Nueva polémica en las oposiciones a Policía: investigan el intento de robo de un examen
La Policía Nacional investiga a un subinspector que intentó hacerse con el examen un mes antes de las oposiciones, cuando reparaba una fotocopiadora
Exámenes de oposición a la Policía Nacional. | TO
Nueva polémica en las oposiciones a la escala básica de la Policía Nacional. La Dirección General del Cuerpo investiga un presunto intento de robo de la prueba teórica a la que se presentaron más de 17.000 aspirantes. Una tentativa que se habría producido un mes antes de la realización del examen, a manos de un inspector de Policía cuando intentaba arreglar la máquina en la que se estaban fotocopiando miles de copias del test, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE a través de distintas fuentes policiales.
Los hechos ocurrieron el pasado 30 de marzo en el servicio de reprografía de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, departamento encargado de todo el proceso selectivo en las oposiciones. En un momento determinado, la máquina que realizaba las copias del examen teórico, la segunda prueba que los aspirantes deben superar tras la física, presentó un fallo. Al advertirlo, dos trabajadoras, únicas responsables de las impresiones, llamaron al encargado de los aparatos para que lo solucionase.
Poco después, el funcionario se presentó en la sala y reparó la fotocopiadora. Sin embargo, las otras dos empleadas se percataron de que guardaba algo en su bolsillo. Al instante, ambas le preguntaron qué guardaba, pero el agente se negaba a dar mostrarlo. Descartaba, eso sí, que llevase escondido algo. Así las cosas, decidieron llamar a sus superiores del área de Formación. Una vez allí, dos inspectores registraron toda el espacio y hallaron una copia de la prueba arrugada en una esquina.
En ese momento, el subinspector ya no tenía ningún bulto en el bolsillo. Tras advertirlo, según pública Nius, los dos policías rellenaron un escrito detallando lo ocurrido, haciendo constar la denuncia de las dos empleadas de reprografía. Un suceso que ahora, tras la celebración de los exámenes, investiga la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Lo hace, no obstante, de «manera discreta», según esgrimen las fuentes consultadas por este periódico, al no tener pruebas de que el sospechoso pudiese haber intentado robar el test.
No hubo cambios en la prueba
Lo grave de estos hechos, denuncian fuentes sindicales, es que tras tener conocimiento de lo sucedido, la División de Formación descartó cambiar preguntas del examen, pues en teoría el agente habría tenido de tiempo de visionar el contenido de la prueba. Otras fuentes, en cambio, insisten en que no llegó a afectar al proceso selectivo y por eso se tomo la decisión de no realizar modificaciones en las cuestiones.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) confían en «la cadena de custodia que vela por los exámenes, prueba de ello es que en este caso se ha demostrado la dificultad de sustraer el documento». No obstante, señalan a este periódico, «es un hecho grave por el que deben depurarse responsabilidades». «Aunque se haya frustrado, es necesario reforzar las medidas de vigilancia para eliminar cualquier intento».
Caos en la oposición
Esta, sin embargo, no es la única supuesta irregularidad que sale a la luz en el proceso. La división de formación del Cuerpo también dejó fuera de la última convocatoria a más de 100 aspirantes, a los que debía llamar directamente para la última fase, esto es, el examen psicotécnico y la entrevista personal. Y citó, en cambio, a más de 300 candidatos que realmente no lo eran. Según denuncian y publicó THE OBJECTIVE, el departamento de enseñanza convocó a centenares de policías en prácticas o destinados en comisarías.
Los opositores a los que la Dirección General de la Policía ignoró en el proceso son candidatos que no superaron los exámenes de 2019 por las cuatro polémicas palabras del examen de ortografía. Una prueba que tumbó en una sentencia año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y en la que obligaba al Ministerio del Interior a readmitir a casi medio millar de afectados en el proceso más próximo. Un extremo que, según publicó THE OBJECTIVE, el departamento de Grande-Marlaska no ha cumplido.
La cuestión, sin embargo, no quedó ahí. La división de formación que debía coordinar la convocatoria de los afectados por el test ortográfico por dictamen judicial, no solo erró al no llamar a un centenar de ellos, sino que además citó telefónicamente y vía correo certificado a candidatos que no lo eran. «Llamaron a más de 300 para hacer pruebas que ya habían superado. A policías que ya estaban en la calle, en comisarías, patrullando… También a alumnos que ya habían ingresado en Ávila, en la Escuela Nacional de Policía», denunció el abogado Ángel Galindo en declaraciones a este periódico.
