El Gobierno desbloquea la Ley de Vivienda con ERC y Bildu a falta del sí de Podemos 

Las tensiones en el Gobierno de coalición no se circunscriben a la ley del solo sí es sí. La Ley de Vivienda ha motivado este martes la reunión que se ha celebrado en el Ministerio de Transportes para desbloquear un acuerdo antes de las elecciones municipales y autonómicas. Una reunión a cuatro bandas, en la que el recién elegido secretario de Estado de Transportes e interlocutor de los grupos parlamentarios en la materia, David Lucas, ha convocado en la sede ministerial a los portavoces del ramo de Podemos, PSOE, ERC y EH Bildu. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el Gobierno había cerrado un preacuerdo con ERC y Bildu que estaba pendiente de ser validado por el socio minoritario, pero Podemos dijo que no en un encuentro «tenso» en el que fueron los morados quienes pusieron las mayores objeciones. 

El propio portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, reconoció en rueda de prensa en el Congreso que «la reunión no ha ido tan bien como esperábamos porque de los avances que se nos habían comentado, la mayoría no se han sustanciado negro sobre blanco». Echenique se confesó «menos optimista que la última vez», aunque su pesimismo contrasta con el sentir del ala socialista del Gobierno. Ministros y negociadores manifiestan su total convicción de que «la Ley sale», previsiblemente en un pleno a principios de abril. Una confianza renovada tras meses de parálisis, ampliaciones de plazo de enmiendas y reuniones infructuosas de la ponencia, que alertaban de la posibilidad de que las negociaciones descarrilaran definitivamente.  

Preacuerdo con ERC y Bildu 

Sin embargo, según fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE, el Ejecutivo habría cerrado un principio de acuerdo con ERC y Bildu sobre los principales caballos de batalla. Entre ellos, la fijación de un precio máximo de alquiler en zonas tensionadas como las grandes ciudades, aplicable a los grandes tenedores de vivienda, cuya definición está aún por concretar. En principio, hay consenso entre estas formaciones políticas acerca de que la consideración de gran tenedor se reduzca de diez inmuebles a cinco inmuebles por propietario y/o tenga la consideración de persona jurídica en vez de física. Sin embargo, el tope del precio no sería exclusivo a este colectivo. También se plantea que se pueda aplicar a los particulares propietarios de un solo inmueble en zonas tensionadas que se incorporen por primera vez al mercado del alquiler, lo cual evitaría que los propietarios vaciar el piso con fines especulativos para subir el precio con posterioridad. 

Una tercera novedad radica en la obligación a los fondos de inversión propietarios de inmuebles de que, antes de ejecutar un desahucio, se ofrezca el inmueble como alquiler social. Una obligación que, según fuentes de la negociación, «no saldría gratis sino que se haría a cambio de una compensación de tipo fiscal para estos fondos». Una exigencia que planteaban tanto Bildu como Podemos, para quienes el respeto a la Ley autonómica catalana era una cuestión secundaria, a diferencia de ERC. Justo antes de la reunión, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, manifestó en rueda de prensa en el Congreso su triple condición para el ‘sí quiero’: «Topar el precio de los alquileres, fomentar las políticas publicas de alquiler y evitar los desahucios de personas que están sin alternativa habitacional».

Las competencias catalanas

Por su parte, los republicanos habrían cedido en las cuestiones competenciales. Según la Ley catalana de la Vivienda, la declaración de zona tensionada recae en la propia comunidad autónoma, que es la encargada de fijar el precio máximo del alquiler. Pero la norma autonómica recurrida parcialmente ante el Tribunal Constitucional quedaría en un segundo plano porque sería una instancia superior del Estado quien intervendría en la fijación de los precios. 

Una línea roja infranqueable hasta la fecha para los republicanos que podrían haber cedido ante «la presión que ejerce la Plataforma Antidesahucios a ERC y En Comú Podem, porque no quieren que termine la legislatura sin una Ley de Vivienda». Por este motivo, la reunión en el Ministerio se ha limitado a los representantes de estas formaciones políticas junto a Bildu, con quien ERC mantiene una unidad de acción en cuestiones sociales desde la anterior legislatura en la que formaban grupo propio y coordinaban su disciplina de voto. 

Resquemor en los ‘otros’ socios

La selección de los grupos convocados por el Gobierno al Ministerio ha levantado ampollas en el resto de los aliados de la investidura por verse relegados a socios de segunda. «Ni están ni se les espera, nadie nos ha llamado», denuncian los grupos de la llamada alianza Frankenstein, conscientes de que «el Gobierno no se puede permitir no aprobar la Ley de Vivienda que va a ser uno de los ejes de la campaña electoral». Sin embargo, las quejas se reprodujeron este martes en las ruedas de prensa de la junta de Portavoces. El portavoz de Junts, Ferran Bel, criticó la exclusión del resto de socios del Ejecutivo: «Este proyecto de Ley ha estado paralizado absolutamente. Parece que el Gobierno no tenía intención de sacarla adelante y sale gracias al interés de algún socio del Gobierno… Me preocupa que se vaya a ceder en el ámbito de la invasión competencial. Yo creo que aquí no deberíamos ceder nadie… Yo intuyo que esta Ley se va a sacar con una mayoría de Unidas Podemos, ERC y Bildu, sin ninguna duda… Y lo que me preocupa es cuál será el contenido final de esta Ley, dado que no tenemos información de las cesiones que han hecho el PSOE u otros grupos».

Otros grupos como Más País y Compromís evitaron cargar las tintas contra el Gobierno por ser excluidos de la negociación. Un plus de prudencia motivado por las tensiones entre los socios a cuenta de la ley del solo sí es sí, que dejan a Podemos como el principal crítico de la gestión del Gobierno del que forma parte. Justo antes de la reunión en el Ministerio, el miembro de la Mesa del Congreso por Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, compareció para «pedirle al PSOE que sea valiente y permita el control de precios abusivos en la Ley… e incluya negociación de todos los alquileres como en Holanda o Portugal», de gobiernos conservadores y socialistas. «Ha llegado el momento de que el PSOE siga a sus homólogos».