El drama de 300 limpiadoras subcontratadas por el Gobierno: «No nos pagan desde mayo»
Las empresas adjudicatarias, siempre del mismo propietario, se han declarado insolventes y no pagan a las trabajadoras
Imagen de protesta de nueve trabajadoras de una oficina de Oviedo. | Cedida
«Estamos en un limbo. Nadie nos ayuda, no sabemos ya qué hacer. Llevamos cuatro meses sin que entre dinero en casa». Esta frase resume el sentir de más de trescientas mujeres. Todas ellas trabajadoras del servicio de limpieza de diferentes instituciones del Estado: ocho prisiones, oficinas del Ministerio de Transportes, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), decenas de centros públicos de emprendimiento… Ninguna cobra su sueldo desde el mes de mayo. Sin dar más explicación, las empresas que resultaron adjudicatarias de los contratos de limpieza, en todos los casos la misma o con idénticos administradores, dejaron de pagar a estas profesionales.
Al principio, creyeron que estaban solas. Ahora, tras varios meses se han dado cuenta de que las afectadas por los impagos de este entramado de empresas familiar, en realidad, se cuentan por cientos. «Esta batalla la vamos a ganar entre todas», cuentan decenas de estas trabajadoras en conversación con THE OBJECTIVE.
A mediados de mayo, estas profesionales, dadas de alta en Do Not Look Back SL, recibieron una notificación de la Seguridad Social que les comunicaba su baja en la citada sociedad y su entrada a otras empresas: Yaunde SL, Made For Success SL o Fun Fair SL, entre otras. Todas, de la misma propiedad: Manuel Bargueiras Martínez. Las limpiadoras se pusieron en contacto con los responsables, quienes les explicaron que supuestamente «se trataba de un error de un funcionario» y «pronto todo volvería a la normalidad». No fue así.
Insolventes
Desde entonces, estas afectadas no han vuelto a saber nada más de los que supuestamente son sus jefes, ni de su sueldo, claro. Todas las compañías en que las trabajadoras están inscritas tienen pleitos judiciales abiertos por impagos o se han declarado insolventes, y tienen como administradores o consejeros a personas que siempre comparten los mismos apellidos (J.M. Bargueiras; A. Bargueiras Martínez; L. Bargueiras Suárez; J. Trashorras Bargueiras, etc.), según ha podido comprobar este periódico a través del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y distintas plataformas de consulta para empresas.
Ante este escenario, muchas han decidido seguir trabajando por miedo a que la siguiente empresas que consiga la licitación pública no cuente con ellas, es decir, que las despida. Algunas han cogido la baja porque no aguantaban más, y otras han tenido que buscar otros trabajos porque, directamente, no llegaban a fin de mes. En paralelo, la mayoría ha denunciado a las citadas sociedades ante la inspección de trabajo por incumplir el pliego de prescripciones técnicas de los contratos de servicio de limpieza, que les adjudicaron hace apenas unos meses. En algunos casos, también lo han hecho ante los tribunales.
Limpiadoras de ocho prisiones
Las afectadas son, por un lado, casi dos centenares de limpiadoras de todos los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), dependientes de la Junta de Andalucía; decenas de empleadas en oficinas del Ministerio de Transportes o del SEPE repartidas por toda la geografía y otras tantas en ocho prisiones: Segovia, Menorca, Huelva, Córdoba, Madrid III (Valdemoro), Madrid IV (Navalcarnero), Puerto I y Puerto II (Cádiz). Un escenario que, en el caso de algunos centros penitenciarios, ha desencadenado que sean los propios presos quienes deban limpiar las instalaciones.
Hace unos meses, estas profesionales también enviaron una carta al departamento dirigido por Grande-Marlaska en la que denunciaban impagos y retrasos desde hace casi una década con las distintas empresas a las que se les ha adjudicado el servicio de limpieza. Las profesionales califican de «intolerable» esta situación pues, «teniendo conocimiento de esto, el órgano de contratación», esto es, Instituciones Penitenciarias o el Ministerio del Interior, «ser permisivos con ella puede dar lugar a contribuir a un escenario en el que las trabajadoras están siendo explotadas y sus derechos laborales violados».
La realidad que esconde este escenario, según denuncian en el escrito estas limpiadoras, es un beneficio directo para la administración. De este forma, argumentan, «obtienen un ahorro para su erario a base de otorgar contratos públicos guiándose exclusivamente por el criterio económico y adjudicando el contrato a la oferta económicamente más ventajosa, sin tener en cuenta que en muchos casos, estas ofertas no son sostenibles ni realistas en términos de costes reales de los servicios ofrecidos».
Carta a Interior
Otra cuestión a la que se han enfrentado estas trabajadoras es que cuando se acerca el plazo de vencimiento del contrato, las empresas dejan de pagar a sus trabajadores y entran en liquidación. Poco después, se vuelven a presentar a licitaciones posteriores bajo a otra apariencia: una jurídica diferente, y otro nombre y razón social. «Esto no puede continuar así, el Gobierno debe garantizar unas condiciones dignas de las trabajadoras», demandan.
Por todo ello, además de volver a recurrir a la vía judicial para reclamar sus nóminas de 2023, a través de este escrito, solicitan al Ministerio del Interior que intervenga para que a través de un mecanismo elabore «un protocolo de contratación» o un código de buenas conductas» que evite la repetición de estas dinámicas laborales y del todo anómala en la adjudicación de los contratos a las empresas.
