Las prostitutas exigen la creación de un observatorio nacional sobre el sector
La Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución envía una propuesta legislativa a todos los partidos políticos para que la estudien antes el 23-J
La Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución protesta contra la ley impulsada por el PSOE ante la sede de Ferraz. | Europa Press
La Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución, que aglutina a miles de prostitutas, va a entregar a los partidos políticos que concurren a las elecciones una propuesta legal «que proteja el trabajo de las personas que libremente eligen dedicarse al trabajo sexual, y que de al sector un marco de estabilidad legal». En la iniciativa, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en exclusiva, se recoge como medida estrella la creación de un observatorio nacional «no politizado» que cuantifique y analice las cifras relativas al sector de la prostitución.
Las prostitutas están poniendo el vendaje antes de la herida. Todavía no saben qué partidos políticos gobernarán tras el 23 de julio, así que quieren incitar a los futuros gobernantes a considerar sus propuestas, condicionando a ello su voto.
«Ante la convocatoria electoral, la Plataforma va entregar en los próximos días en las sede de todos los partidos que concurren a las elecciones una propuesta legislativa. En el ejercicio de las libertades y los derechos políticos que nos asisten en la Constitución, pedimos a los partidos que se pronuncien sobre esta propuesta. Su respuesta determinará la recomendación de voto para las miles de personas afectadas», anuncian fuentes de la plataforma a este medio.
Durante la pasada legislatura, la iniciativa de reforma legal planteada por el PSOE, y asumida por el PP, supuso «la amenaza de enviar a la clandestinidad» a las más de 120.000 personas que, según cálculos de organismos públicos (Seguridad Social y Agencia Tributaria) y expertos académicos, se dedican al trabajo sexual en España. «Otros miles de empleos indirectos se han visto amenazados por una ofensiva puritana y punitiva que no ha tenido en cuenta las consecuencias criminales que han tenido leyes similares en países como Francia, Suecia, Irlanda o Noruega», abundan.
«Es nuestro derecho conocer de antemano sus programas en materia de libertades, y sus intenciones para la próxima legislatura», consideran las prostitutas, que quieren «claridad»: «Con la legislatura concluida de forma abrupta por la convocatoria anticipada, tenemos derecho a saber si mantienen su impulso punitivo. Esa respuesta determinará nuestro voto y nuestras próximas acciones».
En las pasadas elecciones autonómicas y municipales, pidieron el voto para Ciudadanos. Ahora, huérfanas de partido, las trabajadoras sexuales buscan nuevos representantes de sus intereses. Si no los encuentran, y si tanto el PSOE como el PP continúa con su «impulso punitivo», volverán a tomar las calles a finales de año.
El decálogo de la propuesta
La propuesta que presenta la Plataforma se puede resumir en el siguiente decálogo.
1) Solicitamos la creación de un observatorio nacional del trabajo sexual que cuantifique y analice la realidad del trabajo sexual en cifras y variantes y desde un prisma experto no politizado. Se ha pretendido legislar sobre cifras falsas y sobre el desconocimiento de un sector que no ha sido escuchado, a pesar de que hemos estado abiertos a políticos y medios de comunicación.
2) Pedimos que se arbitren vías de representación y acción representativa no basadas en la obligación de exponer la identidad real y la imagen personal en los espacios políticos de debate y legislativos.
3) La particularidad del trabajo sexual como actividad remunerada pero a la vez íntima y privada no son compatibles con procesos regulatorios que exijan exponer la identidad real de los trabajadores, y eso es aplicable en los ámbitos fiscales, contables y de control de la salud. Pedimos explorar vías de regularización que ofrezcan una barrera de protección de identidad a los trabajadores sexuales frente a la administración.
4) La administración aborda el trabajo sexual desde ámbitos normativos diversos: estado, autonomías y ayuntamientos. Los derechos del trabajo sexual no pueden depender de 8000 ordenanzas municipales distintas o de 17 leyes autonómicas diferentes. La pertenencia a una nación de personas libres e iguales nos lleva a pedir cohesión territorial en nuestros derechos y libertades.
5) Pedimos que el trabajo sexual sea una actividad protegida cuando se ejerce en libertad, reconocida y tutelada con los mismos derechos y obligaciones que tienen el resto de trabajadores.
6) Pedimos también un debate sincero sobre migración y trabajo sexual. Un estado no puede condenar a la clandestinidad a sus ciudadanos mientras estéticamente pretende minimizar las deportaciones. Las reglas de la nacionalidad han de ser claras, justas e igualitarias.
La Plataforma presume de haber desarrollado durante el último año «un ejercicio de transparencia, de puertas abiertas, para que medios de comunicación y políticos se acerquen a nuestro trabajo, y lo miren de cerca, sin prejuicios ideológicos», y celebran que «son muchos los que lo han hecho». «Y esa cercanía ha propiciado un cambio de actitud en parte de la sociedad», abundan.
«Nuestra propuesta va en el sentido de avanzar en ese camino, para que no sea el tipo de trabajo de las personas, ni el estigma social que sufren, el criterio con el que se aplican a se niegan las libertades», zanjan en respuesta a THE OBJECTIVE.
