La salida de la Guardia Civil de Navarra es irreversible: Feijóo no podrá dar marcha atrás
El estatuto de autonomía no contempla la reversión de las competencias transferidas
Feijóo, en la sesión de investidura. | EP
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Nuñez Feijóo, no se olvidó de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su discurso de investidura el pasado martes. Es más, prometió blindarlas. Abogó por poner a «mandos profesionales» —aunque seguirían siendo cargos civiles— al frente de la Policía y la Guardia Civil; defendió gobernar «sin laminar a nadie» por razones discrecionales en los cuerpos, refiriéndose al cese ilegal de Perez de los Cobos; cumplir con la equiparación salarial de los agentes y de mejoras con los funcionarios de prisiones; y «garantizar que el Instituto Armado no salga de Navarra». Una serie de promesas que sin embargo no en todos los casos podría cumplir.
Frenar el traspaso de la competencia de Tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral de Navarra, que es a lo que se refirió Feijóo en su discurso, según aclaran fuentes populares a THE OBJECTIVE, es ya algo imposible de lograr. Desde Génova no aclaran cuál sería la vía mediante la que paralizarían supuestamente esta cesión. Pero, en cualquier caso, distintas fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que una vez se ha materializado el acuerdo entre ambos ejecutivos, no es posible revertir una competencia porque el estatuto de autonomía navarro no contempla esta opción.
La Ley Orgánica 13/1982 de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, señalan estas mismas fuentes, regula un mecanismo acordado de traspaso de competencias que no es reversible, salvo en el caso improbable de que se acordara en un futuro entre los gobiernos autónomo y central. Aun así, señalan los expertos, incluir esa opción sería «complicado puesto que los estatutos de autonomía están vinculados a la Constitución».
Transición de cuatro años
Navarra recuperó las competencias el pasado 1 de julio, tras la entrega en vigor del real decreto de asunción de la transferencia de tráfico. Es la fecha en la que se abrió un periodo de transición de cuatro años hasta que se haga efectiva y la Guardia Civil deje de encargarse de esta materia. El objetivo del Ejecutivo navarro es que los 149 agentes del Instituto Armado se sumen a los más de 200 que ya trabajan en el área de tráfico de la Policía Foral a través de una pasarela. No obstante, todavía se desconoce cómo se va a llevar a cabo este trámite.
La encargada de efectuar todos estos cambios será Isabel Solá, directora general de Interior y antigua parlamentaria del PNV. Por el momento, los agentes de tráfico de la Guardia Civil en Navarra han denunciado la falta de información de plazos y que vaya a desaparecer su unidad. Temen que ese escenario empeore sus condiciones laborales y están a la espera de que el Gobierno de Chivite les especifique los detalles.
Recursos en el Supremo
En paralelo, están por dilucidarse en el Tribunal Supremo los dos recursos que plantearon dos asociaciones de la Guardia Civil —Unión de Oficiales y Jucil— contra el decreto del Gobierno para paralizar el traspaso. Estas organizaciones consideran, según exponen en sus recursos, que no se ha seguido la fórmula correcta porque para materializar ese cambio era necesario antes modificar el estatuto de autonomía de la comunidad foral.
El artículo 49.3 de la Ley Orgánica 13/1982 dispone que, en materia de tráfico y circulación, Navarra conservará íntegramente las facultades y competencias que actualmente ostenta. De modo que el acuerdo que han alcanzado el Ejecutivo y la comunidad autónoma carece de «habilitación legal», pues no se trataría de un traspaso, sino de una ampliación de competencias, lo que exigiría una reforma previa de la norma, según denuncian estas organizaciones del Instituto Armado.
Jucil pidió en abril al Alto Tribunal que paralizase a la mayor brevedad la transferencia, pues revertir los mencionados traspasos una vez efectuados, de estimarse el recurso, «resultaría enormemente complejo, contrario a los intereses generales, y provocaría gravísimos perjuicios tanto al Estado como a la Comunidad Foral, y a los propios afectados». Por ahora, los jueces no se han pronunciado. En cualquier caso, explican fuentes jurídicas, de prosperar el recurso, «no se podría revertir el acuerdo político, pues sería contrario a lo establecido en el estatuto de autonomía».
