La futura presidenta de los rectores fue diputada del PSOE en las Cortes Valencianas
Eva Alcón asumirá este junio la presidencia de la CRUE, un órgano que ha protagonizado varios choques con el Gobierno en los últimos meses
Eva Alcón fue diputada en las Cortes Valencianas por el PSOE como independiente, así como portavoz de Educación de los socialistas en la cámara autonómica.
La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, se convertirá en unas semanas en la nueva presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Tal y como adelantó hace unos días el diario ABC, la también catedrática de Filología Inglesa es la única candidata a liderar el órgano, por lo que ya sea en primera vuelta, el 6 de junio, como en segunda, hay seguridad de que asumirá el cargo.
Alcón (Castellón, 1963) es profesora de la Universidad Jaume I (UJI) desde 1993, y actualmente catedrática de Filología Inglesa. Antes de convertirse en rectora de este mismo centro, ocupó los cargos de vicerrectora de Ordenación Académica y Estudiantes (2001-2006), y vicerrectora de Relaciones Internacionales (2006-2010). Además de en la UJI, Alcón ha hecho estancias en la Universidad de California, en la de Macquarie o en el Birkbeck College de Londres.
Pero, aparte de por su vida académica, la trayectoria de Alcón destaca por su paso por la política. En concreto, fue diputada en las Cortes Valencianas por el PSOE como independiente, así como portavoz de Educación de los socialistas en la cámara autonómica. En 2017, renunció al acta para centrarse en su campaña por lograr el rectorado de la UJI. Algunas de sus iniciativas parlamentarias en las Corts versaron sobre «la incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria» o «la promoción de la igualdad de género en las enseñanzas de formación profesional».
Choques de la CRUE con el Gobierno de Sánchez
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) es un organismo con una trayectoria de casi tres décadas y formado por 76 universidades españolas, 50 públicas y 26 privadas. Se trata del principal interlocutor entre el sistema universitario y el gobierno central, particularmente en los desarrollos legislativos sobre educación superior.
En los últimos años, la CRUE ha vivido varias desavenencias con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por ejemplo, en abril, la CRUE protestó porque el Proyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas no establece las mismas garantías que se exigen a los títulos universitarios. Los rectores se quejaron de que el Gobierno prevea atribuir «carácter universitario a todos los efectos» a determinadas titulaciones, algo que «no es aceptable» teniendo en cuenta que estos estudios cuentan con «requisitos completamente diferentes» (y, se entiende, menos exigentes) que los universitarios.
Los rectores también han discrepado con el proyecto de real decreto por el que se regula la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU). Por una parte, rechazan que la prueba se ponga en marcha el curso que viene (2023-2024) y piden que se retrase hasta 2025, aduciendo que no hay tiempo para hacer la transición al nuevo modelo. «Se perjudicará gravemente al estudiantado que esté cursando primero de bachillerato», advierten.
Además, la CRUE no está de acuerdo con el Gobierno en aumentar la duración de los exámenes de la EvAU, actualmente fijada en 90 minutos. «Las universidades tenemos experiencia en el diseño de evaluación por competencias y en cómo ajustarlas en tiempo y forma sin causar una fatiga innecesaria al estudiantado», recuerdan, a la par que advierten sobre los efectos negativos que esta medida podría tener sobre los alumnos con necesidades especiales.
Por último, también piden mantener el sistema actual de doble corrección y no incorporar la alternativa de revisión que plantea el Ministerio de Educación. Los rectores señalan que el procedimiento actual «no solo ofrece al estudiantado una mayor agilidad en los procesos administrativos y acorta los tiempos para que el estudiante conozca los resultados finales de su admisión, sino que también ha demostrado que garantiza perfectamente los derechos de estudiantes».
Ley de Universidades
Aunque sin duda la principal acción legislativa del Gobierno de Sánchez ha sido la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en marzo. Uno de los puntos que toca el texto es precisamente el del nombramiento de los rectores, sobre lo que los aludidos apuntan a que «debería concederse a las universidades más libertad para decidir sobre su proceso, procedimiento y requisitos». Además, piden que los candidatos cuenten con «méritos científicos y académicos relevantes que aseguren capacidad y protejan la responsabilidad del cargo del conflicto de intereses».
En un ámbito más financiero, los rectores celebran que la ley de universidades ponga un tope a la precariedad del profesorado, pero opinan que es excesivo que la tasa de temporalidad máxima permitida sea del 8% en el caso de los docentes asociados. Por último, valoran positivamente que el texto establezca un incremento de la financiación pública de las universidades hasta al menos el 1% del PIB, pero advierten de que «debería precisarse mejor en su origen y calendario de ejecución».
