El 'caso Adif' salta al Congreso: piden que comparezca la ministra de Transportes
Un diputado solicita que Raquel Sánchez rinda cuentas ante la Cámara Baja sobre la investigación interna por presuntas irregularidades en licitaciones públicas
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. | Europa Press
El caso Adif salta al Congreso de los Diputados. La investigación interna del ente ferroviario por presuntas irregularidades en licitaciones públicas a favor de una empresa del sector, archivada dos días después de que THE OBJECTIVE diese a conocer su existencia, ha provocado que se solicite la comparecencia en la Cámara Baja de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
En un escrito registrado el pasado viernes, pocas horas antes de que Adif diese carpetazo a las pesquisas al descartar la comisión de irregularidades en los tres expedientes investigados, el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero solicitaba la comparecencia de la ministra «para dar cuenta de las informaciones» reveladas por este diario. La intención del diputado es que la ministra Sánchez explique el «presunto caso de irregularidades de algunos proyectos y obras de Adif».
A raíz de una denuncia remitida al Canal Ético de Adif por trabajadores y directivos del ente, usando un seudónimo por temor a represalias, la empresa pública abrió el pasado mes de septiembre una investigación interna. Los hechos se remontan a la época en la que José Luis Ábalos dirigía el Ministerio de Transportes e Isabel Pardo de Vera era presidenta de Adif, y ponían bajo el foco a un hombre muy próximo a esta última. En concreto, apuntaban al actual director general de Construcción y de Adif-Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva.
Carpetazo de Adif
Las pesquisas llevaron a que se interrogase al propio Villanueva y a dos técnicos a los que supuestamente habría dado órdenes para modificar al alza la puntuación otorgada a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR) en una de las tres licitaciones investigadas. Adif anunció el pasado viernes por la noche el cierre de la investigación «al no encontrar ningún indicio de irregularidad».
Apenas dos días después de revelarse su existencia, y tras seis meses de actuaciones, el ente público afirmó que el testimonio de los tres interrogados ha desvirtuado la existencia de irregularidades en las tres adjudicaciones investigadas. Asimismo, como contó este medio, el ente público confirma que en el transcurso de las pesquisas se ha realizado un análisis pericial externo para valorar cada una de las tres ofertas cuestionadas en la denuncia remitida al buzón ético de Adif.
El ente público no detalla si ese informe externo, realizado por ingenieros de Ineco, ha descartado una sobrevaloración de los tres informes técnicos contenidos en los tres expedientes. Los tres contratos adjudicados por Adif-Alta Velocidad, que el propio ente público investigaba por presuntas irregularidades en su licitación, sumaban un importe de 114,1 millones de euros. En todos ellos, como señalaba la denuncia, las Uniones Temporales de Empresas (UTE) de las que formaba OPR obtenían la mejor calificación.
Caso cerrado
El escrito que motivó la apertura de la investigación apuntaba a que la técnico interrogada junto a Villanueva y su superior jerárquico se habría negado a firmar la valoración técnica que sí suscribieron el director general de Adif-AV y el otro interrogado. Tras más de 15 años en la compañía pública, es la única vez en su trayectoria profesional que no suscribía la valoración de un proyecto del que era la máxima responsable, según informan a este diario fuentes conocedoras de la investigación.
Adif asegura que, tras las investigaciones practicadas, «estos expedientes han cumplido todos los procedimientos internos y la normativa de tramitación de las compañías». «En la única obra adjudicada a la UTE, integrada por Constructora San José, Torrescamara y OPR -el subtramo Amusco-Osorno- todos los análisis técnicos realizados, interna y externamente, confirman que las empresas que resultaron adjudicatarias hubieran mantenido siempre la primera posición en la licitación», agrega el ente público.
Fondos europeos
Esa licitación, la única de las tres investigadas que acabó siendo adjudicada a OPR. Con cargo a los fondos Next Generation de la UE, terminó siendo adjudicado por 79,2 millones de euros (sobre una estimación inicial de 104 millones). En todas las demás licitaciones, las UTE de las que formó parte esa compañía acabaron quedándose sin el contrato por deficiencias en su posterior oferta técnica, a pesar de partir como las mejor valoradas técnicamente.
La empresa supuestamente favorecida por las presuntas irregularidades en licitaciones públicas, por las que Adif había abierto una investigación interna, duplicó su facturación tras la llegada de Ábalos y con Isabel Pardo de Vera como presidenta del administrador ferroviario. De 14,2 millones de euros facturados en 2017 pasó a disparar sus ventas hasta los 27,9 millones de euros apenas dos años después.
La denuncia, en la que se aludía a un presunto modus operandi en favor de OPR entre 2019 y principios de 2021, se basaba en documentos públicos y en una pregunta al Gobierno formulada por el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero en el Congreso. Según aquella iniciativa parlamentaria, «el dueño de OPR presume ‘en foros públicos’ de que Ábalos les arreglaba las cosas a cambio de que le pagasen sus fiestas». El mismo diputado es quien solicita ahora la comparecencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
