La Policía incumple la sentencia contra su test de ortografía y deja fuera a 100 opositores
La División de Formación se ampara en no haber recibido las sentencias que dan la razón a estos aspirantes. Estos últimos denuncian tenerlas desde hace meses
El ministro del Interior. | EP
La polémica regresa a las oposiciones de la Policía Nacional. La Dirección General ha dejado fuera del proceso selectivo para la escala básica a alrededor de 100 aspirantes que debía convocar directamente para la última fase, esto es, el examen psicotécnico y la entrevista personal, que tendrá lugar este domingo. Se trata de una parte de los candidatos que no superó las oposiciones de 2019 por las cuatro polémicas palabras del examen de ortografía, que finalmente tumbó el pasado mayo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Hace tres años, medio millar de aspirantes interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la Policía Nacional por haber establecido como incorrectas las palabras de la prueba que la Real Academia Española (RAE), en un informe que remitieron los afectados, daba por correctas. Una cuestión que incluso el tribunal, tras tumbar el examen, llegó a calificar de «inadmisible» por parte de Interior.
En la sentencia, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) dio la razón a los aspirantes y ordenó al Ministerio del Interior corregir dicha decisión. Lo que implicaba que, una vez se actualizasen las puntuaciones, si superaban la nota de corte establecida en el test ortográfico (6,2), los afectados debían ser readmitidos en el proceso y realizar las últimas pruebas que no pudieron completar por haber suspendido.
«No nos han llegado las sentencias»
En el fallo, de hecho, los magistrados indicaban que los opositores debían ser admitidos en el proceso más próximo. Un extremo que, denuncian varios opositores, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha incumplido. Según exponen en conversación con este periódico, la División de Formación «empezó a citar a los aspirantes el miércoles de la semana pasada. En primer lugar, llamó a los que se presentaron en lo convocatoria ordinaria, y después, a los de la oposición de 2019».
La Policía Nacional, sin embargo, olvidó notificar a al menos un centenar de estos últimos. «Nos dijeron que esperásemos al jueves y al viernes. Lo hicimos, pero nadie nos llamó», relatan las mismas fuentes. Este lunes, a menos de una semana de las pruebas, los opositores se pusieron en contacto por vía telefónica con el departamento en cuestión para exigirles una explicación. La División de Formación les confirmó que no serían llamados bajo ningún concepto porque «no habían recibido sus sentencias» contra la prueba de ortografía. La solución, esgrimieron, es que sean convocados para las pruebas del próximo año.
El enfado entre los afectados es mayúsculo. No solo porque, según cuentan, todos tienen sus sentencias y, por tanto, han debido ser notificadas al órgano que afectan, en este caso, la Dirección General de la Policía; sino porque «de los otros 400 compañeros a los que sí han llamado, les fueron notificadas las resoluciones judiciales hace apenas un mes» al igual que a los que se han quedado fuera. Muchos de ellos incluso las recibieron antes. «La mía es de febrero, pero hay gente a la que no han llamado que la recibió en noviembre y tiempo atrás», denuncian.
Ante este escenario, el abogado que aúna la mayoría de la causas de estos afectados, Ángel Galindo, ha enviado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que pide a este órgano que exija cumplir la sentencia a la Policía Nacional y llame a los afectados a la última fase de la oposición antes del próximo domingo. «La citación de los opositores ha sido totalmente aleatoria. Llevábamos tres años esperando cuando salió la sentencia. Esperar ahora un año más no nos hace ninguna gracia», critican.
La prueba de ortografía
La polémica prueba constaba de cien ítems y tenía como objeto conocer los conocimientos de ortografía de los aspirantes tomando como base el Diccionario de la Lengua Española, obra lexicográfica de la Real Academia Española (RAE). Debían indicar si se trataba de una palabra escrita de forma correcta o incorrecta. Los aspirantes disponían de ocho minutos para completarlo y los errores penalizaban.
Tras los resultados, los opositores vieron claro que cuatro palabras inducían al error (LGTBI, ciberataque, prominente y reditar), pues aunque estaban marcadas como incorrectas, en realidad, eran correctas. Y así lo avalaron después ante el tribunal examinador con un informe de la RAE. Un documento que fue ignorado por la Policía Nacional, pero que el TSJM consideró totalmente válido. Es más, calificó de «inadmisible» considerar esas palabras como incorrectas, cuando no lo eran.
