Marlaska abre la puerta a quitar competencias a la Guardia Civil en al menos tres ciudades
Mandos de la Guardia Civil temen que la Policía les robe competencias en lugares donde ha aumentado la población
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | EP
La orden aprobada por el departamento de Fernando Grande-Marlaska no solo atribuye más funciones a la Policía Nacional en la gestión de fronteras. También pone en riesgo las competencias de Seguridad Ciudadana que la Guardia Civil desempeña en al menos tres ciudades españolas, según denuncian fuentes de la Benemérita a THE OBJECTIVE. Todo parte de la construcción de la comisaria local de Policía Nacional en Roquetas de Mar, en Almería, un puesto que hasta ahora era demarcación del Instituto Armado.
En la norma, que actualiza la estructura orgánica y funciones de la Policía Nacional, se incluye a Roquetas de Mar dentro de la jurisdicción de este cuerpo. Interior ha agilizado los trámites necesarios para la construcción de la futura comisaría, según reza el Boletín Oficial del Estado (BOE); y cuando esta se concluya será la Policía quien ostente las competencias de Seguridad Ciudadana en la ciudad almeriense en detrimento de la Benemérita. En el artículo 22 del texto, la Secretaría de Estado de Seguridad, que firma la orden, subraya que en Roquetas de Mar la comisaria local «tendrá las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la Policía Nacional en su demarcación territorial».
Lo que establece la competencia de determinadas áreas como la Seguridad Ciudadana o la Policía Judicial, encargadas de prevenir delitos y garantizar la seguridad, y de investigar delitos como homicidios o narcotráfico, respectivamente, a uno u otro cuerpo es la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: «Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine (…) La Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y su mar territorial». En cualquier caso, hay excepciones. En el curso de una investigación, por ejemplo, el juez puede decidir que ambas policías trabajen de manera conjunta.
Torrevieja y Rivas
La polémica, sin embargo, se posa sobre aquellos lugares en que ha aumentado la población en los últimos años, como es el caso de Roquetas: en los próximos meses, bajo jurisdicción de la Policía. Mandos de la Guardia Civil interpretan este movimiento como «un posicionamiento de la Policía Nacional para asumir también competencias en ciudades que han crecido, como Torrevieja (Alicante) y Rivas (Madrid)», donde ahora está el Instituto Armado.
«Con esta orden, la Policía se posiciona claramente para absorber funciones en otras regiones en el futuro, cuando lo que hasta ahora se había defendido era mantener el ‘status quo’ entre los dos cuerpos. Otro ejemplo es Luarca, en Asturias, que con 5.000 habitantes, también tiene comisaría local…», critican.
Puertos y aeropuertos
En paralelo, la orden de Marlaska también ha sido un jarro de agua fría para la Guardia Civil respecto a sus competencias en la gestión de fronteras. Tanto que existe temor por que el Cuerpo pierda peso en los aeropuertos. Distintos mandos también trasladan a este diario su «indignación» y «preocupación» por la posible pérdida de competencias en la «zona aire», la que hay antes de superar los controles de entrada a España en las bases aéreas.
La norma dictada por el Ministerio del Interior atribuye funciones de vigilancia en ese espacio a la Policía, donde, por otro lado, la Guardia Civil tiene competencias de control aduanero y fiscal, además de la seguridad ciudadana. Este cambio, indican las mismas fuentes, puede suponer un primer paso para la salida de los guardias civiles de los aeropuertos y «una gran pérdida de operatividad del Cuerpo», pues es, en gran medida, donde los agentes pueden desarrollar operaciones a nivel internacional.
«Hasta que los ciudadanos no salen de las puertas automáticas del aeropuerto a la zona donde están sus familias, nosotros somos la autoridad, podemos revisar equipajes, etc. Si nos quitan esa función, llevar a cabo operaciones no sería posible. De de ser así, sería triste para la Guardia Civil porque es muy eficiente», señalan.
Recurrirán la norma en el juzgado
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) critica que esta modificación podría suponer «el destierro» de miles de guardias civiles que ejercen sus cometidos en los puertos y aeropuertos de toda la geografía nacional. «¿Qué va a pasar ahora? ¿Compartimos competencias? ¿Se encarga el primero que llegue? La Policía Nacional lleva tiempo haciendo campaña por la vigilancia de las fronteras, por el concepto de la custodia, cuando la seguridad ciudadana es competencia de la Guardia Civil», critican desde esta asociación.
Entre tanto, la AUGC, que recurrirá la norma en los tribunales, recuerda que la decisión del Ministerio contraviene el Real Decreto 734/2020, que, insisten, dice que solo la Guardia Civil está facultada para intervenir en la vigilancia de las fronteras exteriores. «De esta manera se hace entrega de todas las competencias de seguridad en puertos a Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, tanto en zona pública como en zona restringida, incumpliendo la ley al quitar a la Guardia Civil la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos, y relegándola únicamente a una presencia testimonial como resguardo fiscal», critica Pedro Carmona, portavoz de esta organización.
