Policías y guardias civiles protestarán contra Marlaska por su «abandono» en Cataluña
Cientos de agentes se concentrarán frente a la Jefatura de Cataluña para reclamar al ministro la reactivación de pluses para los agentes en Cataluña
Antidisturbios en las calles de Barcelona, en septiembre de 2021. | EP
Fin de legislatura turbulento para el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Policías y guardias civiles saldrán a las calles de Barcelona el próximo 9 de junio para protestar contra el Ministerio del Interior por el «abandono institucional» de los agentes en Cataluña. La convocatoria, que firman el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), las organizaciones decanas de ambos cuerpos, tiene como objetivo reactivar la declaración de la comunidad autónoma como Zona de Especial Singularidad (ZES). Una de las promesas del titular de Interior que, sin embargo, hace dos semanas descartó por «no ser necesaria».
Las dos organizaciones reclaman esta figura —pluses y otras medidas laborales que incentiven las peticiones de destino— para los agentes en Cataluña por la peligrosidad y la penuria a la que están expuestos tras el proceso independendista y los problemas que ha desencadenado de una parte de la sociedad catalana hacia estos funcionarios. El área de Grande-Marlaska también estudiaba este cambio para el Campo de Gibraltar por la lucha del narcotráfico, y en Baleares, pero ambas han sido igualmente declinadas.
En enero del pasado año, el Ministerio del Interior trasladó a los sindicatos que el estudio de los ZES estaba muy avanzado. De hecho, según trasladaron fuentes de este departamento, estudiaban un «modelo genérico» que pudiese aplicarse a distintas regiones. Meses después, la postura es totalmente contraria.
«Se informa que el Ministerio del Interior mantiene un estudio permanente sobre la posibilidad de establecer medidas en determinadas zonas del territorio español que, por su especial singularidad, permitan ajustar los cometidos del Estado a la singular realidad social que presentan y, en este momento, no es necesario establecer nuevas ZES en territorio nacional». Fue la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del Partido Popular.
Agentes procesados por el 1-O
Por otro lado, con esta concentración, que tendrá lugar frente a la Jefatura de Policía Nacional en Cataluña, policías y guardias civiles también «quieren recordar a toda la ciudadanía la pasividad del Gobierno en la defensa y diálogo con los 45 agentes procesados por todo lo ocurrido el 1 de octubre de 2017, fecha en la que se celebró el referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña.
En febrero, cinco años después de los hechos, el juez concluyó la instrucción sobre las cargas policiales durante el referéndum ilegal y decidió sentar en el banquillo a este grupo policías, a quienes acusa de delitos de lesiones y torturas. De ser condenados por este último, supondría su expulsión inmediata del Cuerpo.
«Esto es lo que quieren, es a lo que juegan, a condenarnos psicológicamente mientras avanza el proceso judicial, aunque seamos después absueltos. Ya han pasado cinco años, ahora quedan por delante al menos otros 15 imputados por esos delitos, entre instancias y recursos, hasta que todo llegue al Tribunal Supremo», señalaban algunos de estos agentes, en conversación con THE OBJECTIVE.
«No hay apoyo de Interior»
El sentir de la mayoría, según revelaron, es el de una «total desesperanza». No solo a raíz del auto en el que el juez concluye que los responsables del operativo «no cumplieron sus obligaciones de supervisión», y sus subordinados actuaron de forma «desproporcionada; sino desde hace años. «Nosotros actuamos respaldados por nuestros jefes, pero después, todos se limpiaron las manos. La prueba es no hay nadie con traje ni ningún alto mando imputado. Ahora no hay apoyo de Interior, nos sentimos derrotados», declararon.
1.200 fueron los policías que, bajo las ordenes del Ministerio del Interior, se desplegaron el 1-O en Cataluña para evitar el referéndum ilegal. Hoy solo 150 de ellos permanecen en las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios. En otras palabras, casi el 88% ha dejado la plantilla y ha pedido traslado a otra unidad.
