La protesta contra la reforma de la 'ley mordaza' sacará a 100.000 policías a las calles de Madrid
Las organizaciones mayoritarias de Policía y Guardia Civil han convocado este sábado la segunda protesta contra la modificación de la polémica norma
Manifestación de Jusapol. | EFE
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como ley mordaza sacará este sábado a alrededor de 100.000 policías de todo el país, incluidos agentes autonómicos locales, a las calles de Madrid, según los cálculos de Jusapol, la plataforma convocante y bajo la que se sustentan Jupol y Jucil, el sindicato y asociación mayoritaria de Policía Nacional y Guardia Civil, respectivamente. A la marcha, no obstante, también se sumarán otras organizaciones policiales, como la Confederación Española de Policía (CEP) o la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), así como la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).
Tras la protesta multitudinaria contra la modificación de la norma en noviembre de 2021, cuando aún era un borrador, las organizaciones policiales han convocado una segunda este sábado con la norma en pleno trámite parlamentario. Por lo que, si se materializa, no será a corto plazo. Jupol justifica la marcha como «prevención» a que finalmente ocurra. Según esgrimen fuentes sindicales a THE OBJECTIVE, la manifestación de hace dos años «supuso una paralización de las primeras negociaciones entre los grupos políticos» y ahora «pretenden conseguir lo mismo».
A juicio de sindicatos policiales, los cambios que plantea el PSOE así como partidos como ERC, Eh Bildu o PNV, quien propuso la modificación inicialmente de la ley mordaza, «socavan su autoridad como agentes, pero también la del ciudadano». Con esto, se refieren a artículos que pretenden prohibir el uso de pelotas como material antidisturbios; eximir al ciudadano de comunicar a la Delegación del Gobierno protestas que vaya a materializar o rebajar las condenas por faltas de respeto contra la autoridad.
Acuerdo en 50 enmiendas de la ‘ley mordaza’
A finales de diciembre, tras casi un año de parón, el partido que sustenta el Gobierno así como sus socios parlamentarios retomaron las negociaciones en la Cámara baja para avanzar en el articulado de la nueva norma. Dos meses después, han llegado a acuerdos en gran parte de los apartados. De hecho, el texto de la reforma pasará de la ponencia en el Congreso a la Comisión de Interior con más de 50 enmiendas pactadas. No obstante, persisten discrepancias entre los grupos en algunas cuestiones como la eliminación del uso de pelotas de goma. El partido socialista es el único que se resiste a este cambio.
La rapidez con la que han avanzado los grupos en la redacción de la ley, aprobando hasta una treintena de enmiendas en una sola reunión, desató también la alarma entre los sindicatos policiales, que ven ya imposible que la norma acoja sus reivindicaciones o no prospere. «No podemos permitirnos el lujo de demorarnos más, ni esperar agónicamente a que esta reforma todos los trámites parlamentarios sin que mostremos nuestro rechazo a las condiciones con las que se aborda la ley», señalan.
Otra protesta en mayo
En paralelo, y en el marco del calendario de movilizaciones que han diseñado Jupol y Jucil, también han convocado otra gran manifestación el próximo 6 de mayo por la consecución de una jubilación digna equiparada con la de Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral.
Mientras todas las policías autonómicas y locales tienen reconocidos coeficientes reductores de la edad de jubilación porque sus funciones han sido consideradas de naturaleza «penosa, tóxica, peligrosa o insalubre», los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no gozan de esta consideración en el desempeño de su trabajo. Y, de este modo, no tienen la opción de «prejubilarse» percibiendo el 100% de la pensión, como es el caso de los policías en Cataluña, País Vasco o Navarra.
La «discriminación» frente a los cuerpos autonómicos, sin embargo, se vio agravada a finales del pasado año, cuando ERC y EH Bildu cerraron un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los Presupuestos a cambio de que Mossos y Policía Foral pudiesen prejubilarse a los 60 años sin perder ningún margen de su cotización. Así, desde principios de 2022, los agentes catalanes y navarros pueden ir a la reserva percibiendo el total de su pensión, es decir, sin perder margen de su cotización.
600 euros menos
El Instituto Armado y la Policía Nacional tienen figuras semejantes a la prejubilación, como la Segunda Actividad o la Reserva. No obstante, los agentes no tienen la posibilidad de cobrar la pensión máxima, es decir, el 100% de su cotización en la Seguridad Social. En su caso, si cumplen los requisitos y deciden retirarse antes de los 65 años, los policías y guardias civiles pierden ciertos complementos de su sueldo.
Una pérdida salarial que supone una diferencia de 600 euros entre la pensión de prejubilación de un mosso o un ertzaina y la de un agente de la Policía Nacional. Según se deduce de las tablas salariales de ambos cuerpos, cuando un policía catalán se retira anticipadamente cobra un total de 2.659,41 euros. Si lo hace un policía o un guardia civil, su pensión base es de 1.577,81 euros, a lo que se añaden los trienios acumulados de los agentes, que pueden oscilar entre 200 y 300 euros.
En cualquier caso, el traslado de un agente a la Segunda Actividad le supone dejar de cobrar unos 700 euros al mes. Una situación que no se revierte cuando el guardia civil o el policía cumplen los 65 años. Cuando alcanzan la edad suficiente para jubilarse, la pensión de un policía de escala básica asciende hasta los 1.821,29 euros, mientras que la del mosso d’esquadra se mantiene igual. En el caso de los agentes catalanes, según lo pactado con el Gobierno, podrán jubilarse a los 60 años y cobrar el total de su pensión, siempre y cuando acrediten 35 años de actividad efectiva y cotización.
