Hacienda pide a la Justicia mantener secreto el rescate a Vivanta para evitar daños irreparables
Solicita que suspenda cautelarmente la resolución de Transparencia que le obliga a publicar los informes del rescate
Foto de archivo de una clínica dental Vivanta. | Europa Press
Hacer públicos los informes del rescate de 40 millones de euros con fondos públicos a las clínicas dentales Vivanta generaría un «perjuicio irreparable» para el Gobierno, mientras que mantenerlos en secreto no causaría ninguna «perturbación grave a los intereses generales». Lo anterior es que lo que Hacienda y la Sepi han alegado ante la Audiencia Nacional para evitar tener que cumplir de forma inmediata con la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le obligaba a hacer públicos varios informes sobre el rescate a la cadena de clínicas dentales Vivanta con dinero del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
En su recurso ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Abogacía del Estado pide como medida cautelar -en representación del Ministerio de Hacienda y la Sepi- que se suspenda la resolución del CTBG hasta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo dicte sentencia al respecto. «Frente a la mera dilación en la obtención de la información solicitada, para esta parte la entrega de la misma ocasionaría un perjuicio irreparable», indica la Abogacía del Estado en su recurso.
«Si recayese una sentencia estimatoria en este procedimiento, en la que se acordase la anulación o se declarase la nulidad de la resolución impugnada, no podría restituirse el estado de cosas a la situación anterior al momento de la ejecución del acto, pues la información estaría ya a disposición del solicitante», añade el escrito interpuesto en representación del Ministerio de Hacienda y la Sepi. En él, además, se solicita a la Audiencia Nacional que suspenda cautelarmente la resolución que obliga a ambos organismos a entregar los informes del rescate a Vivanta por no existir «ninguna perturbación grave de los intereses generales o de terceros».
Rescate a Vivanta
La sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional admitió a trámite el pasado mes de julio el recurso de la Abogacía del Estado. No obstante, aplazó su decisión sobre la medida cautelar solicitada (suspender la resolución de Transparencia sobre el rescate a Vivanta) hasta que se resuelva la personación de las partes demandadas. Tanto el CTBG como el Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España han solicitado ser parte del procedimiento judicial, según informan fuentes jurídicas.
Transparencia estimó favorablemente en mayo una solicitud del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, en la que se pedían todos los informes por los que el Consejo de Ministros y la Sepi concedieron al grupo dental Vivanta un préstamo participativo de 20,4 millones y otro ordinario de 19,6 millones del Fasee. Unas ayudas que el Gobierno puso en marcha para aquellas empresas estratégicas que hubiesen incurrido en pérdidas como consecuencia de la pandemia de covid-19.
El Consejo General de Odontólogos había solicitado a través de Transparencia los informes que explicarían por qué Moncloa consideró «empresa estratégica» a un grupo que contaba tan solo con 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España y cuyo accionariado está controlado por los fondos Ares Management, BNP y Portobello Capital. Hacienda y la SEPI se negaron, esgrimiendo los mismos argumentos por los que denegó en el Congreso a PP, Ciudadanos y Vox los expedientes del rescate.
Información pública
Transparencia estimó que «el derecho de acceso a la información pública» debe primar sobre el carácter reservado al que se acogía el Gobierno para no hacer públicos los informes del rescate a Vivanta. Y dio un plazo de diez días a Hacienda y a la Sepi para entregar la documentación requerida. Sin embargo, el Ejecutivo ha preferido recurrir ante la Audiencia Nacional para evitar tener que hacer pública esa información, al menos de momento.
El Gobierno se había negado a entregar los informes del rescate amparándose en el Real Decreto 25/2020. «Toda la información y documentación correspondiente a los expedientes tramitados y/o autorizados con cargo al Fasee tiene carácter reservado», había indicado ya el Ejecutivo meses antes en tres respuestas parlamentarias dirigidas a PP, Cs y Vox. «Existen razones fundadas en derecho para no facilitar la información solicitada», añadía el Ejecutivo. Sin embargo, Transparencia estimó que debe primar «el derecho de acceso a la información pública».
«Resulta evidente el interés público en conocer los documentos objeto de esta solicitud de acceso elaborados en el marco de un procedimiento de concesión de ayudas públicas a una entidad empresarial con cargo al Fasee», indicaba Transparencia en la resolución en la que daba la razón al Consejo General de Odontólogos de España. Sobre el posible daño reputacional a Grupo Vivanta aludido por el Gobierno para evitar hacer públicos los informes, Transparencia consideraba que «no resulta suficiente» referirse a «una posibilidad incierta, sino que el perjuicio debe ser definido, indubitativo y concreto».
Polémica por el rescate
Amparándose en el carácter secreto y reservado de la información solicitada, el Gobierno se había negado hasta ahora a responder muchas cuestiones claves planteadas por la oposición sobre el rescate a Vivanta. Como reveló este diario, la compañía registraba una delicada situación económica mucho antes de la irrupción de la pandemia de la covid-19. De hecho, sus cuentas reflejan que acumuló 74,7 millones de euros en pérdidas en los tres ejercicios anteriores a la pandemia y que en 2019 cerró su balance con un patrimonio neto negativo de 22,8 millones de euros.
Una realidad que llevó a la oposición a poner en duda la idoneidad de la asignación a Vivanta de 40 millones de euros de dinero público del Fasee, que en teoría solo se podía conceder a compañías «estratégicas» que hubieran sido plenamente viables antes de la pandemia y que hubieran incurrido en dificultades como consecuencia de la covid.
La sociedad fue creada en 2017 por el fondo Portobello Capital mediante la adquisición de las marcas y clínicas de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent, entre otras. Esto supone que en sus primeros tres años de vida como sociedad independiente Vivanta acumuló pérdidas de 74,7 millones, muy lejos de la «solvencia» que pedía la SEPI antes de la covid para conceder estas ayudas. De hecho, en 2019, 13 de las 23 sociedades que grupo Vivanta consolida en sus cuentas registraron pérdidas, más de la mitad de todo su perímetro.
