Un voto por 150 euros, una vivienda VPO o un empleo: así opera la red mafiosa en Melilla
La cúpula de la red se ganaba a los ‘conseguidores’ de votos por correo con distintas promesas: un puesto de trabajo público, pisos de protección oficial…
La supuesta red mafiosa de fraude electoral en Melilla que investiga la Policía Nacional no solo pagaba dinero a ciudadanos a cambio de conseguir votos por correo. La cúpula de la trama también prometía empleos públicos e incluso viviendas de protección oficial (VPO) a quienes aceptaban hacer el trabajo sucio, el de intermediarios entre el partido beneficiado y los electores, aseguran fuentes de la investigación a THE OBJECTIVE. Estos últimos eran los encargados de convencer a los melillenses para ceder su voto, pagarles y posteriormente depositarlo en las oficias de Correos. En ocaciones, incluso les acompañaban a enviarlo.
Este jueves, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha desvelado que un juzgado de la ciudad autónoma ha abierto una investigación por la presunta compra de 11.000 votos por correo para las elecciones del 28 de mayo. Una cifra que supone el 20% de un censo total de 55.000 electores. Un tercio de la Asamblea de Melilla, lo que supone que siete u ocho concejales dependerían de esos votos.
La Junta Electoral Central ha dado orden de que, para votar a distancia en los próximos comicios en Melilla, sea necesario identificarse con el DNI a la hora de entregar el voto, ya sea en la propia ciudad autónoma o en otra española. Dicha obligación no se contemplaba en el último paso de este sistema de votación. Un vacío del que se habría aprovechado la red criminal, depositando al mismo tiempo hasta 200 votos por correo en las oficinas postales en nombre de otras tantas personas, indican distintas fuentes consultadas por este diario.
La trama de Melilla
Correos solo ha validado 921 papeletas de las 11.707 peticiones solicitadas, según señalan este jueves fuentes del Ministerio de Interior. El aumento de las solicitudes de voto por correo para estas elecciones fue uno de los hechos que disparó las alarmas. En los anteriores comicios, en 2019, solo pidieron este sistema 4.000 ciudadanos. En cualquier caso, lo que terminó por confirmar las sospechas poco después fueron los robos violentos perpetrados contra varios carteros.
La Delegación del Gobierno dictó que las fuerzas de seguridad del Estado escoltasen a los trabajadores de Correos para garantizar «un proceso electoral limpio y transparente» después de tres capítulos idénticos y coordinados en barrios marginales de la ciudad autónoma y en los que encapuchados se hicieron con, al menos, 43 votos, según la información difundida por la Junta Electoral. Todos ellos, no obstante, fueron «rápidamente anulados mediante el bloqueo de los respectivos códigos identificativos».
Fuentes cercanas a la investigación explican a THE OBJECTIVE que la red de captación de votos, formada por al menos una treintena de sospechosos, estaba perfectamente organizaba y jerarquizada. El objetivo era siempre convencer a estratos de la sociedad más marginales, aquellos que no tuviesen empleo, drogodependientes… La banda actuaba sobre todo en los barrios de La Cañada, Reina Regente (más conocido como barrio cuerno) y Las Palmeras.
La mafia cuenta con dos escalafones. Por uno lado «los reclutadores», vecinos de los propios barrios que tienen el papel de hacer un primer barrido entre los posibles candidatos. Una vez identificados, estos últimos avisaban a los «intermediarios», que se encargaban del tráfico de votos. Recogían las papeletas, pagaban entre 100 y 150 euros al ciudadano (dependiendo de lo acordado) y los depositaban en las oficinas del servicio postal.
Casas y puestos de trabajo
«A mi hija le han ofrecido 140 euros por su voto», reconoce una melillense a este diario. La mujer admite que la situación no es nueva; sucede en cada proceso electoral. «Es una práctica generalizada en los partidos, especialmente en PP y Coalición por Melilla». Una vecina relató hace unos días que, en las pasadas elecciones, la formación localista le prometió un trabajo si les votaba y que, cuando fue a reclamarlo, «le cerraron la puerta en la cara».
Todas las órdenes las da la cúpula de la red, integrada supuestamente por personas vinculadas a la política regional. Para ganarse a sus miembros, según fuentes policiales, se comprometían a cumplir sus deseos. Entre ellos, la posibilidad de garantizarles un puesto de trabajo público en la ciudad autónoma si el partido en cuestión ganaba los comicios, o incluso facilitarles una vivienda de protección oficial (VPO). Promesas que, sin embargo, no siempre se podían cumplir.
La prueba está en anteriores comicios en los que otras personas que habían accedido a participar en la captación de votos para partidos no vieron satisfecho el pago por sus servicios. Según relatan fuentes policiales, un consejero melillense denunció hace año y medio a un individuo por acoso y coacciones. En realidad este ciudadano buscaba el empleo que el político le había prometido antes de los comicios. Según las mismas fuentes, el denunciado, que no fue detenido, aseguró tener pruebas de los pagos que le había realizado el cargo público por comprar votos por correo.
¿Qué partido ha comprado los votos?
La incógnita principal gira en torno a qué formación ha comprado los votos. Los dos principales partidos de la Asamblea, PP y Coalición por Melilla, se han acusado mutuamente de estar detrás de las presuntas irregularidades. «No lo hace nadie y lo hacen todos. Que 8.000 de los 11.000 votos por correo los hayan solicitado musulmanes es significativo», afirma un residente en la ciudad autónoma de ascendencia marroquí.
La sospecha se cierne fundamentalmente sobre Coalición por Melilla, que niega rotundamente cualquier implicación. Los antecedentes juegan en su contra. El líder de la formación, Mustafa Aberchán, fue condenado en 2018 a dos años de cárcel e inhabilitación por comprar votos para las elecciones al Senado de 2008, donde su formación concurría conjuntamente con el PSOE. De hecho, el entonces secretario general de los socialistas, Dionisio Muñoz Pérez, también fue condenado.
El Tribunal Supremo confirmó la pena en febrero de 2021, lo que ha impedido que Aberchán sea el candidato de su partido en las elecciones del próximo 28 de mayo. «Aquí lo hacen todos. Hace unos años una señora llegó a Correos para entregar 200 votos del PP y no pasó nada», revela un melillense.
Otro residente en la ciudad autónoma explica que existe un vídeo en el que se puede ver como el hijo del líder del PP, Juan José Imbroda, y un asesor jurídico urden un plan para asegurarse al menos 300 votos por correo en las generales de abril de 2019 a cambio de un trabajo para los implicados en la trama. «La democracia está secuestrada en Melilla», reconoce a THE OBJECTIVE una antigua afiliada al partido que controla Aberchán desde su creación a finales de 1995 como escisión del PSOE.
