Denuncian ante Anticorrupción a la cúpula de la Policía por el restaurante ilegal de la UIP

Varios agentes han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a parte de la cúpula de la Policía Nacional por la gestión del restaurante ilegal ubicado en la jefatura de las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, en Madrid. Un establecimiento abierto en estas dependencias desde el año 1989, en el que trabajan distintos agentes de la UIP, y que funciona sin licencia y a través de una contabilidad opaca, según desveló THE OBJECTIVE en marzo. Los denunciantes piden que se abra una investigación y señalan, entre otros, presuntos delitos de prevaricación, apropiación indebida, defraudación tributaria y contra la salud e higiene en el trabajo por parte de distintos mandos. 

En la denuncia, registrada hace una semana en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, a la que ha tenido acceso este periódico, se señala como presuntos autores de los delitos que «se vienen cometiendo de manera continuada en las instalaciones policiales» al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; y a los mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP): el comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro Estévez y el comisario jefe de las UIP, Javier Orcaray. Tanto «por conocer dicho restaurante y no tomar las medidas oportunas para cerrarlo», como, en el caso de los últimos, «por lucrarse con dicho establecimiento», detallan en el escrito. 

El restaurante, sito en el complejo policial de la calle La Tacona S/N, en el barrio madrileño de Moratalaz, está abierto «de lunes a viernes, sin excepción, de 6:30 a 16:00 horas (…) y se encarga de vender desayunos por la mañana, bocadillos al medio día y comidas desde las 12:30 a las 16:00 horas», según reza la denuncia. «Da servicio a cualquier funcionario, no solo a los pertenecientes a Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Municipal». Es decir, también acuden al comedor otros trabajadores de la Administración, y en ocasiones con acompañantes, señalan.  

Así, prosiguen los denunciantes, el objetivo del establecimiento «es el de obtener el mayor beneficio posible». No es, como ha defendido la Dirección General de la Policía, «el de dar un servicio extraordinario a los miembros de las UIPs». De ser así, critica, «no solo abriría de lunes a viernes», sino «también los fines de semana, cuando por cuestiones de trabajo hay mayor presencia de agentes antidisturbios» en las instalaciones policiales. 

Contabilidad B

En el comedor, los agentes solo pueden pagar en efectivo. De este modo, denuncian los agentes ante la Fiscalía, «no se cobra IVA y no se generan tickets». Por lo que, la Policía «no tributa ni un solo euro»; «todo el dinero que se genera es ‘dinero negro’, se gestiona a través de una contabilidad totalmente oculta». Entre tanto, la media de ‘clientes’ que acude a diario al establecimiento está en torno a los 150 comensales, que pagan unos cinco euros por la comida. Lo que supone «una facturación de 5.000 euros a la semana, y un beneficio de 15.800 euros mensuales» tras la resta del «gasto en alimentos, proveedores y gas» para la jefatura de la UIP.  

Frente a otros negocios del sector hostelero, el restaurante de los antidisturbios no paga alquiler ni nóminas, ya que son los propios antidisturbios quienes se encargan de trabajar como camareros y cocineros del mismo. Pese a que cobran un salario como agentes, incluido un plus por la excepcionalidad de su trabajo en la UIP, estos funcionarios, diez en total, trabajan únicamente en el comedor de las dependencias de Moratalaz. «El comedor es el sueño de cualquier empresario», advierte el escrito, que incluye distintos documentos y pruebas.

Por otro lado, la denuncia también relata cómo es el recorrido del dinero que se obtiene en este ‘bar policial’. En primer lugar, el cajero (un policía) «cobra a los clientes». Después este mismo entrega el dinero de la recaudación al oficial encargado, y este agente, al concluir la jornada, se lo facilita a una subinspectora, «encargada de guardar dicho dinero en la caja fuerte que tiene en su despacho y de los pagos a los proveedores, siempre en efectivo». 

Facturas

THE OBJECTIVE tuvo acceso a algunos albaranes y facturas a través de los cuales la jefatura de la UIP compra los alimentos para el restaurante. Todas ellas, incluidas en esta denuncia, están emitidas a nombre de la Dirección General de la Policía. El código de identificación fiscal (CIF), según se detalla en las mismas, es el de esta institución. La Dirección General figura como «cliente» en todas las facturas, pero solo en algunas se especifica que los productos se han entregado en la sede de los antidisturbios. En ningún caso se concreta que los productos sean para un restaurante o negocio hostelero, como realmente ocurre.

Cabe recordar que todos estos productos se adquieren como materia prima de un negocio que no existe en ningún censo de servicios de hostelería. Según ha podido comprobar este periódico a través del portal urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, no consta que se haya adjudicado licencia de actividad alguna en este complejo policial. Del mismo modo, en los listados del Consistorio sobre la inspección sanitaria de la hostelería madrileña en 2022, así como de años previos este restaurante tampoco consta entre los que han superado este examen obligado por ley. 

«El destino final de los beneficios del comedor es totalmente opaco, siendo su último responsable el jefe de las UIPs, y los mandos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana», insisten en el escrito registrado en el Ministerio Público. Entre tanto, los denunciantes recuerdan, además, que «entre los cometidos de un antidisturbios no está el «de regentar un restaurante o de gestionar grandes cantidades de dinero negro», sino «el de dar protección a la ciudadanía».

Una contrata privada

Los denunciantes califican de «insólito» el restaurante de la jefatura de la UIP habida cuenta de que el resto de establecimientos hosteleros que existen en otras dependencias policiales «son llevados por contratas privadas como indica la Ley de Contratos del Sector Público». «Así se gestiona en el Complejo Policial de Canillas, en la Academia de Policía de Ávila, en el Centro de Formación Policial de Carabanchel… Y es lo que debería ocurrir también en Moratalaz. Nadie busca eliminar el restaurante, se tiene que regularizar», reclaman. 

Con todo, los agentes rechazan la idea de que en Madrid sea necesario un comedor «por lo excepcional de la labor de la UIP», puesto «que también lo sería en el resto de sedes». «Cuando un antidisturbios tiene que viajar, la UIP no lleva una cocina portátil encima. En cualquier destino la jefatura se encarga de buscar hoteles donde duermen y comen sus miembros. Y todo ello se paga con las dietas que la Policía Nacional paga a los agentes. Algo que también ocurre con los UIP con base fuera de Madrid cuando vienen a prestar servicio», explican.  

Por último, el escrito también recuerda que la cocina, ubicada en el sótano del restaurante, donde trabajan los agentes, «no tiene ni un solo control higiénico sanitario» ni «ha sido examen de ninguna inspección» más allá del departamento de Riesgos Laborales de la Policía, que «guiados por un superior de las UIPs no revisaban ni comprobaban ninguna instalación», concluyen.