España tiene ya el mayor dato de criminalidad en 10 años, pero las cárceles están en mínimos
En 2022 se registraron 2.325.358 delitos, la cifra más alta desde 2013. Los que más crecen, agresiones sexuales, hurtos y cibercriminalidad
Disturbios en Cataluña. | EP
España ha anotado el mayor dato de criminalidad de la última década, según revela el último informe del Ministerio del Interior. Entre enero y diciembre de 2022 se registraron 2.325.358 delitos. Un 83,9% del total se corresponde con la categoría de criminalidad convencional, mientras que el otro 16,1% está relacionado con faltas cometidas en el ciberespacio, es decir, a través de internet.
De acuerdo con la estadística del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, los delitos que más han crecido respecto a 2021 son las agresiones sexuales (33,9%), de lesiones y riña tumultuaria (30,5%), hurtos (30,2%) y la cibercriminalidad (22,9%). Si se comparan con 2019, es decir, antes de la pandemia, lo que más aumenta son las faltas en la red (72%), seguido de las las denuncias por violación (53,2%) y los asesinatos (44,55%).
En cualquier caso, las cifras que arroja el informe suponen un récord en infracciones penales registradas, según ha podido comprobar THE OBJECTIVE a partir de los balances de criminalidad de los últimos diez años. Por detrás de 2022 se sitúa 2019, con 2.199.475 delitos (+5.7%, siempre comparado con la última estadística); 2013, con 2.172.133 faltas (+7,05%), y 2018, con 2.131.424 (+9,09%). Un incremento que, aseguran fuentes policiales, está estrechamente relacionado —y coincide en el tiempo— con el fin de la pandemia. Durante este periodo, 2020 y 2021, se registraron los índices más bajos de delincuencia de la década.
Menos presos
Paradójicamente, este aumento de la criminalidad contrasta con los índices, en mínimos históricos, de la población reclusa. A finales del pasado año, según fuentes de Instituciones Penitenciarias, las prisiones acogían a 46.689 internos —39.202 penados y 7.487 preventivos—, el segundo dato de presos más bajo que se ha registrado en los 20 últimos años. Si bien es cierto que el número de reos ha aumentado respecto a 2021 (45.963; sin incluir País Vasco), solo se ha producido un leve repunte del 1,5%. En 2013, por ejemplo, había 58.036 internos en los centros; en 2019, 50.129.
El volumen de reclusos se ha reducido progresivamente —con la excepción del último año— desde 2010, un año después de que se llegase al pico con 65.500. Una tendencia que ha hecho que las prisiones españolas, exceptuando las de Cataluña y País Vasco—estas comunidades tienen la competencia penitenciaria transferida desde 1984 y 2021, respectivamente— tengan hoy casi 19.000 presos menos que hace 14 años. En este tiempo, el número de reos ha descendido en un 29% [si se incluyen los reclusos del País Vasco, un 25,7%].
No obstante, el aumento sostenido de internos durante la primera década del siglo así como el drástico descenso en los diez años siguientes no son mera coincidencia. Según los expertos consultados, las razones son varias. En primer lugar, sostienen, esta variabilidad en las estadísticas no obedece simplemente a un aumento o descenso de la criminalidad en España, sino también a políticas penitenciarias, reformas legales, o incluso variables temporales, como ha ocurrido en 2020 y 2021 con la pandemia del coronavirus.
Pandemia
A lo largo de 2009, las prisiones del Estado llegaron a contar con 65.500 internos, registrando los índices de ocupación más altos. En este caso, todo se debía al endurecimiento del Código Penal que se había llevado a cabo 14 años antes, en 1995. Una reforma que hizo que de los 48.645 internos que había en 2003, la cifra de reos se incrementarse en más de un 34,6% seis años después. En 2010, sin embargo, el cambio del Código Penal tuvo el efecto contrario. La renovación legislativa rebajó las penas de delitos como el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, lo que provocó el descenso de presos en las prisiones en adelante.
Por otro lado, en 2016 también influyó la incorporación de la permuta de las condenas de prisión por los trabajos en favor de la comunidad, en faltas contra la seguridad vial y de violencia de género. Lo que en la práctica ha evitado pisar la cárcel a decenas de miles de personas. Desde ese año hasta comienzos de 2020, la cifra de población reclusa se mantuvo entre los 50.000 y los 51.000.
La política de Prisiones
No obstante, lo que aceleró todavía más el descenso de los presos fue el confinamiento. La declaración de dos estados de alarma, trajo consigo la caída de la criminalidad. Las infracciones en 2020 (1,773.366 delitos), por ejemplo, cayeron un 23,7% si se comparan con las que arroja el último informe del departamento de Grande-Marlaska.
En paralelo, tampoco ha de olvidarse la política penitenciaria que mantiene el Ministerio del Interior. Desde el comienzo de su mandato, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha ido implementando una estrategia, según admitió él mismo en el Congreso de los Diputados, en la que prima favorecer el desarrollo de la intervención tratamental, de los procesos de reinserción social, así como incrementar los regímenes de semilibertad.
