Un centenar de funcionarios y cargos están en prisión por delitos similares a los de Griñán

Hace poco más de cinco meses, el Tribunal Supremo confirmaba la mayoría de las condenas por los ERE irregulares en Andalucía y ratificaba las penas impuestas por diferentes delitos de corrupción a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Este último fue condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por malversación de dinero público y prevaricación.

Ayer martes, ya se encontraban en prisión seis de los ocho ex altos cargos de la Junta andaluza sentenciados por malversación en la pieza política del caso de los ERE falsos, mientras que Griñán y el exviceconsejero de Empleo andaluz Agustín Barberá seguían pendientes de informes médicos que podrían evitar de forma definitiva su entrada en prisión por enfermedades que no se pueden tratar dentro del recinto penitenciario.

Pese al interés mediático que supone la entrada en la cárcel de estos altos cargos y los delitos que cometieron, no es desde luego infrecuente que empleados públicos de menos peso acaben cumpliendo condenas precisamente por malversación y prevaricación, sin que ninguno haya logrado en los últimos años este excepcional perdón.

Población reclusa por delitos similares a Griñán

Así, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los que ha tenido acceso a THE OBJECTIVE, 106 funcionarios y cargos públicos condenados por delitos contra la Administración Pública y de Justicia permanecían en las cárceles españolas por delitos de corrupción en el mes de octubre de 2022.

Al detalle, las imputaciones más frecuentes de estos empleados públicos eran las de malversación y cohecho. Un total de 89 estaban en cárceles del ámbito de la Administración General de Estado y del País Vasco, 20 de ellos en prisión preventiva, y 17 se encontraban en recintos penitenciarios dependientes de la Generalitat de Cataluña.

En el caso de la AGE, hasta 23 tienen como delito principal el de cohecho; 38, el de malversación; y 11 fueron condenados por infracciones relativas a la ordenación del territorio y relacionados con urbanismo. Mientras tanto, el registro de las cárceles catalanas muestra que la población reclusa que ha tenido responsabilidades en la Administración está presa sobre todo por delitos de malversación (11) y tráfico de influencias (tres). 

Por su parte, la estadística proporcionada por la Subsecretaria de Justicia muestra que solo una empleada pública, concretamente una enfermera navarra, logró ser indultada tras cometer un delito continuado de descubrimiento de secretos y tener impuesta una condena a tres años y nueve meses de cárcel. 

La enfermera estaba contratada como personal laboral por el Servicio Navarro de Salud y según reconocía el fallo era "consciente del compromiso de confidencialidad que había contraído y se aprovechó de su profesión y accedió en once ocasiones (entre 2007 y 2011) al historial médico de su expareja, de su excuñado, de la pareja de su exmarido y de un hijo de esta".

Por otro lado, a partir de otra estadística relacionada con los indultos a la que ha tenido acceso este medio, queda patente que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se ha mostrado especialmente reacio a la hora de aplicar este procedimiento de amnistía, excepto en el caso de los imputados por el procés, que fueron perdonados en 2021. El indulto a los exresponsables andaluces por parte de Sánchez hubiera resultado extraordinario, ya que de más de 13.300 solicitudes durante su mandato, apenas 128 tuvieron como resultado la concesión del indulto.

Evolución de indultos desde 2007

Tras conocerse el veredicto del Alto Tribunal, numerosos dirigentes socialistas, entre ellos Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Susana Díaz, pidieron en público el indulto para el que fuese presidente andaluz entre 2009 y 2013, una medida de gracia que otorga el Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa aprobación del Consejo de Ministros.  

El indulto a Griñán hubiera significado eximirle de su responsabilidad penal y no hubiera sido ni mucho menos el primer dirigente político que lo conseguiría, teniendo en cuenta que durante el primer Gobierno de José María Aznar se 'abusó' de una iniciativa que debería ser excepcional.

Los datos facilitados a THE OBJECTIVE por el Ministerio de Justicia a través del Portal de Transparencia muestran que las solicitudes de indulto son mucho más frecuentes de lo que se podría pensar -en 2022 fueron 1.813- y que las concesiones de esta medida de perdón son prácticamente testimoniales en los últimos tiempos: solo 16 hasta el 30 de junio de 2022, nueve de ellas en Semana Santa y solo una a una responsable pública. 

Desde 2007, fecha en la que se agrupan los delitos por categorías, se han producido 78.778 peticiones y 'solo' 3.089 de ellas tuvieron respuesta positiva, cuatro de cada cien. El mayor número se produjo en 2007 -con Rodríguez Zapatero- y 2012 -con Mariano Rajoy-, pero fuera de la estadística facilitada y a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) se constata que en 2000, con José María Aznar como presidente, se concedieron 1.300 indultos. Hasta la fecha, los indultos relacionados con la corrupción pública rondan los 250. 

Desde el año 2013, se ha producido un desplome de los indultos, que en dos ejercicios superaron los 500 -2007 y 2012- y las 6.000 peticiones -2010, 2012, 2013 y 2014-, según los datos que facilita el Ministerio de Justicia. Sin embargo, a partir de 2019, con Pedro Sánchez en La Moncloa, se produce un repunte, aunque en ningún caso similar al de años anteriores. El menor número, precisamente, se dio en el último año de Mariano Rajoy, 2018, con apenas 17, a partir de casi 4.400 peticiones.  

🔴 Felipe González y Zapatero firmarán la petición de indulto parcial a Griñán por el 'caso ERE' https://t.co/pOpg4HQYTW

— THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) August 17, 2022

En los últimos siete ejercicios el mayor número de 'perdones' por parte del Gobierno se dio en 2021 coincidiendo con los indultos parciales y condicionados a los presos del procés, con el objetivo, según el Ejecutivo de Sánchez, de "abrir un nuevo tiempo de diálogo". El argumento que justificaba una polémica decisión es que se hacía por utilidad pública.

En 2021 también se dio el visto bueno al indulto parcial a Juana Rivas, la madre que en 2017 se fugó con sus dos hijos, fue condenada a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores y que con la decisión de Sánchez eludió la cárcel y recuperó la patria potestad de sus hijos.