Urkullu adeuda 90.000 euros a los funcionarios de prisiones llegados de otras comunidades
Setenta trabajadores penitenciarios denuncian que el Departamento de Justicia vasco no les ha pagado de forma completa las pagas extras de 2022
El lehendakari, Iñigo Urkullu. | EP
El Departamento de Justicia del Gobierno vasco, de quien depende la administración penitenciaria desde que el Ejecutivo central le transfiriese dicha competencia en 2021, adeuda en torno a 90.000 euros en distintas pagas a los funcionarios de prisiones que se incorporaron a este servicio a través del último concurso general de traslados el pasado 24 de febrero. Es la denuncia que estos 70 trabajadores han trasladado, a través de su abogada, Raquel Navarro, a la responsable de la gestión de personal en las prisiones vascas, Nerea Calvo, después de casi un año trabajando como personal en las mismas.
En el escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la letrada da cuenta de las reclamaciones que los funcionarios llegados de otras comunidades autónomas han realizado en los últimos meses ante el Gobierno autonómico por la situación de discriminación que sufren frente al resto de trabajadores del sistema penitenciario vasco. Según adelantó este periódico, los damnificados tienen menos vacaciones, libranzas y sueldos hasta 400 euros más bajos, «pese a realizar las mismas funciones y turnos que sus compañeros».
En mayo de 2022, de hecho, este grupo de trabajadores interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco contra la Dirección de Justicia por vulnerar sus derechos fundamentales en el desempeño de su empleo. Un litigio pendiente de resolución, pero en el que, según explica en el escrito la abogada, el letrado del servicio jurídico del Gobierno vasco ya admitió «que existían diferencias en la estructura retributiva», aunque «se estaban subsanando con otro tipo de complementos» con el objetivo de igualar las nóminas de todos los trabajadores.
800 euros por trabajador
Sin embargo, ese error en las cantidades abonadas se ha mantenido en el tiempo, denuncian los trabajadores. La prueba está en que en las pagas extras percibidas en los meses de junio y diciembre, a los funcionarios «se les volvió a suprimir sin ningún motivo el complemento específico». «Una supresión injustificada que sigue sin respetar los derechos fundamentales de los trabajadores penitenciarios; la igualdad no se ve por ningún sitio, se vulnera de forma reiterada tanto en la remuneración como en un sinfín de aspectos», denuncia la letrada.
La perdida salarial es de entre 800 y 1.000 euros anuales por trabajador, respecto a los pluses en las nóminas, según explican las fuentes consultadas por este diario. Si se tiene en cuenta, además, el complemento transitorio (30 euros al mes) que tampoco perciben estos funcionarios de prisiones, el perjuicio económico aumenta en 360 euros. De este modo, el Gobierno vasco acumula una deuda de entre 81.200 y 95.000 euros con los empleados que llegaron en febrero de 2021. La cifra no puede ser exacta, explican las mismas fuentes, porque depende de la antigüedad de cada perjudicado.
Los funcionarios exigen al Ejecutivo de Urkullu que les abone los complementos salariales en ambas pagas antes de que finalice esta semana. De lo contrario, señalan en el documento, tomarán de nuevo medidas judiciales contra el Gobierno autonómico.
16 días menos de libranza
Atraídos por la mejora en las condiciones laborales y salariales, estos empleados se postularon para trabajar en las prisiones del País Vasco. Sin embargo, una vez allí, la realidad que se encontraron fue completamente distinta. «Cobramos 400 euros menos que nuestros compañeros pese a que realizamos las mismas funciones y tenemos los mismos turnos. No nos pagan el complemento específico que estaba en el concurso de puestos, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)», critican.
«Tenemos 16 días menos de libranza, no nos dejan vivir en los pabellones mientras el resto de funcionarios sí puede; y nos obligaban a vivir en Euskadi si queríamos disfrutar del mes de incorporación por traslado», denunciaron estos trabajadores, en conversación con THE OBJECTIVE. A su juicio, el Gobierno vasco «planteó las bases del concurso sin informar a los funcionarios de que al transferir las competencias a esta comunidad autónoma los derechos de los trabajadores se verían vulnerados». «Nos dejaron vendidos porque solo querían asegurarse de cubrir el gran número de plazas vacantes que había en las prisiones».
