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Podemos eleva el tono contra Ferrovial y aboga por vetarle contratos públicos si muda su sede

La líder Podemos ha afeado que se trata de un caso claro de «dumping fiscal» y ha pedido trabajar junto a la UE para erradicar los «paraísos fiscales»

Podemos eleva el tono contra Ferrovial y aboga por vetarle contratos públicos si muda su sede

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. | Europa Press

La decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos ha generado un gran malestar en los dos partidos que conforman la coalición de Gobierno. Mientras que la vicepresidenta primera y ministra de Economía, la socialista Nadia Calviño, ha reprochado a la compañía su «falta de compromiso» en una llamada telefónica a su presidente, Rafael del Pino, en las filas ‘moradas’ ha generado también indignación. La líder Podemos, Ione Belarra, ha afeado que se trata de un caso claro de «dumping fiscal» y ha pedido trabajar junto al resto de países de la UE para erradicar los «paraísos fiscales». Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha ha ido más allá y ha abogado por no conceder contratos de obra pública a la compañía si cambia su sede social.

«Si Ferrovial se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, entonces, que sea Países Bajos y no España los que les den contratos de obra pública, ¿no? El dinero público español mejor invertirlo en contratos con empresas que respetan a nuestro país y pagan sus impuestos aquí», ha lanzado en Twitter.

En declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, Ione Belarra ha señalado, por su parte, que este fenómeno va en detrimento de naciones que, como España, avanzan hacia un modelo de fiscalidad «justa», que es «condición de posibilidad» de financiación de servicios públicos. «Si hoy tenemos las ayudas públicas que se han desplegado, si hoy tenemos una sanidad pública que, a pesar de los muchísimos ataques y privatizaciones que está recibiendo, es una referencia todavía en el mundo es gracias a esa fiscalidad», ha razonado la titular de Derechos Sociales.

Por tanto, ha exigido «responsabilidad» en todo el continente para avanzar en mecanismos contra los «paraísos fiscales» y asegurar que «los que más tienen en España pagan lo que le corresponde», como han hecho con el impuesto extraordinario a la banca y las eléctricas.

Presión al PSOE para que adopte medidas

Por otro lado, Belarra ha insistido en reclamar al PSOE que aplique un tope a la subida de las hipotecas variables, ante el alza del euríbor, e intervenga en el mercado de los alimentos ya sea fijando un limite sobre el precio máximo de productos básicos o bonificando la cesta de la compra un 14%, como se hizo con los combustibles y que iría complementado con un impuesto extraordinario a los beneficios de los grandes supermercados.

La ministra ha reconocido que está «enormemente preocupada» por los últimos datos de la inflación que, bajo su criterio, evidencia que la bajada del IVA a determinados alimentos es «insuficiente» y se requieren medidas adicionales. A su juicio, la mejor estrategia sería emular para los alimentos el tope al gas, que se ha demostrado como una iniciativa efectiva, que ahora toda Europa quiere emular y que además es «gratuita» para las arcas públicas.

Y es que ha defendido que topar el precio de la cesta básica de la compra es perfectamente legal, como así recoge la Ley del Comercio Minorista, y el estado debe reaccionar ante los grandes supermercados, a los que ha tachado de «auténticos salteadores de los bolsillos de la gente» para elevar sus beneficios extraordinarios e inmerecidos.

Por tanto y ante ese incremento relevante de los precios, ha demandado que el Gobierno debe actuar y que «no pueden esperar más» a que el PSOE se lo piense, dado que está «tardando mucho» a sus propuestas. De hecho, ha lanzado a los socialistas que si no quieren topar la cesta de la compra, existe la vía de la bonificación que impulsó su socio para el caso de los carburantes el año pasado y para el que solo se requiere tener «voluntad política».

Finalmente, ha reivindicado que el Gobierno debe intervenir en los mercados para «inclinar la balanza» a favor de la mayoría social y que los beneficios no repercutan en los de siempre, las eléctricas y las grandes distribuidoras de alimentos.

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