El Gobierno culpa ahora a las autonomías del fiasco del 'contratazo' covid de Salvador Illa
La Abogacía del Estado revela que el Ejecutivo tenía control absoluto de la reserva a la que llegaban las mascarillas
Lote de mascarillas.
El Gobierno se lava las manos y culpa a las comunidades autónomas ante una posible avalancha de reclamaciones económicas. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) considera que son los ejecutivos regionales quienes, en todo caso, deberán hacerse responsables del incumplimiento del Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros puesto en marcha por Salvador Illa a finales de 2020. Un mecanismo, del que solo se ejecutó un 6% de los contratos previstos, creado para centralizar las compras de material sanitario contra la covid-19 de las comunidades autónomas y reducir las adjudicaciones a dedo durante la pandemia.
En su contestación a la demanda interpuesta por Kaelis World, una empresa que exige 2,6 millones de euros por las pérdidas que supuestamente le ocasionó el incumplimiento del Acuerdo Marco, la Abogacía del Estado alude a una serie de preceptos legales para defender que «no existe amparo alguno» para responsabilizar al Ingesa por cualquier daño económico causado a las empresas que, habiendo sido seleccionadas y habiendo cumplido con las provisiones de fondos y stock requeridas en los pliegos, finalmente no recibieron ninguna adjudicación durante los doce meses que el Acuerdo Marco 2020/070 estuvo vigente.
La Abogacía del Estado, en representación del Ingesa, señala que cualquier reclamación en ese sentido deberá ir dirigida «contra cada una de las administraciones y organismos adheridos» al Acuerdo Marco. Según su tesis, las comunidades autónomas tendrían que hacerse cargo de cualquier reclamación económica de las empresas perjudicadas por el fiasco del Acuerdo Marco, y no el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad encargado de formalizar los pliegos de condiciones y poner en marcha el ‘megacontrato’ público de 2.500 millones de euros impulsado por el Gobierno.
El Gobierno culpa a las comunidades
«Si la recurrente ha tenido conocimiento de cualquier contratación de material afectado por el Acuerdo Marco mencionado, que se haya llevado a cabo al margen del mismo, deberá ser a los respectivos órganos de contratación adheridos al acuerdo a quien debe dirigir cualquier requerimiento de responsabilidad por dicha circunstancia», señala en su contestación a la demanda formulada contra el Ingesa en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional .
En su demanda, la empresa Kaelis World señala que varias comunidades autónomas le hicieron saber que si no se estaban convocando nuevas licitaciones a través del Acuerdo Marco era, entre otras razones, porque el propio Ingesa les siguió suministrando sin cesar mascarillas y otro material sanitario del Fondo Estratégico de Emergencia. Se trata de otro mecanismo, paralelo al Acuerdo Marco, que el Ministerio de Sanidad habría usado para enviar a las comunidades autónomas el ingente material sanitario adquirido al inicio de la pandemia mediante contratos de emergencia otorgados a dedo, sin publicidad ni licitación pública.
Tal y como ha desvelado este diario, cuando se puso en marcha el Acuerdo Marco, con el que se pretendía centralizar las compras de las comunidades autónomas, fijar precios máximos y evitar las adjudicaciones a dedo, el Ingesa aún seguía recibiendo decenas de millones de mascarillas y otro material sanitario de misteriosos proveedores chinos que tardaron varios meses en entregar sus cargamentos, pese a que fueron pagados 100% por adelantado alegando razones de urgencia y necesidad.
Un ejemplo es el de Hong Kong Travis Asia Limited. El Ingesa adjudicó a esa empresa 200 millones de euros en dos de los 13 contratos de emergencia que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid, a raíz de una querella de Vox. La firma china recibió por el adelantado el pago de casi 60 millones de mascarillas que, pese a la urgencia con la que fueron compradas y pagadas, llegaron a España con hasta trece meses de retraso.
El Ingesa señala al Gobierno
«Ingesa incumplió el Acuerdo Marco al dotar de forma masiva y de mala fe su Reserva Estratégica inmediatamente antes de que el Acuerdo Marco se formalizara, lo que hizo innecesario – o redujo muy significativamente – las necesidades de adquisición de material por parte de las entidades adheridas», señala Kaelis World en su demanda. Sin embargo, en su contestación a la demanda, la Abogacía del Estado pide al tribunal que exima también al Ingesa de cualquier responsabilidad sobre la Reserva Estratégica Nacional.
Paradójicamente, la Abogacía del Estado atribuye al Ministerio de Sanidad y al Gobierno cualquier responsabilidad sobre el mecanismo al que fueron a parar las mascarillas adquiridas en los contratos que la justicia investiga y que fueron adjudicados por el Ingesa. Según la contestación a la demanda, la Reserva Estratégica Nacional «era gestionada directamente por el Gobierno de España» y no por el Ingesa. Se trata del mecanismo con el que, según los documentos aportados en la demanda de Kaelis, las comunidades autónomas siguieron recibiendo material sanitario sin necesidad de acudir a la ejecución de las licitaciones previstas en el Acuerdo Marco.
Las empresas que fueron seleccionadas para poder participar en esos contratos públicos del Acuerdo Marco, habían realizado importantes inversiones para salir entre las adjudicatarias. Se les exigió cumplir con una serie de requisitos que se habían omitido en los contratos a dedo. Entre otras cuestiones, se les pedía tener ya en territorio español como stock al menos el 25% del material sanitario objeto de cada licitación, además de una elevada provisión de fondos. Al final, solo se ejecutaron el 6% de los fondos previstos en el Acuerdo Marco. Empresas como Kaelis reclaman una indemnización económica por el incumplimiento de lo establecido en los pliegos por el Ingesa.
Boicot a las licitaciones covid
La contestación a la demanda añade que la Reserva Estratégica «se constituyó antes de la aprobación del Acuerdo Marco» y era un mecanismo totalmente paralelo que manejaba directamente el Gobierno. También admite, implícitamente, que esa reserva paralela permitía al Ejecutivo seguir comprando material sanitario bajo otras reglas distintas a las que exigía a las comunidades autónomas en el Acuerdo Marco. Y podría haber dado salida así, con destino a las Comunidades Autónomas, a un ingente stock del material que adquirió a precios máximos de mercado.
El Ingesa precisa que «la gran mayoría de equipos y materiales» de la Reserva Estratégica eran gestionados por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Pedro Sánchez desde su compra. «Tanto su almacenaje como su logística y criterios de reparto se asumían directamente por la Administración General del Estado, en base a criterios de necesidad y equidad, y sobre la base de los consumos semanales que declarasen las Comunidades Autónomas a los órganos competentes de aquella», añade el Ingesa en su contestación a la demanda de Kaelis World.
Por primera vez, en un documento judicial, el Ingesa atribuye al Gobierno de España la gestión directa del material sanitario comprado a dedo durante la primera ola de la pandemia y que posteriormente fue repartido a las comunidades autónomas. Y lo hace tras reconocer que el Ingesa «nunca utilizó el Acuerdo Marco para adquirir material para su Reserva Estratégica». Las condiciones y precios máximos exigidos para las licitaciones contempladas en el acuerdo marco, puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad para centralizar las compras de material sanitario, eran aplicables solo para las comunidades autónomas.
La ‘Reserva Estratégica’ del Gobierno
La Abogacía del Estado determina que «no existe intervención alguna del INGESA en la toma de decisiones al respecto» de la Reserva Estratégica. Y para demostrar esto último, aporta una serie de correos electrónicos que acreditan «que era el Ministerio (de Sanidad) el que indicaba al INGESA el material que había que distribuir». Esos e-mails, según ha comprobado este diario, demuestran que desde distintas secretarías de Estado y direcciones generales del Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa como ministro, se enviaban semanalmente listados en los que se decía qué material sanitario concreto, y en qué cantidades, se debía enviar a cada una de las comunidades autónomas.
Algunos de esos correos electrónicos son del año 2021. Acreditarían que el Gobierno, en lugar de promover las compras mediante licitaciones públicas y a través del acuerdo marco, seguía dando órdenes al Ingesa para repartir a las comunidades autónomas el material sanitario que tenía acumulado en la Reserva Estratégica Nacional. Un mecanismo al que abasteció mediante contratos de emergencia al inicio de pandemia y que tenía reglas distintas a las establecidas para las comunidades autónomas en el Acuerdo Marco 2020/070.
El Ejecutivo podría haber usado esta reserva para colar a las comunidades autónomas las decenas de millones de mascarillas -entre otro material sanitario- que seguían llegando con meses de retraso pese a haber sido compradas, mediante contratos de emergencia millonarios ,durante el inicio de la pandemia. Esto último, indirectamente, habría contribuido al fracaso del Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros que Sanidad puso en marcha para centralizar las compras del material sanitario. Solo se realizaron un 6% de las licitaciones previstas inicialmente en ese megacontrato covid puesto en marcha por el Ingesa en noviembre de 2020. Estuvo en vigor hasta diciembre de 2021.
El escrito de la Abogacía del Estado explica que el Plan de respuesta temprana contra el Covid, acordado el 16 de julio de 2020 por el Gobierno y las Comunidades Autónomas, ya «reconocía expresamente que muchos de los equipos y materiales» que formarían parte de esa Reserva Estratégica habían sido adquiridos previamente por el Gobierno. «Otros, como los guantes o las mascarillas FPP3, se adquirirán mediante un Acuerdo Marco que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria está gestionando conjuntamente con las comunidades autónoma», apostilla.
