La Fiscalía avala la 'operación Rovira': alfombra roja para el regreso de la 'número dos' de ERC
Una excepción del Ministerio Público da un espaldarazo a las negociaciones entre el Gobierno y ERC para que Marta Rovira vuelva a España sin pisar la cárcel
La secretaria general de ERC, Marta Rovira. | Europa Press
Lo adelantó THE OBJECTIVE el pasado 14 de julio. El Gobierno de Pedro Sánchez y ERC negociaban una suerte de segundo indulto para que Marta Rovira pudiese regresar a España. Y lo hacían con la intermediación de un abogado próximo a Bildu. Seis meses después, la secretaria general del partido de Oriol Junqueras es la mayor beneficiada de la derogación del delito de sedición del Código Penal impulsada por PSOE y Podemos. Esa operación encubierta para que la número dos de ERC vuelva a España con una alfombra roja a sus pies, tras cuatro años de presunto «exilio» en Suiza, ha recibido también un espaldarazo por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
En un aparente doble rasero, el Ministerio Público pide que se aplique el nuevo delito de desórdenes públicos agravados a tres de los cuatro líderes huidos del procés que estaban procesados por sedición. La excepción es Marta Rovira, a quien la Fiscalía del Alto Tribunal pide procesar en España solo por un delito de desobediencia, penado con multa e inhabilitación, pero no con cárcel. Así consta en el recurso interpuesto este martes por el Ministerio Público contra el nuevo auto de procesamiento del juez Pablo Llarena.
La Fiscalía del Tribunal Supremo pide al instructor del procés que incluya el delito de desórdenes públicos agravados solo para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los exconsejeros huidos Antonio Comín y Clara Ponsatí. Todos ellos son eurodiputados de Junts, partido político que no apoyó en el Congreso de los Diputados la reforma del Código Penal propuesta por el Gobierno. Una iniciativa que sí contó con el respaldo de ERC, formación en la que Marta Rovira se mantiene como secretaria general pese a vivir en Suiza desde 2018.
El ‘indulto’ a Rovira
A diferencia de Puigdemont, Comín y Ponsatí, en el caso de la número dos de Oriol Junqueras la Fiscalía coincide con el criterio de Llarena y avala que Rovira sea procesada tan solo por un delito de desobediencia. El Ministerio Público no argumenta en su escrito las razones por las que hace esta distinción, a pesar de que en el recurso defiende la aplicación del nuevo delito de desórdenes públicos agravados para los tres eurodiputados de Junts. En contra del criterio del juez, la Fiscalía del Supremo considera que «la desaparición de los tipos penales de sedición no equivale a una despenalización de todos los hechos subsumibles en ellos».
«Resulta evidente que los hechos consistentes en graves alteraciones del orden público que la sentencia declara probados no se han despenalizado, de manera que, si desaparece el delito de sedición, su encaje normativo apropiado son los desórdenes públicos», indica el Ministerio Público en su recurso al auto dictado por el juez Llarena el pasado jueves, tras la entrada en vigor de la reforma del Gobierno que deroga la sedición. Un argumento que defiende en referencia a los casos de Puigdemont, Ponsatí y Comín, pero no para la secretaria general de ERC.
La posición de la Fiscalía cierra el círculo de la operación Rovira pactada entre ERC y el Gobierno. Una negociación que este diario adelantó en julio y que se ha ido concretando con el transcurrir de los acontecimientos. Las conversaciones para el regreso de Rovira, sin que tenga que enfrentarse a penas de cárcel, implicaban también un cambio en la situación procesal de los condenados e indultados por el procés. Esto se ha acabado traduciendo en la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación impulsada por PSOE y Podemos.
Solo desobediencia
De todos los líderes huidos del procés, la Fiscalía del Tribunal Supremo solo coincide con Llarena en que Rovira y el exconsejero Lluís Puig no deben ser procesados por desórdenes públicos agravados. Pero los casos de ambos no son análogos. A diferencia de la secretaria general de ERC, Puig no estaba acusado por sedición antes de la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno. De la misma manera que a Rovira nunca se le ha atribuido un delito de malversación, del que tampoco tendrá que responder cuando regrese a España.
En este sentido, tanto la Fiscalía como Llarena concluyen que la malversación agravada es aplicable a Puigdemont, Comín y Puig, pero no a Rovira y Ponsatí. Esta última tampoco había sido procesada inicialmente por malversación. Pero en su caso, si regresa a España, según las tesis del Ministerio Público, Ponsatí sí debería enfrentarse a penas de prisión por el delito de desórdenes públicos agravados.
Si el juez atiende al razonamiento de la Fiscalía y suma a Puigdemont el delito de desórdenes públicos agravados a los de desobediencia y malversación, el expresidente catalán se enfrentaría entonces a una pena de hasta 17 años de cárcel. La secretaria general de ERC, por el contrario, volverá sin enfrentarse a penas de prisión gracias a la derogación de la sedición. Al no ser miembro del Govern, el Tribunal Supremo consideró que la dirigente de ERC no tenía capacidad de decisión sobre el uso de fondos públicos. Por esa razón, solo le imputó un delito de sedición por fomentar la ruptura de Cataluña con España de forma ilícita.
El ‘exilio’ de Rovira
La secretaria general de ERC se fugó hace cuatro años a Suiza, donde continúa residiendo a pesar de que no hay ninguna orden europea ni internacional de captura activa en su contra desde julio de 2018, según han confirmado a este diario fuentes del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal procesó a Rovira en marzo de aquel año por delitos de rebelión y sedición como consecuencia de su participación en el plan rupturista y el referéndum independentista del 1-O.
Tras quedar en libertad condicional, previo pago de una fianza de 60.000 euros, el 23 de marzo de aquel año, Rovira no acudió a su cita con el Supremo y se marchó a Suiza. Unos meses después, el 18 de julio, el juez dejó sin efecto las órdenes internacionales de detención contra Rovira y otros líderes del procés tras plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
