La amnistía de Díaz enfada a los policías del 1-O: «Defienden más a un terrorista que a nosotros»
El plan exime a los agentes que impidieron la celebración del referéndum pero no a los que pudieran cometer torturas
Yolanda Díaz en la presentación de la propuesta para la ley de amnistía. | EP
La propuesta para una futura ley de amnistía que presentó este martes la formación de Yolanda Díaz deja en el aire condonar la supuesta actuación irregular de 45 de los agentes que integraron el operativo policial contra el referéndum ilegal del 1-O en 2017. El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona procesó el pasado mes de enero a este grupo de funcionarios policiales por un delito de lesiones. En su escrito, no obstante, el titular, Francisco Miralles, dejó la puerta abierta a que los heridos en los 27 centros en los que la Policía Nacional actúo aquel día en la Ciudad Condal pudiesen acusar a los agentes de torturas o atentando a su integridad moral, además del delito de lesiones por el que los investiga.
Este matiz choca con los requisitos que ha puesto sobre la mesa Sumar para perdonar los delitos a los agentes investigados. El documento, elaborado por cinco jurídicas, abarcaría a los dirigentes del procès, a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), procesados por delitos de terrorismo, a otros encausados por los disturbios por las condenas en la sentencia del Tribunal Supremo, y las «actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad encaminadas a impedir la celebración del proceso participativo y el referéndum».
Eso sí, matizan, no entrarán en el ámbito de la aplicación de la amnistía las intervenciones de los agentes que sean calificadas «como delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral o de delito de detenciones ilegales». Un extremo que ha enfadado a gran parte de los agentes investigados por el 1-O. «Hasta los CDR con delitos de terrorismo van propuestos en la amnistía, y aquí nadie dice nada, se toma a cachondeo. Imagínate con qué animo vamos a trabajar cuando este Gobierno defiende más a un terrorista que a sus policías, que cumplieron órdenes», denuncian, en conversación con THE OBJECTIVE.
«Solo queremos que acabe esta persecución»
Estos agentes critican que se les ponga en el foco cuando «ni siquiera han sido juzgados». «Nos causa indiferencia toda la situación política, solo queremos que se celebre el juicio y acabe esta persecución judicial», censuran. De ser condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona, estos funcionarios perderían su puesto de trabajo, pues la condena por los delitos que les acusan supondría su inhabilitación inmediata en la Policía Nacional.
Los investigados defienden en todo momento que cumplieron órdenes de sus superiores y critican al Ministerio del Interior «por dejarlos abandonados» en estos seis años. «Aquel día, el ministro Juan Ignacio Zoido nos dijo que ese era el servicio más importante de la democracia, que debíamos trabajar por la integridad territorial de España. Todo era humo y política. Nunca pensamos que nos dejarían tirados después. No hubo apoyo de Zoido ni lo hay ahora de Marlaska. No hemos recibido ayuda psicológica ni jurídica», critican.
El sentir de la mayoría de agentes es de «total desesperanza». En el auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona concluyó que los responsables del operativo «no cumplieron sus obligaciones de supervisión», y sus subordinados actuaron de forma «desproporcionada». Los agentes difieren: «Nosotros actuamos respaldados por nuestros jefes, pero después, todos se limpiaron las manos. La prueba es que no hay nadie con traje ni ningún alto mando imputado», denuncian.
«Agentes dando puñetazos»
El juez Miralles señala que en las imágenes puede verse a «agentes dando puñetazos, agarrando del cuello, lanzando personas al suelo…». Ante esto, los policías, entonces de las Unidades de Intervención Policial (UIP), antidisturbios, coinciden: «Nosotros no hicimos nada malo, hicimos lo que se nos mandó. Cumplimos órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ahora nos enjuicia», se defienden.
El relato de los agentes es completamente distinto. Recuerdan cómo el cometido aquel día fue prácticamente imposible. «Con dos millones de personas en la calle, mandaron a 1.200 policías a sacar urnas en 20 de los 2.500 colegios que había. Fue ridículo, pero no hicimos nada indebido». En mi caso, cuenta un agente, «tuve que utilizar la defensa, pero no causé ninguna baja, no hubo lesiones. El juez ha sobreseído los casos en los que se empujó y hubo agarres. Situaciones en las que, igualmente, puede haber lesiones, como una luxación. Fue el único criterio del juez después de seis años…», critican.
«Solo peleábamos para salir con seguridad de los colegios. No hubo un golpe fuera de lugar. Pero si cuando debíamos salir con las urnas, no se querían ir, no había otra. En Tarragona, Girona y Lleida, ningún policía o guardia civil ha sido procesado por nada de lo que ocurrió en los colegios. Con este juez, sin embargo, teníamos claro que habría juicio. No ha habido sorpresas, aunque el bajón es inevitable, claro. Lo que queremos es que todo termine ya», concluyen.
