Rebelión contra el PP de la excúpula de Interior tras duplicar el juez las fianzas del 'caso Kitchen'

La antigua cúpula del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy se revuelve contra el PP en el caso Kitchen. Y lo hace justo después de que el juez Manuel García Castellón haya duplicado, en concepto de fianza, la cantidad que la Fiscalía Anticorrupción calcula que los acusados desviaron de los fondos reservados para pagar la operación Kitchen. Un presunto operativo policial supuestamente puesto en marcha para sustraer al extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentos del caso Gürtel que podían perjudicar al Partido Popular y al Gobierno de Rajoy.

En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado Manuel García Castellón impone una fianza de 120.000 euros al exministro Jorge Fernández Díaz, a su ex número dos, Francisco Martínez, y al ex DAO de la Policía Nacional Eugenio Pino. Por el contrario, el Ministerio Público cifraba en su escrito de acusación en 57.943 euros el monto total de los supuestos fondos reservados utilizados en la operación Kitchen. Es decir, la mitad de lo que el juez reclama ahora como fianza a cada uno de los tres principales acusados.

Una decisión que ha desencadenado otro hecho poco habitual, para el que suele haber poco margen jurídico: que los acusados puedan recurrir un auto de apertura de juicio oral. Según informan fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE, otros de los principales acusados que formaban parte de la cúpula de Interior han decidido seguir los pasos de Francisco Martínez y recurrirán en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional alegando «motivos excepcionales» para ello.

Francisco Martínez apunta al PP

Además de pedir que se siente al PP en el banquillo de los acusados -como presunto responsable civil de la supuesta operación delictiva de la que el Partido Popular habría sido beneficiado, según la versión de Martínez-, el ex secretario de Estado de Seguridad pide anular la fianza impuesta en su contra por el juez o que, subsidiariamente, se iguale con el importe fijado para el resto de acusados.

«Las acusaciones del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado cifran por debajo de los 60.000 euros el supuesto fraude a los fondos reservados, con lo que es imposible alcanzar la cifra impuesta», indica Martínez. En su escrito también señala la «divergencia de cantidades» con respecto a las fianzas solicitadas a otros acusados: 120.000 euros para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino; 100.000 euros para el ex comisario José Manuel Villarejo y Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas; 20.000 euros para el comisario Andrés Manuel Gómez Gordo y 3.000 euros para el resto, excepto al también expolicía Enrique García Castaño, a quien se le fija en 2.000 euros.

«El auto no justifica, ni siquiera mínimamente, por qué se imponen cantidades tan distintas entre unos supuestos coautores y otros, cuando, si existe condena civil, esta será solidaria entre todos los coautores (…) Como quiera que no podemos obligar a que se eleve la responsabilidad de los más favorecidos, al suponer una reformatio in peius, solicitamos se equipare la responsabilidad civil de nuestro cliente a la de la responsabilidad civil más baja establecida (2.000 euros)», indica en su recurso la defensa de Martínez, que no solo se ha quedado ahí.

La exclusión del PP

Además, el que fuese número dos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy se ha revuelto contra su antiguo partido. En su escrito, Martínez lamenta que «misteriosamente» ni la Fiscalía ni la abogacía del Estado hayan rebatido los «exóticos» argumentos expuestos por el juez Manuel García Castellón para rechazar la responsabilidad civil del PP, como partícipe a título lucrativo, cuando habría sido uno de los presuntos beneficiados de los delitos investigados.

Francisco Martínez añade que «aún más misteriosamente» la familia Bárcenas, PSOE y Podemos se «han olvidado» de pedir la imputación del PP como persona jurídica, habiéndose acusado de delitos como descubrimiento y revelación de secretos a los cargos políticos y policías que supuestamente cometieron esos delitos para favorecer al PP.

El juez García Castellón dictó el pasado viernes un auto en el que acordó la apertura de juicio oral contra el exministro Jorge Fernández Díaz, su exnúmero dos Francisco Martínez y varios exresponsables de la cúpula de la Policía Nacional. Entre otros, el exdirector adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano y Andrés Manuel Gómez Gordo.

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Fernández Díaz, Martínez, Pino y la mayoría de los exresponsables policiales. La pena se eleva a 19 años de prisión en el caso del principal investigado en el macrocausa Tándem, el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Revelación de secretos, prevaricación…

En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado rechazaba por «extemporánea» la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la estableció, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados. El juez incluyó en su auto todos los delitos planteados por las acusaciones: descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia.

En su escrito de apelación, Martínez afirma que el juez se «acoge una tesis exótica» de que ha prescrito la acción civil del PP al no haber sido citado nadie del partido como responsable jurídico durante la instrucción. Según el ex secretario de Estado de Seguridad, si se aplicase este criterio, prescribirían casi todas las responsabilidades civiles, por lo que censura «esta novedosa tesis del magistrado» para «excluir al PP».