El PSOE deja en el limbo la amnistía de 45 de los 73 policías encausados por el 'procés'

El texto provisional sobre la ley de amnistía que ha registrado el PSOE este lunes deja en el aire su aplicación para los 45 agentes antidisturbios procesados por delitos de lesiones que integraron el operativo policial contra el referéndum ilegal del 1-O en 2017. Esta norma, según reza su primera artículo, condona las «acciones realizadas en el curso de acciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa». Pero al mismo tiempo excluye de la misma «aquellos actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes». 

Un escenario que plantea dudas a la hora de que este grupo de agentes pueda beneficiarse de la medida gracia, y que supuestamente borra los delitos cometidos por 73 agentes. El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona procesó el pasado mes de enero a este grupo de funcionarios policiales por un delito de lesiones. En su escrito, no obstante, el titular, Francisco Miralles, dejó la puerta abierta a que los heridos en los 27 centros en los que la Policía Nacional actúo aquel día en la Ciudad Condal pudiesen acusar a los agentes de torturas o atentando a su integridad moral, además del delito de lesiones. 

«Los hechos que se dirán más adelante y por los que procederá continuar el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado pueden ser constitutivos, no sólo de delitos leves o menos graves de lesiones, sino también delitos de los previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación final de los mismos, que esta resolución no puede limitar ni condicionar», sostenía el magistrado en el auto, en el que tildó la actuación de los agentes de «violenta y desproporcionada». 

En manos de la Audiencia de Barcelona

De este modo, según apuntan fuentes jurídicas, al no haberse todavía celebrado el juicio contra los 45 antidisturbios ni aclarado la comisión de delitos en la fase de instrucción, su encaje en la amnistía dependerá de la decisión que tome la Audiencia Provincial de Barcelona, una vez fije la fecha para la vista oral y esclarezca si estos agentes se extralimitaron o no en las cargas policiales que emprendieron el 1-O para impedir que se votase en la consulta ilegal. 

Respecto a la aplicación de la amnistía en estos casos, es decir, durante la fase intermedia entre la instrucción y el juicio oral, «se decretará el sobreseimiento libre, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes, por el órgano judicial competente con arreglo al art. 637.3.o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Y por otro lado, si se fijase durante el juicio, sería el órgano judicial quien dictase auto de sobreseimiento o una condena absolutoria, bien tras un acuerdo entre la Fiscalía y las partes, o actuando de oficio si se cumpliesen los requisitos, según reza la ley. 

Lo que no precisa, sin embargo, es qué ocurre con este procedimiento si un delito como el de torturas, que excluye la amnistía, pudo ser cometido por los encausados, según señaló el juez instructor. 

«Incomprensión» por la amnistía

Los agentes critican que se les ponga en el foco cuando «ni siquiera han sido juzgados». «Nos causa indiferencia toda la situación política, solo queremos que se celebre el juicio y acabe esta persecución judicial», censuran. Tras conocer el texto de la ley de amnistía, la mayoría está en la misma línea, «el sentir es el mismo, desolación, incomprensión, y desmotivación, ¿por qué tenemos que ser amnistiados si nosotros hicimos nuestro trabajo?», critican.

Los investigados defienden en todo momento que cumplieron órdenes de sus superiores y critican al Ministerio del Interior «por dejarlos abandonados» en estos seis años. «Aquel día, el ministro Juan Ignacio Zoido nos dijo que ese era el servicio más importante de la democracia, que debíamos trabajar por la integridad territorial de España. Todo era humo y política. Nunca pensamos que nos dejarían tirados después. No hubo apoyo de Zoido ni lo hay ahora de Marlaska. No hemos recibido ayuda psicológica ni jurídica», critican. 

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la organización mayoritaria del Cuerpo, mantienen «su posición de total y absoluto rechazo frente a una ley de amnistía» que, a su juicio, genera «inseguridad, incertidumbre y desprotección al conjunto de la ciudadanía». Entre tanto, aseguran que la proposición de ley deja fuera a gran parte de los agentes encausados «por excluir del articulado el delito de torturas o de tratos inhumanos» e insisten en que «trabajarán sin descanso con sus servicios jurídicos para lograr la libre absolución de todos los agentes». «Son héroes y como tal van a ser recordados por la historia», concluyen.