Ni agentes de autoridad ni pluses en Cádiz ni ayudas en Ibiza: las promesas 'fake' de Marlaska

En un cajón. Ahí es donde se ha quedado la mayoría de cambios, algunos en forma de ley, que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se comprometió a llevar a cabo para los funcionarios en esta legislatura. Está, por ejemplo, el de dotar de la condición de agentes de autoridad a los trabajadores penitenciarios, una proposición de ley del PSOE aprobada en el Congreso hace más de un año y que nunca ha llegado a más. También la promesa de declarar Zonas de Especial Singularidad el Campo de Gibraltar (Cádiz) o Cataluña; o la de implementar medidas para el alquiler de los agentes en Baleares, cuando deben utilizar la mayoría de su salario para pagar la renta.  

Cinco años después de haber cogido las riendas del Ministerio del Interior, su titular apenas ha implementado reformas significativas para mejorar el trabajo de las fuerzas de seguridad o el colectivo de funcionarios de prisiones. Si bien es cierto que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘ley mordaza’, no salió adelante en la Cámara baja, tal como reclamaba gran parte de los agentes, este intento de modificación fue a expensas de partidos políticos, en concreto del PNV. Grande-Marlaska siempre defendió que su área era ajena a la tramitación de todos los cambios que se planteaban. 

Agentes de autoridad

El pasado mes de septiembre, el ministro aseguró en una visita a la prisión de El Dueso, en Cantabria, que los funcionarios de prisiones eran una de sus «prioridades» y que mantenía un diálogo permanente con ellos. Ese mismo día, también afirmó que la proposición de ley para modificar el estatus de estos profesionales «estaba en su trámite final». La realidad, sin embargo, es que no se ha llevado a cabo ningún otro trámite parlamentario para sacarla adelante. Los sindicatos han acusado a Marlaska de «manipular» y «mentir» y le han pedido en numerosas ocasiones que retomase este cambio. 

Ahora, la disolución de las Cortes y el fin precipitado de la legislatura ha dejado pendientes de aprobación decenas de leyes que se encontraban en tramitación, también las que apenas se habían avanzado, como es el caso de la del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. 

A través de esta propuesta, reclamada por todo el colectivo, se pretendía dar a los trabajadores seguridad jurídica en el trabajo que realizan y evitar así que se dicten decisiones judiciales dispares. Este cambio legal establecía también que, en caso de procedimientos disciplinarios sancionadores, los informes emitidos por los funcionarios que hubiesen presenciado los hechos constituirían base suficiente para adoptar la resolución que proceda salvo prueba en contrario. Además, se establecía que la Administración debía resarcir económicamente a los trabajadores por los daños sufridos en acto de servicio.

ZES

Otra medida en que trabajaba el Ministerio era la de de declarar como Zona de Especial Singularidad (ZES) las regiones de Cataluña o Campo de Gibraltar. Esto se traducía en pagar una serie de pluses a los agentes de Guardia Civil o Policía Nacional en estas regiones, donde existe un déficit de personal desde hace años, bien por conflictos políticos o sociales, como es el caso de la comunidad autónoma catalana, o bien por el riesgo que conlleva el trabajo de los agentes, como ocurre en Cádiz en la lucha contra el narcotráfico.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por THE OBJECTIVE aclararon hace un año y medio que «el estudio estaba muy avanzado», pero todavía no se había tomado una «decisión final». «Cuando se concluya el estudio, tendremos que ver cómo se puede hacer. Se está trabajando en un modelo genérico que luego sea aplicable a regiones como Cataluña, País Vasco, Cádiz o Baleares en las que es necesario incentivar la cobertura de plazas», apuntaron. 

La postura de este departamento ahora, sin embargo, es totalmente contraria. En respuesta a una pregunta parlamentaria del PP sobre el punto en que estaba la implementación de los ZES, hace dos semanas Interior aclaró que «en este momento, no era necesario establecer ninguna». «Se informa que el Ministerio del Interior mantiene un estudio permanente sobre la posibilidad de establecer medidas en determinadas zonas del territorio español que, por su especial singularidad, permitan ajustar los cometidos del Estado a la singular realidad social que presentan y, en este momento, no es necesario establecer nuevas ZES en territorio nacional», esgrime la contestación del Gobierno. 

Alquiler en Baleares

Por otro lado, las medidas para paliar los problemas del alquiler de los agentes de Policía y Guardia Civil en Baleares también han caído en saco roto. Con motivo de su visita a la comunidad autónoma, el pasado 24 de abril, su titular, Fernando Grande-Marlaska aseguró que en cuestión de dos semanas se «darían a conocer algunas medidas estructurales para tratar de garantizar el derecho a la vivienda de policías y guardias civiles». Lo hacía tras varios meses en los que asociaciones y sindicatos policiales habían denunciado las dificultades para pagar el alquiler que tenían —y todavía tienen— los agentes.

Cumplido ese plazo, desde el área de Grande-Marlaska evitaban poner fecha al supuesto plan para paliar las dificultades de los funcionarios policiales. Insistían en que «no eran públicas» y «se anunciarían en su momento». Estas mismas fuentes excusaron el retraso de las mismas por las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. «En periodo electoral no se pueden hacer anuncios, cualquier medida se comunicará después de las elecciones», sostenían.

Ahora, con la convocatoria de los comicios generales, el plazo se estira aún más, y las garantías de que se implementen medidas son prácticamente inexistentes. El principal problema al que se enfrentan no solo los policías y guardias, sino también otros funcionarios como profesores, enfermeros o médicos en las islas es que las opciones del alquiler son limitadas, y cada vez más caras por la turistificación. Esto es, que, de por sí, hay pocas, y que la mayoría de contratos que se ofrecen son de octubre a mayo, eliminando el verano, cuando la comunidad autónoma se llena de turistas.