cambio de régimen acometido por Pedro Sánchez es la inexistencia, a día de hoy, de un Poder Judicial adepto a esa mutación constitucional.

Cuando el secesionismo insiste contrafácticamente en anclar el inicio del procés en la sentencia de 2010 que anuló parte del Estatut de 2006, es porque aquella sentencia privó a Cataluña de un Poder Judicial propio, que es lo que en 2017 les hubiera permitido la independencia[contexto id=»381726″]. Es a posteriori, de 2012 a 2017, cuando al intentar aprovechar la crisis social y económica para imponer la secesión, toman conciencia y razón de que fue aquella anulación de 2010 la que les privó de la posibilidad de independencia, por eso focalizan su problema en aquella sentencia. La sentencia del TC de 2010 no hizo nacer un anhelo de independencia, lo que hizo fue impedirla en 2017.

El inspirador de la acción de gobierno de Sánchez no es Iván Redondo sino el secesionismo catalán. Iván Redondo no es más que el muñidor del guion adaptado. Cuando se anhela un cambio de régimen en un sistema que habilita fórmulas legales para conseguirlo pero no se dispone de las mayorías reforzadas exigidas para acometerlo (ese es exactamente el «problema catalán»), no quedan más que dos vías: una, la consecución de un Poder Judicial propio o adepto que ante los actos que implementan la mutación constitucional interprete la legalidad en vigor tan elásticamente que aquellos pasen el control de constitucionalidad; y otra, la construcción propagandística e ideológica de una legitimidad paralela a la de la legalidad en vigor y que se calificaría de «democrática», la de «la gente», frente a la cual se contrapondría la legitimidad del orden constitucional en vigor (que resulta ilegítimo y antidemocrático por razones generacionales, «no lo ha votado la gente», se impuso coactivamente, es herencia de la dictadura, etc.). Esta segunda vía se complementa y acompaña siempre de una violencia de intensidad variable en la calle, en los foros de opinión, una constante presión y coacción dialéctica, un impedimento de la expresión del discrepante en el espacio público.

El secesionismo catalán fracasó en la primera vía, y hoy pone el centro de gravedad de su discurso y acción en la segunda. El sanchismo está ahora en la pugna por conseguir la mutación constitucional por la primera vía, y ha delegado la ejecución de la segunda en su socio de gobierno: la construcción de una legitimidad «democrática» paralela y su imposición con dosis de violencia de intensidad variable en la calle y en el foro es la tarea de UNIDAS PODEMOS.

El secesionismo basa su acción de gobierno en la paulatina extensión de su hegemonía a todos los resortes del poder (domesticación de la empresa que depende del Diario Oficial de la Generalidad, medios de comunicación públicos y privados, administración orgánica e institucional, colegios profesionales, cámaras, redes culturales, deportivas, etc.) de modo que haya un desajuste entre la sociedad civil real y su representación o reflejo en la vida institucional, en el reparto y acopio de cuotas de poder. La Generalidad gobierna contra la mitad de los catalanes, contra la mitad que no apoya la independencia, que no existe para TV3 ni la ve. Paradigmáticamente, antes preferirá una medida de represión del castellano que de promoción del catalán. El sanchismo ya ha colonizado los medios públicos y privados, aprovechando la crisis del COVID tiene rehén a la gran empresa que depende del BOE —sean los ERTE o las contratas públicas—, y ha colocado a toda su grey en el aparato orgánico y empresarial del Estado (especialmente al PSC, al que le debe el cargo de Secretario General del PSOE). El sanchismo ya gobierna contra la mitad de los españoles, la que ha dejado de ver TVE.

En breve, viendo los planes del ejecutivo que los medios gubernamentales difunden respecto del Poder Judicial, presenciaremos en el Congreso escenas parecidas a las del Parlament en sus plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017: un retorcimiento sectario del Reglamento para silenciar a la oposición acompañado de la presentación a debate de normas de palmaria inconstitucionalidad con Batet en el papel de una rediviva Forcadell. La diferencia es que aquellas normas inconstitucionales del Parlament eran neutralizadas por el privilegiado efecto suspensivo del recurso del Gobierno de la Nación ante el Tribunal Constitucional, mientras que aquí es el Gobierno de la Nación el que está por hacer tragar la legalidad inconstitucional que implemente el nuevo régimen.