Interior pincha en su intento de salvar la sanidad penitenciaria: solo hay 12 médicos voluntarios
El departamento dirigido por Grande-Marlaska intenta suplir la Atención Primaria con teleasistencia ante la falta de facultativos: 167 para casi 50.000 presos
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. | Europa Press
La escasez de profesionales sanitarios es el mayor desafio al que se enfrenta actualmente el departamento de Prisiones. Y así lo han reconocido en varias ocasiones fuentes del propio Ministerio del Interior, consultadas por THE OBJECTIVE. Sin embargo, desde el área de Fernando Grande-Marlaska, la solución para resucitar la sanidad penitenciaria solo pasa por la teleasistencia, o lo que es lo mismo, diagnósticos médicos mediante videoconsultas ante la falta de facultativos que sufre el sistema sanitario penitenciario español en los últimos años: 167 para casi 50.000 presos. Esto es, un médico para cada 299 presos, como ya contamos en este periódico.
Durante 2022, se ha tenido conocimiento de la implantación, por parte de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, de un Proyecto Piloto de Guardias Telemáticas de apoyo con profesionales penitenciarios, cuya finalidad es que los profesionales sanitarios puedan intervenir a través de videoconsultas en otras prisiones diferentes a aquella en la que desempeña sus funciones habituales.
No obstante, los datos facilitados por la Administración penitenciaria indican que a este sistema de teleasistencia únicamente se han adscrito un total de 12 profesionales médicos (7%), según señala el último informe del Defensor del Pueblo, que matiza que, si bien esta iniciativa puede ser considerada como positiva por los «beneficios» que conlleva para las personas privadas de libertad, «no parece que dé solución al problema estructural de la falta de personal facultativo».
560 intervenciones
Así, con 560 intervenciones entre los meses de enero y julio de 2022 mediante esta fórmula –en las que siempre deben estar presentes el paciente y un profesional de enfermería–, los centros que han recurrido a esta práctica, según ha podido saber este periódico, son: Ávila, Villena, Valencia, Burgos, Zuera, Huelva, Teijeiro, Málaga 2, Castellón 2, Badajoz, Valladolid y Navalcarnero; y los profesionales que la realizan –de 9 a 21 horas– se encuentran en Asturias, Herrera, Córdoba y la Secretaria General de Prisiones, en Madrid.
De esta forma, denuncian los profesionales consultados, el departamento de Grande-Marlaska está poniendo de manifiesto «su falta de voluntad en cumplir la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para integrar la sanidad penitenciaria en los servicios de salud de las comunidades autónomas». 19 años después, estas transferencias solo se han producido en Cataluña, País Vasco y Navarra.
Además, incumple con los artículos 208 y 209 del reglamento penitenciario que señalan que, atendiendo a los principios constitucionales de equidad e igualdad, la atención sanitaria en instituciones penitenciarias «se basará en el modelo de Atención Primaria», de forma que «los establecimientos penitenciarios contarán con un equipo sanitario de atención primaria que estará integrado, al menos, por un médico general, un diplomado en enfermería y un auxiliar de enfermería».
Suplemento de 1.000 euros
Este año, el Ministerio del Interior ha reforzado el Cuerpo de Facultativos de Sanidad Penitenciaria con siete médicos (tres más que en 2022, cuando se ocuparon solo cuatro plazas). Sin embargo, mientras que la convocatoria publicada en el BOE ha sido de 80 plazas, solo se han presentado 15 médicos, de los cuales han aprobado 12. De estos, finalmente, únicamente siete han decidido continuar y comenzar sus prácticas en alguna prisión nacional.
La gran diferencia salarial –de unos 1.600 euros– de un médico de prisiones y su homólogo en cualquier centro de salud es una de las razones por las que los facultativos deciden no optar a una plaza en un centro penitenciario. La misma razón por la que deciden ejercer la teleasistencia. Y es que según las fuentes consultadas, los facultativos que ejercen la telemedicina cobran «una cantidad extra de poco más de mil euros».
No obstante, muchas son las voces críticas con los compañeros que se prestan a esta atención. «No es la forma más adecuada de atender a un paciente en prisiones. ¿Cómo hablas con un paciente agitado, cómo lo auscultas, qué entrevista personal haces a alguien para saber si tiene ideas suicidas o no?», se pregunta Pedro Martínez, responsable de prisiones de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que asegura a THE OBJECTIVE que el modelo de atención de urgencias por el que ha optado la Administración penitenciaria «abandona la Atención Primaria, la prevención, olvida el seguimiento de patologías crónicas y hace imposible el diagnóstico temprano».
«A través de una pantalla no puedes ver si un preso sufre una sobredosis»
En este sentido también se pronuncia a este periódico otro facultativo penitenciario que prefiere mantenerse en el anonimato por las presiones recibidas. Este profesional, quien lleva 30 años en el sector, asegura que «cada vez hay más salidas hospitalarias innecesarias para ver si hay fracturas de articulación», ya que el médico que hace telemedicina no puede explorar. Cada día de ingreso hospitalario tiene un coste de 1.500 euros.
«A través de la pantalla de un ordenador no puedes hacer prevención, no puedes pasar consulta, no puedes hacer una un abordaje íntegro del paciente ni auscultarlo. En una agresión, si hay un hematoma superficial, no puedes ver si hay crepitación debajo de ese hematoma o, por ejemplo, es muy complicado valorar por una cámara si un preso sufre una sobredosis», explica el médico, que destaca la labor de los enfermeros penitenciarios quienes, en su opinión, ante esta situación, «asumen responsabilidades que no le corresponden, realizando tareas que ni están pagadas, ni están reconocidas, ni están agradecidas».
«Yo creo que la mayoría de los médicos que seguimos ahí es porque tenemos la jubilación muy cercana. Si tuviéramos que seguir trabajando cinco o seis años más, creo que no podríamos con esta sobrecarga desmedida. Esto es totalmente deficitario», concluye el facultativo de una de las prisiones con más presos de España.
