Los tres contratos en los que Adif investiga irregularidades suman 115 millones de euros

Suman un total de 114,1 millones de euros. Son los tres contratos adjudicados por Adif-Alta Velocidad que el propio ente público investiga por presuntas irregularidades en su licitación. Se trata de unos supuestos hechos que han sido denunciados por trabajadores y directivos del administrador ferroviario a través del buzón ético de Adif, según ha podido comprobar THE OBJECTIVE. Licitaciones que se remontan a la época en la que José Luis Ábalos dirigía el Ministerio de Transportes e Isabel Pardo de Vera era presidenta del administrador ferroviario.

El primero de esos contratos es la licitación del «Ramal ferroviario del Bajo de la Cabezuela», en Cádiz, que acabó siendo adjudicado por 20,4 millones. El segundo contrato, para ejecutar las obras del proyecto de construcción del acceso ferroviario al puerto de Sagunto, en Valencia, se acabó otorgando por 14,5 millones de euros. Y el tercero y más cuantioso, con cargo a los fondos Next Generation de la UE, terminó siendo adjudicado por 79,2 millones de euros (sobre una estimación inicial de 104 millones).

Tan solo este último, para la construcción de una plataforma de la línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campo en el subtramo Amusco-Osorno, acabó siendo adjudicado a la empresa supuestamente favorecida por órdenes del director general de Construcción y de Adif-Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva. No obstante, los tres contratos que son objeto de la investigación interna del ente público tienen dos nexos en común.

En primer lugar, las valoraciones técnicas incorporadas en los expedientes de las tres licitaciones investigadas están firmadas por el propio Villanueva. Por otro lado, hay un segundo punto en común en los tres expedientes investigados. Las ofertas presentadas por la compañía Obras Públicas y Regadíos (OPR), siempre como parte de una UTE con otras empresas, recibieron la máxima puntuación en la valoración técnica de las tres licitaciones. Y lo logró a pesar de que, según fuentes del sector, las ofertas de esa compañía no tienen fama precisamente de destacar por su calidad técnica.

Algo inusual, como también lo es que la directora de contrato de una de las tres licitaciones investigadas no firmase el informe de valoración técnica. En concreto, en la licitación del «Ramal ferroviario del Bajo de la Cabezuela». Un contrato que acabó siendo adjudicado a Dragados y Tecsa tras considerarse «temeraria» la oferta económica de la UTE mejor valorada técnicamente, conformada por OPR y Cotodisa Obras y Servicios.

Adif y los informes técnicos

La valoración técnica de esa licitación, basada en criterios no evaluables mediante fórmulas objetivas, le dio a la UTE conformada por OPR la mayor puntuación de las 22 ofertas recibidas en la licitación. Obtuvo un total de 37,93 puntos. A falta de la evaluación de la propuesta económica, Adif situaba la oferta técnica de OPR por delante de gigantes de la construcción como Sacyr, Ferrovial, Dragados o ACS.

El informe que contenía la valoración técnica no fue firmado por la directora del contrato, como suele ocurrir, sino por el superior jerárquico de esa técnico y por el propio Villanueva. Los tres han sido interrogados en el marco de la investigación interna de Adif para esclarecer si, como señalan los denunciantes, hubo órdenes de Villanueva para que OPR obtuviese la mejor puntuación técnica. La denuncia apunta a que la directora del contrato se habría negado a suscribir la valoración técnica firmada por sus superiores.

Los tres empleados de Adif han negado «categóricamente» cualquier irregularidad u orden para favorecer a esa compañía en la licitación del ramal ferroviario del Bajo de la Cabezuela (Cádiz). No obstante, la comisión instructora de la investigación interna ha encargado a dos ingenieros expertos en la materia, externos al ente público, la elaboración de un informe independiente.

El objetivo de esa pericial es el de valorar si se produjo una sobrevaloración en la puntuación técnica firmada por Villanueva, como señalan los denunciantes. Según ha podido saber este medio de fuentes conocedoras de la investigación, ese informe independiente ha sido encargado a dos expertos de Ineco. Ambos también analizarán las valoraciones técnicas efectuadas en las licitaciones de las obras de acceso al puerto de Sagunto y del subtramo Amusco-Osorno, en Palencia. OPR obtuvo la mejor puntuación en todas ellas, pero solo consiguió ser adjudicataria de la última por otras deficiencias en su oferta técnica.

Oferta temeraria

En el caso del Bajo de la Cabezuela, finalmente, la oferta de la UTE conformada por OPR y Cotodisa Obras y Servicios quedó excluida de la licitación. Se quedó sin el contrato de 20,4 millones por una razón que, a diferencia de la valoración técnica, atendió solo a criterios objetivos. Esa compañía y su socio no presentaron documentos que avalasen la oferta realizada, que además estaba un 6,59% por debajo del umbral de Baja de Referencia.

«A la vista de la documentación presentada, se puede constatar que el licitador no presenta documentación o datos, de carácter económicos que avalen la oferta presentada», indica el informe contenido en el expediente. Es decir, no quedó en presunción de temeridad por hacer una propuesta económica demasiado baja sino por no presentar una «justificación que avale la oferta realizada».

¿Modus operandi?

La denuncia por la que se abrió la investigación interna de Adif señala que este supuesto modus operandi se había usado previamente y con posterioridad en las tres licitaciones investigadas. No obstante, desde Adif señalan que el hecho de que esa compañía concurriera a los tres concursos como parte de una UTE hace «insostenible» la idea de que se hayan podido cometer irregularidades.

Las mismas fuentes oficiales de la compañía recuerdan que el carácter confidencial de las pesquisas no permite a Adif dar detalles al respecto de qué actuaciones se han practicado. No obstante, tras solicitar permiso a los servicios jurídicos y a los afectados por la investigación, se ha facilitado a THE OBJECTIVE la versión ofrecida por los tres empleados en la investigación que se está llevando a cabo.

«Los tres han colaborado con la investigación interna y afirman rotundamente que no existe ningún tipo de instrucción u orden dada o recibida que pudiera conllevar puntuaciones técnicas a favor de la empresa OPR -ni de ninguna otra empresa- en los expedientes referidos», asegura Adif.