Policías imputados por el 1-O no pedirán la amnistía: «Iremos a juicio, no somos criminales»
Varios agentes defienden su inocencia y prefieren que sea un juzgado quien esclarezca los hechos, según cuentan a TO
Cargas policiales durante el referéndum ilegal de 2017. | EP
Policías imputados por las cargas del 1-O en Cataluña tienen la intención de no acogerse a la ley de amnistía que el Congreso presumiblemente aprobará el próximo año a propuesta del PSOE. La medida de gracia, pactada entre el partido liderado por Pedro Sánchez y Junts, que anulará la responsabilidad penal, administrativa y contable de 300 independentistas y 73 agentes, no es una opción para muchos de estos últimos, según revelan a THE OBJECTIVE. «La petición de solicitarla no saldrá de nosotros porque queremos ir a juicio. No hemos esperado seis años de calvario judicial para que ahora no se aclaren los hechos», advierten algunos de los encausados por el operativo policial que trató de impedir la celebración del referéndum ilegal.
Detrás del entrecomillado están algunos de los 45 agentes procesados por un delito de lesiones. Aún así su cabida en la amnistía tampoco está del todo clara, pues el juez que instruyó el caso dejó la puerta abierta de cara al juicio oral a que las víctimas de 27 centros en los que la Policía Nacional actuó el 1-O pudiesen acusar a los agentes de torturas o atentado a su integridad moral, delitos que se excluyen en la medida acordada por el Partido Socialista y los independentistas.
De este modo, los agentes se encuentran en un limbo respecto a la aplicación de la amnistía, aunque ellos insisten: «Nosotros no la solicitaremos. No queremos que nos amnistíen y parezca que fuimos culpables, nosotros hicimos nuestro trabajo», advierten.
La amnistía, en manos de la Audiencia
Todo depende ahora, según explican fuentes jurídicas, de la decisión que tome la Audiencia Provincial de Barcelona, teniendo en cuenta que no se ha celebrado todavía el juicio contra los agentes ni se ha aclarado comisión de delitos en la fase de instrucción. De este modo, será el tribunal, una vez fije la fecha de la vista oral, quien esclarezca si estos agentes se extralimitaron o no en las cargas policiales que emprendieron el 1-O para impedir que se votase en la consulta ilegal.
En cualquier caso, de ser incluidos en la ley de amnistía, no resulta necesario que sean los beneficiados quienes pidan acogerse a la misma, la norma contempla que pueda solicitarlo la Fiscalía o incluso el juez. En el caso de que fuese durante la fase intermedia entre la instrucción y el juicio oral, como le ocurre a estos agentes, «se decretará el sobreseimiento libre, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes, por el órgano judicial competente con arreglo al art. 637.3.o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
Por otro lado, si se fijase durante el juicio, sería el órgano judicial quien dictase auto de sobreseimiento o una condena absolutoria, bien tras un acuerdo entre la Fiscalía y las partes, o actuando de oficio si se cumpliesen los requisitos, según reza la ley.
«Hicimos nuestro trabajo»
Los agentes critican que se les ponga en el foco cuando «ni siquiera han sido juzgados». «Nos causa indiferencia toda la situación política, solo queremos que se celebre el juicio y acabe esta persecución judicial», censuran. Tras conocer el texto de la ley de amnistía, la mayoría está en la misma línea, «el sentir es el mismo, desolación, incomprensión, y desmotivación, ¿por qué tenemos que ser amnistiados si nosotros hicimos nuestro trabajo?», insisten.
Los investigados defienden en todo momento que cumplieron órdenes de sus superiores y critican al Ministerio del Interior «por dejarlos abandonados» en estos seis años. «Aquel día, el ministro Juan Ignacio Zoido nos dijo que ese era el servicio más importante de la democracia, que debíamos trabajar por la integridad territorial de España. Todo era humo y política. Nunca pensamos que nos dejarían tirados después. No hubo apoyo de Zoido ni lo hay ahora de Marlaska. No hemos recibido ayuda psicológica ni jurídica», critican.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la organización mayoritaria del Cuerpo, mantienen «su posición de total y absoluto rechazo frente a una ley de amnistía» que, a su juicio, genera «inseguridad, incertidumbre y desprotección al conjunto de la ciudadanía». Entre tanto, aseguran que la proposición de ley deja fuera a gran parte de los agentes encausados «por excluir del articulado el delito de torturas o de tratos inhumanos» e insisten en que «trabajarán sin descanso con sus servicios jurídicos para lograr la libre absolución de todos los agentes». «Son héroes y como tal van a ser recordados por la historia», concluyen.
