Un error de Interior podría rebajar a la mitad las plazas para las oposiciones de Policía en 2023
La sentencia que corrigió el test de ortografía de 2019 permitirá que al menos un millar de aspirantes pase directamente a las pruebas finales el año que viene
Un grupo de agentes de Policía Nacional, en una imagen de archivo. | Interior
La negativa de la Dirección General de la Policía de corregir correctamente cuatro palabras del examen de ortografía en las oposiciones de acceso al Cuerpo en 2019 podría suponer un revés ahora para quienes se presenten en la siguiente convocatoria el próximo año. Hace seis meses, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid corrigió el test ortográfico y dictó que los aspirantes que habían recurrido la prueba debían pasar directamente a la siguiente fase de la oposición. En este caso, se cuentan por cientos los aspirantes que se beneficiarán del fallo.
Al mismo tiempo, los perjudicados que no acudieron a los tribunales también podrán acogerse a la decisión de la Sala Contencioso-Administrativa del TSJM. Este tribunal ha estimado en casi 50 resoluciones, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la extensión de efectos de la sentencia para aquellos que, tras el pronunciamiento del juzgado, solicitaron formalmente al mismo que se les diera por válidas las cuatro polémicas palabras. Es decir, que si una vez corregida la prueba, alcanzan la puntuación mínima en ortografía (6,2), se incorporarán al proceso selectivo teniendo aprobadas las pruebas físicas y de conocimientos.
¿Cómo perjudicará esto a los aspirantes de la convocatoria en 2023? Es sencillo. En las próximas oposiciones, la Policía Nacional oferta un total de 2.456 plazas para la escala básica. Sin embargo, según los cálculos de los abogados que han llevado las demandas por la prueba de ortografía, al menos un millar de personas se integrarán directamente en las últimas pruebas del proceso. Por lo que el resto de candidatos que se presenten jugarán en clara desventaja. En otras palabras, verán como su posibilidad de conseguir una vacante se reduce prácticamente a la mitad.
La sentencia del TSJM
En mayo, después de tres años de litigio contra la Administración, la Justicia falló a favor de los aspirantes que interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra la Policía Nacional por haber establecido como incorrectas cuatro palabras de la prueba que la Real Academia de la Lengua Española (RAE), en un informe que remitieron los afectados, daba por correctas. Una cuestión que incluso el tribunal, tras tumbar el examen, llegó a calificar de «inadmisible» por parte de Interior.
En la sentencia, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) estimó parcialmente el recurso de los candidatos y ordenó al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska que corrigiese dicha decisión. Lo que implica que, una vez se actualicen las puntuaciones, si superan la nota de corte establecida en el test ortográfico, los afectados podrán ser readmitidos en el proceso y realizar las pruebas de la oposición que no pudieron completar por haber suspendido: la entrevista personal, un reconocimiento médico y un test psicotécnico.
Extensión de efectos
No obstante, no son los únicos beneficiados. Este mismo tribunal ha ido más allá y ha reconocido en 50 resoluciones judiciales el derecho de que aspirantes que no acudieron a los juzgados pasen directamente a la siguiente fase del próximo proceso selectivo de la Policía Nacional, como los que le ganaron el pleito la pasada primavera a la Dirección General.
En el escrito judicial, los jueces mencionan la legislación reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que, en su artículo 110.1, señala que en materia tributaria y de personal al servicio de la Administración Pública los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras cuando concurran una serie de circunstancias. Entre ellas, que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.
En este aspecto, el tribunal no alberga dudas. Apunta que estos últimos perjudicados, al igual que los beneficiados en la sentencia, eran aspirantes a ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía y «todos ellos realizaron el mismo ejercicio de ortografía en el mismo proceso selectivo, el cual se corrigió de manera errónea». «La comparación de datos expuestos permite afirmar, sin temor al equívoco, la identidad de situaciones jurídicas comparadas, por lo que la extensión de efectos pretendida, en consecuencia, resulta completamente viable», sentencia la sala.
«Todo ha sido posible gracias a la Plataforma Justicia 36. Es un éxito de grupo, de muchos jóvenes que han confiado en la Justicia» manifiesta Ángel Galindo, abogado de este grupo de opositores. Actualmente, los tribunales han estimado todas las demandas de extensión de los aspirantes. Medio centenar de las más de 600 que lleva este letrado, y cuya resolución se espera en los próximos meses.
