Las víctimas de la talidomida denuncian al Gobierno ante la Fiscalía por «prevaricación»

La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, capitaneado por Ione Belarra, por un presunto delito de prevaricación. Así se desprende de la denuncia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y en la que los afectados por este compuesto químico reclaman las indemnizaciones que el Gobierno se había comprometido a entregarles en 2018 y todavía no han recibido. Por ello, el pasado 14 de mayo registraron una denuncian ante la FGE «por un presunto delito de prevaricación cometido por la actuación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030» tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 instaba al Gobierno a indemnizar a los afectados por la talidomida con una cantidad de 12.000 euros por punto de grado de discapacidad. Dotando esa partida con un importe «orientativo» de 20 millones de euros. «Se concederá una ayuda a quienes durante el periodo 1950-1985 sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la Talidomida», se lee en el escrito, que agrega que estas «serán compatibles con cualquier pensión pública a que la persona beneficiaria tuviera derecho», y establece que el importe de la ayuda a percibir «será el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada».

Sin embargo, cinco años después, ninguno de los afectados –127 reconocidos en España- ha recibido la prestación aprobada en los últimos Presupuestos Generales de Mariano Rajoy, justo antes de su moción de censura.  «Esto es una clara cuestión de dinero. Rajoy salió y el PSOE no nos ha querido pagar», señala Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite, a este diario. «Tengo a compañeros viviendo en la indigencia, sin piernas ni brazos, porque ‘el Gobierno de lo social’ no nos quiere indemnizar», agrega.

Una partida «insuficiente»

La secretaría de Estado de Asuntos Sociales instó al Ministerio de Hacienda en 2019 a realizar un informe para revisar y avalar el Real Decreto que daba forma administrativa a la ley de los PGE, obteniendo de éste un informe negativo, donde se le indica que la partida presupuestaria de 20 millones era «insuficiente», se puede leer en la denuncia.

Desde Avite señalan a este periódico que atendiendo a la disposición adicional 56 que indemnizaba a las víctimas con 12.000 euros por punto de discapacidad, cada afectado debe recibir entre 600.000 y 700.000 euros, por lo que la cantidad de 20 millones es totalmente «insuficiente» para indemnizar a los 127 damnificados reconocidos por un comité de expertos que creó el Gobierno con el Instituto Carlos III en 2018. La asociación estima que la cantidad estaría cercana a los 120 millones de euros.

Por ello es que en los Presupuestos Generales de 2020, 2021, 2022 y 2023 –se lee en la denuncia– se le comunica al Ministerio de Ione Belarra por parte de Avite que la partida es insuficiente, «un hecho avalado por un informe de Hacienda». Sin embargo, «el Ministerio, haciendo caso omiso a Hacienda y a nuestras alegaciones y negándose a recibirnos presenta los presupuestos con una partida de 20 millones».

Una partida que se incrementa en 2023 a 35 millones por petición de Bildu, pero se rechazan las enmiendas de Ciudadanos y PP que pedían 100 millones para ajustar ese presupuesto a la realidad.

Reunión con la Fiscalía

Tras interponer esta denuncia, los representantes de Avite se reunieron el pasado jueves 18 de mayo con la fiscal Pilar Fernández Valcarce para profundizar en el posible delito de prevaricación en el que «se estaría incurriendo por parte de miembros del Gobierno» por no incluir para la elaboración de las sucesivas leyes de presupuestos del Estado desde 2018 la partida presupuestaria necesaria para cumplir con la LGPE 6/2018 -D.A. 56ª- para el pago de las ayudas a los afectados por talidomida.

«La sensación que tuvimos es que la reunión sirvió para cambiar la idea preconcebida de la fiscal de que este es un asunto meramente político, y que por tanto depende de cuándo quiera el Gobierno cumplir la ley a su antojo», relata Rafael Basterrechea tras la salir del encuentro.

«Lo que se le dejó claro es que se están falseando los datos para elaborar los presupuestos del Estado, con la consecuencia en la práctica de que nunca se puede cumplir la ley, porque nunca se puede aprobar el RD, porque el Ministerio de Hacienda nunca le da el visto bueno por faltar presupuesto», hace hincapié el vicepresidente de Avite, que señala que en tres semanas se conocerá si finalmente la Fiscalía admite a trámite la denuncia.

Uso actual de la talidomida

Entre 1950 y 1985, miles de mujeres embarazadas tomaron talidomida –que se facilitaba sin receta– para combatir las náuseas o mareos. También fue dispensado para tratar el insomnio, ya que carecía de los efectos adversos de los barbitúricos y no producía adicción. Poco después de su introducción en el mercado, «se produjo un incremento de niños nacidos con focomelia» y otras alteraciones genéticas graves.

En España los primeros casos de afectados por el consumo de talidomida empezaron a aparecer en el primer trimestre de 1960. Sin embargo, no se retiró del mercado hasta 1985, 22 años después que en el resto de los países donde se comercializaba, donde fue retirada en 1963 (según la Orden de 13 de mayo de 1985 sobre medicamentos sometidos a especial control médico en su prescripción y utilización, la talidomida se siguió suministrando hasta 1985 en ámbito ambulatorio). En ese periodo, en nuestro país nacieron unos 3.000 niños con focomelia (extremidades más cortas o atrofiadas) o amelia (falta de extremidades). Se calcula que en todo el mundo fueron 50.000 personas.

Desde el pasado 2 de febrero, la talidomida se comercializa de nuevo en España después de 38 años fuera del mercado. Su única indicación autorizada, tal y como señala la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), es de forma combinada con melfalán y prednisona para tratar a pacientes con mieloma múltiple no tratado, siempre que estos tengan más de 65 años y que no sean aptos para recibir quimioterapia a altas dosis. Además, se dispensará solamente en los hospitales.

Además, desde la Aemps, señalan que «debido al riesgo de producir malformaciones congénitas, el uso de talidomida está contraindicado en mujeres embarazadas». Sin embargo, en caso de tener que ser ingerido en «mujeres con capacidad de gestación» estas tendrán que usar un método anticonceptivo eficaz antes de iniciar el tratamiento, durante el mismo y hasta al menos las cuatro semanas siguientes a finalizarlo y realizarse pruebas de embarazo antes de iniciar el tratamiento, cada cuatro semanas durante el mismo y cuatro semanas después de terminarlo.

En cuanto a los pacientes varones y dado que la talidomida se encuentra en el semen, la Aemps informa que deberán utilizar preservativo si mantienen relaciones sexuales con una mujer con capacidad de gestación que no utiliza un método anticonceptivo eficaz y no podrán donar semen durante el tratamiento ni durante los siete días tras finalizar el mismo.