Pilar Llop convoca a los funcionarios de Justicia el martes tras las quejas de los sindicatos
El comité de huelga decidió mantener el paro indefinido que iniciaron hace 10 días pese al adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez
El Gobierno mueve ficha para sofocar la huelga de los funcionarios de Justicia. Ha convocado al comité de huelga el próximo martes a las 12.30 horas para tratar los paros que iniciaron en abril y que hace 10 días convirtieron en indefinidos. La reunión tendrá lugar en la biblioteca de la sede ministerial y no se descarta que asista la ministra Pilar Llop, según han adelantando fuentes sindicales a THE OBJECTIVE.
La convocatoria se produce solo horas después de que los sindicatos anunciaran que van a presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la ministra y el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, por no convocar al comité de huelga. Este considera que se ha vulnerado su derecho fundamental de libertad sindical.
Los funcionarios de Justicia iniciaron sus movilizaciones el 17 de abril con paros parciales diarios y con huelgas de 24 horas en días concretos. Hace 10 días intensificaron las protestas con una huelga indefinida para reivindicar, entre otras cosas, mejoras retributivas. Las negociaciones con el Gobierno continúan varadas desde el 24 de abril, cuando tuvo lugar la segunda reunión entre las partes, que acabó sin acuerdo.
Guerra en Justicia
El comité de huelga decidió mantener la huelga indefinida a pesar del adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez. Consideraban que la decisión del Gobierno no cambiaba nada porque el Ejecutivo seguirá «en plenas facultades de sus competencias» hasta después de las elecciones. «No existe impedimento legal para negociar la resolución del conflicto. De hecho, existen precedentes de acuerdos firmados semanas antes de unas elecciones en 2008 y 2018», afirmaban en un comunicado.
Los representantes de los trabajadores exigían al Ministerio de Justicia que «no utilice el anuncio realizado por Sánchez para escabullirse de su responsabilidad». El departamento que dirige Llop ha recogido el guante este jueves y ha convocado al comité de huelga el próximo martes a mediodía para tratar el fin de la huelga. La cita se producirá en San Bernardo, 45, el edificio en el que se encuentra la ministra, por lo que los trabajadores no descartan su presencia.
Llop ha sido criticada por los funcionarios de Justicia por «desatender» sus obligaciones. En plenas protestas, la ministra apareció vestida de flamenca en la Feria de Abril. En Sevilla realizó unas declaraciones que soliviantó a los trabajadores, que pidieron su dimisión. Entonces afirmó que no era el momento de ir a la huelga y aludió a una crisis económica para negar el aumento salarial que demandan estos profesionales.
Los sindicatos reclaman un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes, una subida «en línea» a la que consiguieron los letrados de la Justicia tras dos meses de huelga. Además, piden que se paralice la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que plantea el Ejecutivo porque «impone nuevas condiciones laborales sin negociación previa a los 45.000 funcionarios».
Jueces y fiscales
«El Gobierno debería haber previsto la posibilidad de que hubiera un conflicto generalizado en Justicia a partir de la huelga de los letrados de la administración de Justicia y su posterior acuerdo», afirman los representantes de los funcionarios. También critican la celeridad que ha tenido el Gobierno para solventar el conflicto con jueces y fiscales. En su opinión, el departamento que dirige Llop «lejos de solventarlos de una forma global decidió abordarlos de manera separada».
El comité de huelga ha afeado en las últimas semanas al Ministerio de Justicia que se hay priorizado las demandas de otros colectivos mientras a ellos, «el personal que menos cobra y que más efectivos aporta al funcionamiento del servicio», no les llamara a negociar. El departamento de Llop defendió que se reuniría con los funcionarios tras cerrar el conflicto con los jueces, algo que sucedió el 23 de mayo, pese a la negativa del sindicato mayoritario.