De la infanta a la Pantoja: los precedentes que acercan a la mujer de Zapatero a la imputación
Otras esposas de acusados por corrupción fueron investigadas por haber disfrutado de las comisiones ilícitas
Jose Luis Rodríguez Zapatero y Sonsoles Espinosa. | Ilustración de Alejandra Svriz
El horizonte judicial de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, está cerca de complicarse. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha localizado una cuenta corriente conjunta del matrimonio Rodríguez-Espinosa que fue el destino final de 1,5 millones de euros procedentes de empresas vinculadas a la presunta trama. La mujer de Zapatero, al beneficiarse de ese dinero, podría ser imputada por su responsabilidad civil como «partícipe a título lucrativo». Una figura prevista en el Código Penal que ya provocó la imputación de otras esposas de acusados por corrupción, como la infanta Cristina en el caso Nóos o la exministra Ana Mato en el caso Gürtel. Pero hay más ejemplos.
A diferencia de sus hijas Laura y Alba, cuya empresa participó directamente del engranaje de sociedades pantalla que canalizaron fondos de la trama, la investigación no ha hallado por el momento ninguna actividad de Sonsoles Espinosa relacionada con la trama. Pero eso podría no ser suficiente para evadir la acción de la justicia. El artículo 122 del Código Penal castiga a quienes, incluso no conociendo el origen ilícito del dinero, se hayan beneficiado patrimonialmente de este. Desde adquisiciones inmobiliarias —como las cuatro de los Zapatero desde 2019— hasta viajes o compras.
Fuentes jurídicas involucradas en el caso Plus Ultra aseguran a TO que las probabilidades de que Sonsoles Espinosa termine imputada como partícipe a título lucrativo son muy elevadas, en vista de lo que revela el auto. Al tratarse de una cuenta de uso común por parte del matrimonio, es muy posible que pueda probarse un uso y disfrute de los fondos allí ingresados.
Otras fuentes apuntan a que ni siquiera haría falta el disfrute para considerar el lucro derivado de las actividades presuntamente ilícitas, ya que con el solo ingreso de esas cantidades hasta alcanzar 1,5 millones sin hacer preguntas sobre su origen, se estaría siendo partícipe de ellas. Lo que se denomina «ignorancia deliberada». Y hay precedentes de imputaciones.
El Jaguar de Ana Mato
Por ejemplo, el de la exministra de Sanidad del PP Ana Mato. En noviembre de 2014, la Audiencia Nacional imputó a Mato por su responsabilidad civil como «partícipe a título lucrativo» al entender que se habría «beneficiado de las presuntas comisiones obtenidas por su exmarido», Jesús Sepúlveda, involucrado en la trama Gürtel. Dimitió de forma inmediata.
Durante el juicio se demostró que el entramado de Francisco Correa abonó viajes, artículos de lujo, fiestas con payasos y hasta los gastos de la comunión de uno de sus hijos. También una berlina de lujo de la marca Jaguar por valor superior a los 50.000 euros, que el matrimonio habría adquirido en base a esas comisiones. Sepúlveda admitió que se lo había pagado Correa.
La Infanta y Pantoja
Otro ejemplo similar es el de la infanta Cristina en el caso Nóos, que fue procesada como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de las actividades irregulares de su marido, Iñaki Urdangarin, en referencia a contratos públicos inflados con Baleares y Comunidad Valenciana. Aunque fue absuelta penalmente, la Audiencia de Palma la condenó civilmente a devolver más de 265.000 euros por el beneficio obtenido. Este caso popularizó la figura del «partícipe a título lucrativo» para cónyuges.
En el caso de Isabel Pantoja, en un primer momento se le acusó de haber sido partícipe a título lucrativo de las actividades ilegales de su pareja, el entonces alcalde de Marbella Julián Muñoz. Sin embargo, durante la investigación se pudo probar su participación en los delitos de blanqueo de capitales y finalmente fue condenada a tres años de prisión, así como a una multa superior al millón de euros.
Quizá el caso más grave sea el de Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas, extesorero del PP, y condenada a 15 años de prisión —reducidos en revisiones posteriores— por blanqueo de capitales y otros delitos. En su caso, gestionó y disfrutó de fondos opacos que su marido ocultaba. Aquí la implicación fue más activa que en los casos anteriores, pero el patrón es similar: enriquecimiento familiar vinculado a corrupción política.
Una cuenta bajo sospecha
Fuentes de la investigación apuntan a THE OBJECTIVE que la mención en el auto a «María Sonsoles Espinosa Díaz» indica que la esposa de Zapatero podría enfrentarse a un horizonte judicial casi tan oscuro como el de su marido. El auto del juez recoge que «constan abonos» por valor de algo más de 1,5 millones en una cuenta de la que ambos son cotitulares, en el Banco Santander, y con la que el matrimonio —en gananciales— opera desde hace décadas. De hecho, su numeración corresponde al sistema español en desuso CCC —Código Cuenta Cliente—, y no al actual IBAN.
El matrimonio tiene créditos hipotecarios con la entidad, según ha podido confirmar este diario en las notas simples de las propiedades inmobiliarias que han adquirido en los últimos años, como el chalet en la exclusiva zona madrileña de Puerta de Hierro, cuya compra formalizaron en 2024 por 700.000 euros. Allí, la familia Zapatero planea —o planeaba— construir un chalé de diseño en una de las zonas más caras de la capital. No fue la única compra inmobiliaria: en total, dos chalés y dos pisos, en áreas privilegiadas, que suman dos millones de euros. Lo mismo que la UDEF le atribuye a Zapatero haber cobrado de la trama.