PSOE y Podemos dejan en el limbo 25 decretos que prometieron modificar en el Congreso
Todos esos decretos fueron convalidados por el Pleno, pero la oposición y los aliados del Gobierno reclamaron que se tramitasen como proyectos de ley
La mayoría de estas leyes pendientes, un total de 16, han quedado varadas en la Mesa del Congreso, un órgano donde socialistas y 'morados' tienen mayoría. | Europa Press
El Congreso de los Diputados acumula ya 25 leyes que en su día aceptó tramitar por el procedimiento de urgencia, casi todas iniciativas legislativas derivadas de decretos leyes del Gobierno, algunas de las cuales datan del año 2020 y siguen en esta situación cuando queda menos de un año para que finalice la legislatura.
El PP sospecha que PSOE y Podemos están dilatando las prórrogas parlamentarias con el fin de que termine la legislatura y ya no se puedan modificar los textos, sobre todos los decretos leyes. Fuentes populares recuerdan que todos los decretos están vigentes desde que la Cámara baja avaló la decisión del Ejecutivo y que, por tanto, una vez que Pedro Sánchez disuelva el Parlamento, se convertirán en ley de forma automática.
Los decretos fueron convalidados por el Pleno, pero la oposición y los aliados del Gobierno reclamaron que se tramitasen como proyectos de ley para poder introducir mejoras. Es decir, el PSOE y Unidas Podemos aceptaron que se diera voz a los grupos pero sólo formalmente porque desde entonces ‘duermen el sueño de los justos‘.
La mayoría de estas leyes pendientes, un total de 16, han quedado varadas en la Mesa del Congreso, un órgano donde socialistas y ‘morados’ tienen mayoría y que ha ido ampliando constantemente el plazo para la presentación de enmiendas. Algunas de ellas acumulan 94 y 77 prorrogas semanales.
Las otras ocho sí superaron esa fase y las distintas formaciones llegaron a registrar sus propuestas de modificación, pero jamás pasaron a discutirse en ponencia, según los datos del Congreso recopilados por Europa Press. El grueso de estos decretos leyes reconvertidos en proyectos de ley contienen medidas urgentes de apoyo a distintos sectores puestos en marcha con motivo de la pandemia, incluido el llamado ‘escudo social’ y sus prórrogas.
El más longevo, 25 meses
El más longevo lleva ya 25 meses ‘hibernando’. Se trata de una norma con medidas para hacer frente al impacto del Covid en el sector del transporte y la vivienda, con 94 prórrogas. A punto de cumplir dos años ‘congelados’ hay otros cuatro textos: los destinados a apoyar al turismo y el comercio, a paliar situaciones de vulnerabilidad en el ámbito de vivienda y transporte, a modernizar la Administración Pública con los fondos europeos, y a activar instrumentos de adaptación al Brexit. Y también data de 2021 otra ley para reducir la brecha de género, todo con más de 70 prórrogas semanales.
En febrero cumplirán un año de parón otras cinco leyes ‘urgentes’ procedentes de decretos como la destinada a reformar el impuesto de pluvalías, la que busca fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de renovables y otra que afecta a reestructuración bancaria y la gestión de activos.
Desde abril de 2022 hay pendientes otros seis textos que el Congreso aceptó tramitar como proyectos de ley pero que no han logrado superar esta fase en la Mesa, entre ellos uno de ayudas al campo por la sequía.
Enmiendas presentadas
Y luego están las ocho normas derivadas de decretos leyes a los que sí se llegaron a presentar enmiendas pero después no se han discutido. De este paquete, el que más tiempo lleva esperando es el que busca incorporar al ordenamiento nacional directivas europeas sobre contratación pública, seguros privados y planes de pensiones. El Pleno aceptó tramitarlo en marzo de 2020, las enmiendas se registraron un mes después pero no se ha hecho nada más.
Hay otros tres textos de 2020 con enmiendas registradas ese mismo año en la misma situación, todos en materia de empleo, y un cuarto aprobado al que se registraron aportaciones en mayo de 2021. De ese mismo año datan otras dos leyes ‘urgentes’ caídas en el olvido, una de ellas también para la adaptación a la legislación europea en distintos ámbitos, ambas con enmiendas en disposición de debatirse desde hace meses.
El último proyecto nacido de un decreto que ya tiene enmiendas es del pasado agosto, los grupos hicieron sus sugerencias en octubre, pero ahí se han quedado. Además otros seis proyectos de ley así registrados por el propio Gobierno -es decir sin origen en decretos leyes previos- han superado la fase de presentación de enmiendas, pero no han avanzado más. El más antiguo -sobre impuestos especiales, IVA y tasas consulares– llegó al Congreso en octubre de 2021, hubo enmiendas un mes después, pero no se ha vuelto a hacer nada con él.
El más conocido de este grupo es la Ley de Vivienda, que arribó a la Cámara hace si un año, tiene las enmiendas desde marzo de 2022, pero no ha avanzado por la falta de acuerdo entre los grupos que integran el Gobierno de coalición. Eso sí, el Ejecutivo ha pedido habilitar este mes de enero para convocar la ponencia.
Hasta una reforma de la Constitución
Por su parte, la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término ‘disminuidos’ por el de ‘personas con discapacidad’ se registró en mayo de 2021, las presentación de enmiendas se demoró hasta el pasado mes de diciembre y está por ver si llegan a discutirse en ponencia.
Asimismo, el Congreso tiene otros tres proyectos de ley con las enmiendas preparadas desde noviembre pero aún sin debatir y que versan sobre desperdicios alimentarios, servicios de atención al cliente y eficiencia procesal del servicio público de Justicia.
Y ni siquiera se han presentado enmiendas a otros seis proyectos del Gobierno. En este paquete se incluyen dos leyes presentadas en el anterior periodo de sesiones: la de Seguridad Nacional, que está en la Cámara desde marzo y la reforma del Código Penal para adaptarlo a las leyes antifraude europeas.
Y también otras dos normas que recalaron en la Cámara justo después de verano: la que afecta al Sistema Nacional de Salud, la de eficiencia digital del servicio público de Justicia. Asimismo hay otras dos datan de diciembre pendientes de fijar plazo de enmiendas: por una se crea una autoridad independiente de defensa del cliente financiero y la otra versa sobre otra sobre daños nucleares y traspone directivas comunitarias de varios asuntos. Para más inri esta última se tramitó por petición gubernamental con carácter de urgencia.
Por otra parte, hay nueve proposiciones de ley a las que se han registrado enmiendas pero que, de momento, tampoco han visto la luz. Las más antiguas, heredadas incluso de legislaturas anteriores, provienen respectivamente del Parlamento gallego y el riojano; otras dos fueron impulsadas por el Senado, y las otras cinco llevan la firma de grupos parlamentaros, incluidos los que integran el Gobierno.
Así, hay dos leyes del PSOE: una para reformar la ley de Estabilidad Presupuestaria, que data de enero de 2020, y una reforma del Código Penal para prohibir el proxenetismo tramitada en mayo, que tiene las enmiendas registradas desde el pasado mes de octubre. A ellas se suma la propuesta de Unidas Podemos para coordinar los servicios de extinción de incendios y cuyas enmiendas ya han cumplido un año ‘dormidas’ y otra del PDeCAT para reforma la Ley de Mecenazgo.
También figura en esta lista la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o ‘ley mordaza’ para sus críticos, que, en su caso, sí se está discutiendo estos días en ponencia, con previsión de aprobarla en las próximas semanas.
Siete años esperando
El número de iniciativas impulsadas por los grupos parlamentarios que siguen sufriendo continúas ampliaciones de plazos para las enmiendas asciende a 14 (dos de las cuales buscan reformar el Reglamento del Congreso). En la misma tesitura están nueve provenientes del Senado y cinco de comunidades autónomas.
Este listado de iniciativas encalladas porque no se cierra el plazo para presentar enmiendas se completa con sendas Iniciativas Legislativas Populares (ILP) que llegaron a la Cámara en 2016 tras el esfuerzo de sus promotores para recabar medio millón de firmas, como exige la ley. Una busca modificar los ratios de enfermeras para garantizar un buen servicio en los centros de salud, y la otra acabar con el copago en los servicios de dependencia.
