1000 euros cada 20 días: la multa que hace que en un pueblo extremeño nadie quiera gobernar
Una multa obliga a pagar una multa de 40.000 euros, al no tener dinero el consistorio, la justicia impone que sea el alcalde el que se haga cargo de la sanción
Entrada de Alburquerque. | Europa Press
El Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz) afronta este jueves un pleno extraordinario para elegir al que sería su tercer alcalde en esta legislatura y para el que, a 24 horas de celebrarse, no hay candidato, pues el que salga elegido se enfrenta a una sentencia que le obliga a pagar una multa de 1.000 euros cada 20 días.
«Nadie querrá ser alcalde», auguraba este martes el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, cuya entidad, ante «la situación caótica del consistorio -dijo- como consecuencia de una gestión desastrosa e irresponsable» a lo largo de muchos años, ha propuesto poner el dinero, unos 40.000 euros, para solventar el problema del contencioso judicial.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en el marco de un contencioso iniciado por una vecina y que se prolonga desde hace más de 15 años, obliga al Ayuntamiento a reparar un inmueble cuyo coste es de 40.000 euros.
Como el consistorio no tiene efectivo, el TSJEx dictaminó que la persona que ostenta el cargo de alcalde debe pagar una multa de 1.000 euros cada 20 días. Esta carga fue el desencadenante para que el hasta hace poco alcalde del municipio, Manuel Gutiérrez (Independientes Por Alburquerque), anunciara su dimisión.
Cuando Gutiérrez llegó a la Alcaldía en mayo del pasado año, se encontró con una fotografía económica de una deuda de unos 15 millones de euros, el triple del presupuesto de un solo ejercicio, pues su remanente negativo era de casi dos millones de euros, alrededor de seis millones de euros de deuda financiera y algo más de 4,5 millones de euros en impagos a la Seguridad Social, además de un historial de impagos a los trabajadores.
Como muestra de la situación, durante ocho meses de 2022 no hubo Policía Local en el municipio, de algo más de 5.300 habitantes, ante la imposibilidad del consistorio de atender las condiciones laborales de los agentes.
Bien es cierto que el alcalde, que no cobraba sueldo alguno, inició acuerdos de pagos con Hacienda y la Seguridad Social, y se retomaron algunos pagos a proveedores y trabajadores, pero la sentencia de la vivienda colmó el vaso. «No puedo perjudicar mi patrimonio personal ni el de mi familia», afirmó Gutiérrez en su dimisión.
La vara de mando pasó en funciones el pasado 27 de enero al socialista Juan Carlos Prieto (PSOE), quien, días después de asumir el cargo, recibió el ofrecimiento de la Diputación de Badajoz para asumir el coste de los 40.000 euros de la sentencia.
«¿Por qué ha habido que esperar a que un edil socialista llegara a la Alcaldía para que la Diputación tendiera la mano?» se preguntan desde el PP. También en las filas del PSOE ha habido movimiento, pues uno de los tres ediles, Jesús Martín Chaves, ha anunciado esta semana que abandonaba el partido.
En el caso de que nadie se postule como candidato en el pleno extraordinario de este jueves, una comisión gestora tutelada por la Diputación de Badajoz podría hacerse cargo de la gestión del Ayuntamiento hasta las elecciones del 28 de mayo.
Si finalmente alguien da el paso, sería el tercer alcalde de esta legislatura, que se inició con la socialista Marisa Murillo. Las críticas a su gestión, muy especialmente por la deuda, obligaron al propio PSOE a expulsarla. Ella y el resto de ediles del Gobierno local, a excepción de Prieto, pasaron a ser no adscritos y otros se fueron. En mayo de 2022, los ediles de IPAL y del PSOE presentaron una moción de censura a Murillo, la cual dio paso a Gutiérrez.
