El Gobierno pacta una reforma de pensiones centrada en mejorar los ingresos

Entre las medidas para mejorar ingresos, el Ministerio de Inclusión ha detallado que se incluye una cuota de solidaridad para salarios altos

El Gobierno de coalición ha cerrado un acuerdo sobre el último bloque de la reforma de pensiones que incluye varias medidas para mejorar los ingresos, como una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los sueldos más altos, a la vez que permite mantener el periodo de cómputo actual en 25 años.

La reforma, consensuada con la Comisión Europea, se ha presentado este viernes a los agentes sociales que han reaccionado de forma opuesta: mientras los sindicatos UGT y CCOO han valorado las medidas, la patronal CEOE las ha rechazado de plano al suponer un incremento de los costes laborales que, dicen, «pone en peligro» la creación de empleo.

Esta propuesta, que el Gobierno volverá a abordar con los agentes sociales el próximo lunes, se centra en un aumento de los ingresos para garantizar la sostenibilidad de unas pensiones vinculadas a la inflación.

Entre las medidas para mejorar ingresos, el Ministerio de Inclusión ha detallado que se incluye una cuota de solidaridad para salarios altos -que empezará en el 1 % de la parte del salario que excede del tope de cotización en 2025 e irá aumentando hasta llegar al 6 % en 2045-.

Asimismo, duplica la cotización adicional vinculada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), hasta dejarlo en 1,2 puntos porcentuales en 2029 y extenderlo de forma automática hasta 2050.

En lo que se refiere al reparto del MEI, un punto lo asumirán las empresas, mientras que las dos décimas restantes recaerán sobre el trabajador, de manera que se mantendría la misma proporción que hasta ahora.

Asimismo, la reforma contempla una subida de las cotizaciones de las bases máximas, que se hará entre 2024 y 2050 sumándole a la cuantía anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales.

Todas estas medidas suponen mayores costes en cotizaciones para las empresas que han criticado «la voracidad recaudatoria del Gobierno» y han señalado que los trabajadores «verán absorbidos parte de los incrementos en su retribución».

«Se garantiza la sostenibilidad del sistema a través de un reforzamiento de los recursos, evitando cualquier tipo de recorte», han defendido desde el Ministerio que lidera José Luis Escrivá.

Las medidas, según fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y Unidas Podemos, permitirán recaudar entre un 1,2 % y un 1,3 % del PIB anual, una vez se desplieguen completamente.

DOS OPCIONES PARA EL PERIODO DE CÓMPUTO HASTA 2044

Junto a estas medidas del lado de los ingresos, la reforma aborda el periodo de cómputo, los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión inicial, y que tanto Podemos como sindicatos habían rechazado ampliar.

Finalmente se establece un «régimen dual» para los próximos 20 años que permitirá a los pensionistas elegir entre mantener para el periodo de cálculo los últimos 25 años, como en la actualidad, o contar 29 años pudiendo descartar 2.

Según han detallado fuentes del Ministerio de Inclusión, la nueva opción de ampliar y descartar se desplegará progresivamente durante 12 años, a partir de 2026, y a partir de 2044 sólo quedará esta opción de 29 años menos 2.

También se recogen algunas mejoras en la cobertura de periodos sin cotizar, las denominadas lagunas, que afectan especialmente a las mujeres; y una mejora del 10 % adicional del complemento de brecha de género de las pensiones durante 2024 y 2025.

Junto a esto, se fija una subida progresiva de las pensiones máximas -con la cuantía anual del IPC más un incremento adicional de 0,0115 porcentuales acumulativos cada año hasta 2050- y mejoras en las pensiones mínimas y las no contributivas.

La reforma, que se aprobará vía decreto ley, forma parte de los hitos comprometidos para desbloquear un nuevo desembolso de los fondos europeos y se suma al paquete de medidas pactadas en julio de 2021 y que, entre otros cambios, volvió a vincular la revalorización de las pensiones con la inflación.

Las medidas deberían de haber estado cerradas a finales de 2022, pero las dificultades de la negociación han dilatado los plazos de una norma que ahora deberá pasar por el Congreso.

EL PP CRITICA PONER UN IMPUESTO MÁS AL TRABAJO

Entre los grupos políticos que apoyaron la investidura del actual Ejecutivo, el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado de «buenas noticias» las medidas contempladas en la reforma; mientras que EH Bildu ha valorado el acuerdo, aunque lo ve «insuficiente» y buscará mejorarlo en el trámite parlamentario.

Al diputado de Compromís, Joan Baldoví, la reforma le «suena bien porque, por primera vez, no se pone el foco en la reducción del gasto, sino en el aumento de los ingresos».

Por su parte, el PNV no ha comunicado su posición, que supedita al «análisis de la letra pequeña»; mientras que para la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, la reforma es «un parche para salvar los muebles».

Desde el PP, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha criticado que la reforma introduce «un impuesto más» al trabajo cuando España «es poco» competitiva y tiene las cotizaciones «más altas» de la media de la OCDE. 

Fuente: EFE