Varapalo judicial a Interior: deberá renegociar la equiparación salarial con policías y guardias
La Audiencia Nacional ordena al departamento dirigido por Grande-Marlaska cumplir con la tercera y octava cláusula del acuerdo
Agentes reclaman mejoras salariales en Madrid. | EP
Varapalo de la Audiencia Nacional al Ministerio del Interior. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 3 ha estimado el recurso de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y ha ordenado al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska a renegociar el acuerdo de la equiparación salarial tras incumplir las cláusulas tercera y octava. Este extremo, según reza la sentencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, deberá ser acatado por Interior siempre y cuando el Gobierno no apruebe un proyecto de ley que recoja las demandas ecónomicas de los sindicatos.
En un acuerdo histórico, en 2018, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, firmó la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con cuerpos autónomicos. Un compromiso de 800 millones de euros por el que los agentes vieron incrementado su salario progresivamente en los tres años siguientes. Los sindicatos, sin embargo, siempre han denunciado que el convenio firmado no supuso una equiparación real. En sucesivas protestas en la calle, los agentes han criticado que mossos o ertzainas siguen cobrando hasta 600 euros más de pensión que un policía nacional.
Las dos organizaciones policiales acudieron a los tribunales en octubre de 2021 ante la inactividad de la Administración en la relación con el incumplimiento de estas dos cláusulas. Un compromiso que la Secretaría de Seguridad de Estado, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado en enero de 2022, se negó a trasladar al Consejo de Ministros, tras la petición de la AUGC.
De este modo, Interior ha eludido destinar 100 millones de euros durante tres ejercicios económicos para el reingreso de los agentes en segunda actividad al servicio activo, tal como recoge el tercer punto del acuerdo; y el compromiso de promover la aprobación de una ley que evite disfunciones salariales entre los cuerpos policiales españoles en el futuro, que recoge el octavo.
«Tiene que ser efectiva cuanto antes»
En el fallo, el tribunal señala que el Ministerio del Interior «habrá de procurar, con todos los medios a su alcance cumplir con las obligaciones y compromisos adquiridos». Aunque, señalan los magistrados, «no le es jurídicamente exigible que consiga la tramitación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado que incluya entre sus partidas las necesarias para cumplir con el incremento retributivo», estos compromisos pueden «ser asumidos por el Gobierno de España».
«La prioridad es que la equiparación tiene que ser efectiva en las nóminas de los policías y los guardias civiles cuanto antes», insiste el juzgado. No obstante, matiza, al precisarse de una ley presupuestaria, es el Ejecutivo quien debe presentar un proyecto de ley, a instancias de Interior, que recoja el cumplimiento total del acuerdo. De no incorporarse a esta norma lo acordado, los magistrados indican que Interior deberá iniciar una «renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes». Estas son las organizaciones de policías y guardias y civiles.
