Marlaska esquiva los escándalos de su gestión y será el ministro del Interior más longevo

Pocos auguraban que uno de los ministros que más polémicas ha acumulado durante el Gobierno de Pedro Sánchez podría repetir por tercera ocasión en esta legislatura. Hace cuatro días, sin embargo, a punto de ser investido de nuevo como presidente, Sánchez dejó entrever, para sorpresa de muchos, que la repetición de Fernando Grande-Marlaska al frente de Interior podía ser una realidad, haciendo una defensa cerrada de su actuación: «Tenemos un extraordinario ministro del Interior», señaló desde la tribuna. Este lunes esa posibilidad se ha confirmado. Marlaska repetirá y será, en apenas tres meses, el ministro del Interior más longevo de la democracia, tras superar al socialista José Barrionuevo. 

Fuentes tanto del Gobierno como de la cúpula policial daban por descontado que el tiempo de Grande-Marlaska en el Ministerio llegaba a su fin al tratarse de un «perfil muy quemado». Incluso personas cercanas al ministro lo daban por hecho, después de que la controversia, de un modo u otro, hubiese salpicado su gestión casi de forma semanal. Fue cuando comenzaron a aparecer nombres de posibles sucesores, como el del socialista Antonio Hernando, hombre fuerte de Sánchez en Moncloa, o el de Mercedes González, otra mujer de partido que dejó la dirección de la Guardia Civil dos meses después de jurar el cargo para poder ir en las listas electorales al Congreso. Un movimiento que elevó aún más el enfado existente en el Instituto Armado con Interior. 

Todo, sin embargo, ha seguido igual. El juez ha esquivado así innumerables crisis a lo largo de su último mandato, entre ellas, la tragedia en la valla de Melilla, en la que murieron 23 personas, y por la que llegó a ser reprobado en el Congreso de los Diputados. De hecho, según las fuentes consultadas, es el primer ministro que renueva su cargo tras haber perdido la confianza del Parlamento en la legislatura anterior. Marlaska siempre defendió que la actuación en la ciudad autónoma fue acorde a la ley e insistió en que ninguna víctima pereció en territorio español. Trabajos periodísticos y oenegés, como Amnistía Internacional, lo han desmentido. Insisten en que los hechos «ocurrieron bajo la jurisdicción española» y elevan el número de fallecidos hasta los 103. 

‘Caso Pérez de los Cobos’

Sánchez también ha renovado su confianza en Marlaska después de varios reveses judiciales por parte del Tribunal Supremo en el caso del coronel Diego Pérez de los Cobos. El Alto Tribunal anuló el cese del citado mando como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y obligó a restituirle en su puesto, después de que en 2020 Interior lo destituyese por «pérdida de confianza». El TS señaló que esa decisión «fue ilegal» y advirtió de que el cese no obedeció «a una valoración negativa de la profesionalidad e idoneidad» del mando de la Benemérita, sino por negarse a una «injerencia gubernativa» en una causa judicial, en este caso la de la manifestación del 8-M en 2020. 

Después de este varapalo, llegó otro. El Supremo estimó el recurso del coronel por haber sido, mientras tanto, relegado en su ascenso a coronel de brigada de la Guardia Civil, y anuló los ascensos de tres mandos que sí habían logrado llegar a ese escalafón en 2021, cuando en teoría era el turno de Pérez de los Cobos, por no estar lo suficientemente justificados. En la sentencia, no obstante, el TS señaló que no se trataba de una cuestión formal, como defendió Marlaska, y vinculó la negativa de ascender al mando del Instituto Armado con el hecho de que poco antes le destituyera de su puesto al frente de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid: «Las irregularidades advertidas son más que meras infracciones formales o procedimentales», indicaron los magistrados. 

A estas últimos se suman decenas de escándalos como el acercamiento de todos los presos de ETA a las cárceles del País Vasco; los mensajes que surgieron en el marco de una investigación judicial que revelaban el trato de favor de Prisiones a algunos reclusos de la banda terrorista, o la gestión de los disturbios por la sentencia del ‘procés’ en Cataluña, por los que tres agentes no pudieron volver a trabajar por las secuelas físicas y psicológicas; y una gran mayoría de efectivos que participaron en el operativo afirma «sentirse abandonado todavía hoy por Interior». 

Desafíos

En esta nueva etapa, Grande-Marlaska tiene por delante grandes desafíos. El más importante, tal vez, es el migratorio, después de que Canarias haya batido récords en la recepción de inmigrantes, con la llegada de más de 32.000 inmigrantes en lo que va de año. De media, unas 500 personas han arribado a diario a las costas del archipiélago. Una cifra que ha superado a la que se registró en 2006 con la crisis de los cayucos. Un escenario que desbordó las previsiones del Gobierno, que se vio obligado a repartir a los inmigrantes que llegaban por mar a albergues y hoteles de la Península, donde hoy muchos todavía permanecen. 

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, será otra de las cuestiones a los que, aunque de manera indirecta, también tendrá que hacer frente Interior. Pese al fracaso en los cambios que se intentaron impulsar en la norma aprobada por el PP en 2015 en la anterior legislatura, los socios de Gobierno, PSOE y Sumar, señalaron en un acuerdo conjunto hace unas semanas su intención de volver a intentarlo para modificar aquellos aspectos «que limita los derechos de reunión y libertad de expresión» e introducir «un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados».

Estos posibles cambios provocaron en 2021 manifestaciones masivas de policías y guardias civiles en la calle contra el Gobierno. Los agentes, por otro lado, también seguirán peleando por la consecución de la equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra, después de que una sentencia de la Audiencia Nacional les diese la razón y obligase a Interior hace unos meses a completar el acuerdo que firmó en 2018 el entonces ministro Juan Ignacio Zoido con los sindicatos. Desde el departamento de Grande-Marlaska aseguraron que «seguirían trabajando en la mejora de sus condiciones, después de haber aumentado su sueldo en un 38%».