Impagos en cinco prisiones: una subcontrata lleva tres meses sin pagar a las limpiadoras
Trabajadoras de los las prisiones de Segovia, Huelva, Córdoba, Menorca y Valdemoro denuncian impagos desde abril
Una trabajadora limpia la fachada del Congreso de los Diputados. | EP
Segovia, Menorca, Huelva, Córdoba y Madrid III, en Valdemoro. Las trabajadoras del servicio de limpieza de estas cinco prisiones acumulan ya más de tres meses sin cobrar su nómina, según denuncian algunas afectadas a THE OBJECTIVE. Sin dar mas explicación, la empresa que resultó adjudicataria del contrato de limpieza de oficinas y otras dependencias de las mencionadas cárceles, en todos casos la misma, Do Not Look Back SL, dejó de pagar a estas profesionales en mayo. En algunos casos, no obstante, los impagos se extienden también al mes de abril.
Se trata de impagos que han venido precedidos, cuentan trabajadoras de la prisión madrileña, de retrasos en el abono de las nóminas de enero, febrero y marzo. La mencionada compañía, además, nunca les ha pagado el mes completo. «Siempre nos han pagado como 100 euros menos. La situación que estamos viviendo ahora es terrible. Vamos a empezar a coger la baja, estamos muy hundidas. No podemos seguir así. De seis trabajadoras solo estamos dos, la suciedad se acumula y sin cobrar, pues imagínate…», relata una empleada de Madrid III.
A mediados de mayo, estas profesionales recibieron una notificación de la Seguridad Social en la que se les comunicaba el cambio a una nueva empresa: Yaunde SL. Se pusieron en contacto con la dirección de la anterior y les señalaron que «se debía al fallo de un funcionario» y «pronto todo volvería a la normalidad». No fue así. El administrador único de esta sociedad es el mismo que la de Do Not Look Back SL, Manuel B.M. y, según ha podido comprobar este periódico en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), se ha declarado insolvente hasta en cuatro ocasiones en lo que va de año.
Inspección laboral
Ahora, indican algunas afectadas, los responsables de estas compañías ni siquiera contestan a sus llamadas. «Están desaparecidos», critican. En el caso de Valdemoro, el sindicato Acaip-UGT ha iniciado acciones contra esta sociedad por incumplir el pleno de prescripciones técnicas del contrato de servicio de limpieza, que Interior le adjudicó apenas hace seis meses.
Esta organización ha enviado un escrito a la Subdirección General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias para que ponga fin a la situación que sufren las limpiadoras de la prisión. «La situación es muy grave y requiere de una intervención urgente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Es su responsabilidad exigir el cumplimiento de los contratos firmados, y aplicar las penalizaciones que correspondan según la ley de contratos del sector público».
El siguiente paso, prosigue Acaip-UGT, es que el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz ponga en conocimiento de la inspección de trabajo el incumplimiento de la empresa en relación con la nómina de las trabajadoras «que llevan varios meses sin cobrar y no saben cuando van a poder cobrar dada la insolvencia de la empresa». En las otras prisiones afectadas, por ahora, no se ha realizado ningún movimiento. Las empleadas, señalan sus compañeras, «tienen miedo de quedarse o de aparecer en la prensa y quedarse sin trabajo más adelante, cuando se le dé el contrato a otra empresa».
Carta a Interior
Hace unos meses, estas profesionales también enviaron una carta al departamento dirigido por Grande-Marlaska en la que denunciaban impagos y retrasos desde hace casi una década con las distintas empresas a las que se les ha adjudicado el servicio de limpieza. Las profesionales califican de «intolerable» esta situación pues, «teniendo conocimiento de esto, el órgano de contratación», esto es, la Instituciones Penitenciarias o el Ministerio del Interior, «ser permisivos con ella puede dar lugar a contribuir a un escenario en el que las trabajadoras están siendo explotadas y sus derechos laborales violados».
La realidad que esconde este escenario, según denuncian en el escrito estas limpiadoras, es un beneficio directo para la administración. De este forma, argumentan, «obtienen un ahorro para su erario a base de otorgar contratos públicos guiándose exclusivamente por el criterio económico y adjudicando el contrato a la oferta económicamente más ventajosa, sin tener en cuenta que en muchos casos, estas ofertas no son sostenibles ni realistas en términos de costes reales de los servicios ofrecidos».
Otra cuestión a la que se han enfrentado estas trabajadoras es que cuando se acerca el plazo de vencimiento del contrato, las empresas dejan de pagar a sus trabajadores y entran en liquidación. Poco después, se vuelven a presentar a licitaciones posteriores bajo a otra apariencia: una jurídica diferente, y otro nombre y razón social. «Esto no puede continuar así, el Gobierno debe garantizar unas condiciones dignas de las trabajadoras», demandan.
Por otro ello, además de volver a recurrir a la vía judicial para reclamar sus nóminas de 2023, a través de este escrito, solicitan al Ministerio del Interior que intervenga para que a través de un mecanismo elabore «un protocolo de contratación» o un código de buenas conductas» que evite la repetición de estas dinámicas laborales y del todo anómala en la adjudicación de los contratos a las empresas.
