La prisión de Alicante realizó test de embarazo a varias presas tras la llegada de una reclusa trans
Prisiones niega que alguna presa se quedase embarazada. Funcionarios del módulo admiten que solo hubo sospechas
Polémica con el supuesto embarazo de una expresa del centro penitenciario de Fontcalent, en Alicante. Según apuntan diversas informaciones, la reclusa, ahora en libertad, se habría quedado encinta el pasado mes de febrero después de mantener relaciones sexuales con una presa trans, de nombre Rosalinda, que, tras autopercibirse como mujer, solicitó a la dirección de la cárcel su traslado al módulo femenino. Una petición que vio satisfecha, aunque durante un periodo breve de tiempo, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes penitenciarias de toda solvencia. Estas mismas fuentes, sin embargo, trasladan que no se produjo ningún embarazo, pero sí hubo varias sospechas, razón por la que se realizaron distintos test entre las reclusas.
La reclusa transexual, de origen búlgaro y conocida en el centro penitenciario por sus condenas previas por delitos de robo y contra la salud pública, siempre había cumplido pena en un módulo de hombres. Sin embargo, durante su último ingreso, también en el citado módulo, manifestó que quería cambiar de género. Señaló que se sentía mujer, pidió a los funcionarios de la prisión que se dirigiesen a ella con el nombre de Rosalinda, y, además, solicitó cambiar al módulo femenino.
El problema llegó cuando la dirección de Fontcalent trasladó a la presa trans con el resto de reclusas. Según relatan las fuentes consultadas por este periódico, Rosalinda comenzó a mantener relaciones sexuales con un gran número de presas. La situación se descontroló hasta tal punto que la prisión decidió poner en marcha medidas para que la interna no compartiese tantas horas con sus compañeras. Le asignaron una celda individual y se establecieron dos turnos distintos en las duchas.
Sospechas
Respecto a la posibilidad de que una de las internas, con la que la presa trans supuestamente mantenía una relación sentimental, se quedase embarazada dentro de la prisión alicantina, distintas fuentes penitenciarias difieren. Lo que sí admiten funcionarios del propio módulo de mujeres es que hubo muchas sospechas de posibles embarazos entre distintas internas. Razón por la que se practicaron distintos test para confirmar este punto, también a la novia de Rosalinda. Todos ellos, sin embargo, dieron negativo.
Estas fuentes, no obstante, insisten en que la presa que supuestamente estaría encinta quedó en libertad poco después. En cualquier caso, tras la realización de estas pruebas, el Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento —tal como se denomina ahora—decidió sacar a la reclusa del pabellón femenino y trasladarla de nuevo al módulo de hombres. Rosalinda, que también salió de la prisión hace unos meses, siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con otras internas.
Desde la dirección de la prisión alicantina, según las fuentes consultadas por este periódico, aseguran que el embarazo de la exconvicta «es un bulo». Por otro lado, Instituciones Penitenciarias señaló a este diario el miércoles que no podían entrar en el asunto «por protección de datos» de la población reclusa. En la mañana de este jueves, en cambio, desde el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz niegan que se produjese un embarazo en el módulo de mujeres.
La ‘ley trans’
Entre tanto, esta polémica se enmarca en el lío que existe dentro de las prisiones con el proceder de la autodeterminación de género, que blindó la ley de Irene Montero el pasado mes de febrero. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias estudia todavía una vía que integre esta norma entre las que regulan ya la vida penitenciaria.
Fuentes de este área trasladaron a THE OBJECTIVE en marzo que barajaban, por un lado, incluirla en la instrucción de 2006 sobre la integración de personas transexuales, que ya contempla el cambio de sexo en presos aunque con informes médicos. O, por otro, elaborar una nueva orden que actualice este proceso con la autodeterminación de género.
Ahora, estas fuentes evitan dar información sobre el punto en que se encuentra este trámite, pese a que casi ha pasado medio año desde que el Congreso aprobase la ley impulsada por la ministra Irene Montero. Tampoco aclaran si se han descartado las dos opciones que plantearon en un principio. «No hay nada que trasladar», insisten.
De modo que, teóricamente, en prisión todavía estaría vigente la instrucción de hace 17 años. Según esta última, aprobada en 2006 por la entonces secretaria general Mercedes Gallizo, el proceso para cambiar de sexo puede dilatarse tres meses, entre informes y evaluaciones tanto médicos como de expertos.
No obstante, esta orden permite que la prisión pueda establecer medidas provisionales para garantizar los derechos del solicitante hasta la resolución del expediente. Es decir, que el solicitante pueda ser trasladado a un módulo acorde con su género, como ha ocurrido con Rosalinda.