Acuamed renueva su código ético y el programa antifraude para evitar casos de corrupción
Las sociedad estatal encarga a Ecija Legal un canal de denuncias que se gestionará de forma externa y la elaboración de nuevas normas contra delitos
Acuamed ha impulsado un cambio de su código ético para evitar hechos como los registros de su sede en 2016. | Europa Press
Los actuales responsables de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), encabezados por su presidente ejecutivo desde 2017, Francisco Baratech, han tratado de impulsar un giro radical en la entidad pública para dar toda la transparencia posible a su labor y perseguir todo tipo delito que pudiera derivarse de sus actuaciones.
Con 42 personas a punto de sentarse en el banquillo por el ‘caso Acuamed’, la mayoría directivos de la sociedad que ejercieron sus cargos antes de 2016 y que podrían ver rebajadas sus penas gracias a la modificación del delito de malversación, el equipo actual busca un cambio de imagen en el que prima la exposición de sus datos y contratos, detectar cualquier señal de corrupción en una entidad que mueve millones en adjudicaciones e impulsar las denuncias internas para evitar volver a un pasado en el que la sombra de la corrupción estuvo presente.
Tras acusaciones como falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y malversación a directivos que ejercieron cargos en la empresa hace más de siete años, una de las últimas actuaciones del staff de Baratech es encargar al despacho Ecija Legal el asesoramiento, consultoría y apoyo al Órgano de Prevención de Riesgos Penales (OPRP) de Acuamed a través de un contrato formalizado el pasado 19 de diciembre.
Acuamed actualizará su normativa
Entre otras cosas, el encargo, valorado en casi 120.000 euros incluidos impuestos y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, busca respaldo legal, de consultoría y en materia de compliance de forma permanente para el OPRP, un departamento creado en 2017, en el que participan cuatro responsables de área, que deben compatibilizar sus responsabilidades de directivos con la misión encomendada a este órgano de vigilancia.
Además, el despacho, con sede en Madrid, que cuenta con 60 socios y más de 350 profesionales y con delegaciones en 11 países, también tendrá que acometer la gestión total de un canal de denuncias a través de una herramienta informática externa, para conseguir la máxima confidencialidad, y la redacción, revisión y en su caso, actualización de la normativa interna de Acuamed relacionada con el compliance –mapa de riesgos, código ético y de conducta y plan antifraude-. Además, deberá formar al personal de la entidad en esa materia.
El contrato, vigente dos años y prorrogable a uno más y al que también optaba Broseta Compliance, se justifica en las necesidades derivadas la reforma del Código Penal en junio de 2010, a través de la Ley Orgánica 5/2010, que introdujo por primera vez en el ordenamiento jurídico español la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Destaca en su pliego técnico que «la nueva reforma de nuestro sistema jurídico, y en especial de la legislación penal, pone el acento en la necesidad de establecer modelos y programas en las empresas de ética y cumplimiento, poniendo el foco en aquellos elementos que hacen efectivo estos modelos de cumplimiento». Además, apunta a la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del
Estado, que llevaba a cabo un profundo análisis sobre el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica y los modelos de cumplimiento penal.
Toda esta normativa llevo a Acuamed en diciembre de diciembre del 2016 -cuando ya se habían destapado todas las irregularidades de antiguos directivos- a formalizar un modelo de Prevención de Riesgos Penales para detectar delitos relacionados con la entidad y reducir los riesgos a través de la implantación de un Código de Conducta Ética corporativo que un socio, un abogado senior y un administrativo de Ecija deberán poner bajo lupa. Mientras, el canal de denuncias que ahora gestionará Écija de forma externa, para evitar filtraciones, estaba coordinado por el OPRP y su puesta en marcha está justificada por la Directiva europea whistleblowing de 2019 y su transposición en España.
