Ferrovial confía en que la UE frene los intentos del Gobierno de evitar su cambio de sede fiscal

Ferrovial confía en que cualquier intento del Gobierno por revertir su proyecto de fusionar sus negocios y trasladar su sede fiscal a Países Bajos será frenado por la Comisión Europea y la legislación comunitaria. Según ha podido saber THE OBJECTIVE a través de fuentes cercanas a la constructora, entre sus directivos existe el convencimiento absoluto de que la operación está totalmente avalada y amparada por la normativa de la UE, y que si el Ejecutivo español intenta utilizar cualquier resquicio para abortarla contará con la férrea oposición de Bruselas.

Por encima de todo este debate se encuentra uno de los cuatro principios básicos del mercado único la Unión Europea: la libre circulación de capitales establecida en los artículos 63 a 66 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Su objetivo es suprimir todas las restricciones a los movimientos de capitales entre los Estados miembros, así como entre Estados miembros y terceros países, con excepciones aplicables a ciertos casos. Es decir, todas las empresas europeas tienen derecho a establecerse en cualquier país de la UE.

En el caso español, la única excepción en vigor es el decreto antiopas prorrogado hasta finales de 2024. Su objetivo es proteger sectores estratégicos españoles y frenar la entrada de inversores extranjeros en activos del sector de las telecomunicaciones, energética, de las infraestructuras o los medios de comunicación. Una normativa a la que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recurrido este lunes, deslizando la posibilidad de aplicarlo para frenar el cambio de sede fiscal de Ferrovial.

Decreto antiopas

Sin embargo, los expertos consultados por este diario indican que estamos ante un decreto que frena la entrada, pero no la salida de capitales y que, por tanto, el Ejecutivo tendría muy difícil buscar un resquicio para que aplicase al caso de Ferrovial. Un proyecto que además incluye movimientos societarios entre un mismo dueño o empresas de consolidación fiscal. De hecho, las fuentes consultadas por este diario indican que desde Bruselas nunca se ha visto con buenos ojos ese decreto, por lo que su aplicación en este caso sería frontalmente discutida.

En esta misma línea, el equipo directivo de Ferrovial está convencido de que no hay ninguna normativa en vigor que pueda frenar su traslado. Así lo indicó este martes su director de Comunicación, Francisco Polo, quien reiteró que la constructora no necesita de ninguna autorización del Gobierno para poner en marcha su proyecto y que el blindaje antiopas está concebido para opas por parte de empresas extranjeras, no para fusiones entre dos sociedades del mismo grupo.

El portavoz de Ferrovial insistió en que llevan meses trabajando en esta operación, después de que muchos de sus accionistas la entendieran necesaria para que la compañía siguiera creciendo internacionalmente. De esta manera, las fuentes consultadas por este diario indican que en las ultimas semanas se han cerrado todos los flecos legales y administrativos, y se tiene la certeza de que, con la legislación española y europea vigente, el traslado es totalmente lícito.

Ferrovial y Wall Street

Por ello se confía en que cualquier arremetida del Ejecutivo que vulnere la libre circulación de capitales de la Unión Europea finalmente será contenida por la legislación europea. En privado la empresa sigue insistiendo en que la única razón para establecer su sede fiscal en Países Bajos es allanar una nueva etapa de crecimiento de la compañía de cara a su cotización en Wall Street. Un proyecto que es mucho más complicado de llevar a cabo desde las fronteras españolas.

Por otro lado, Polo ha apuntado que no hay ninguna razón fiscal tras esta medida, ya que, desde este punto de vista, este traslado es absolutamente neutro y tampoco obedece al interés personal de Rafael del Pino ni de nadie. Solo lo hace por el interés de la compañía a la hora de ser un gran actor internacional en el mundo de las infraestructuras, siempre con la raíz en España, que «sigue siendo un país de presente y de futuro».

En esta misma línea, se ha vuelto a pronunciar el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi que este martes indicó que buscar vías para impedir la marcha de Ferrovial a Países Bajos «es la mejor manera que para que todavía haya más inseguridad jurídica en España».

Indignación de las empresas

Por otro lado, el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) ha pedido al Gobierno que deje de descalificar a las empresas «por decisiones adoptadas en el legítimo ejercicio de su libertad empresarial». La entidad ha indicado que «es imprescindible recomponer un clima de respeto y diálogo constructivo que permita la consolidación y el desarrollo de nuestras empresas, para contribuir a la prosperidad y bienestar de nuestra sociedad”.

Un comunicado en la línea de lo que ya adelantó este fin de semana este periódico, apuntando a la indignación de las grandes empresas españolas por la «cacería» que el Ejecutivo ha emprendido contra Ferrovial. Las fuentes con las que ha charlado este diario reconocen que estamos ante -quizás- el más duro ataque a la empresa española de la historia reciente. 

Se considera que se ha cargado contra Ferrovial, pero en el trasfondo se encuentra la manera en la que el Gobierno se relaciona con las grandes empresas y en su intención de querer controlar todos sus movimientos. Un nuevo paso en el clima antiempresa que el Ejecutivo en su conjunto lleva meses creando y una «demonización» que sale a la palestra cada vez que algún ministro no está de acuerdo con una decisión empresarial.