El Gobierno aumenta el control sobre los tribunales con la excusa de su digitalización
Bolaños se arroga la gestión de los metadatos de todas las causas judiciales a través de un nuevo sistema electrónico
Pedro Sánchez y Félix Bolaños. | EFE
El nuevo real decreto del Gobierno sobre medidas relacionadas con el servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, impulsado por el ministro Félix Bolaños y pendiente de convalidación en el Congreso, permite dar acceso al Ejecutivo y a las Comunidades Autónomas a los metadatos de cualquier causa judicial abierta en España a través del Comité técnico estatal de Administración judicial electrónica, según advierten fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE.
El real decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 19 de diciembre, establece en su artículo 4 que todos los sistemas o plataformas digitales creados para dar cobertura a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia «deberán ser plenamente interoperables». Y no solo entre las oficinas judiciales y fiscales, sino también con cualquier otro órgano estatal o autonómico que se relacione directamente con la Administración de la Justicia (como los «Institutos de medicina legal, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, oficinas de atención a las víctimas del delito y cualesquiera otras») y «con independencia del lugar donde estén radicadas».
Todas las administraciones públicas tendrán que compartir en una carpeta única a nivel nacional, supervisada y gestionada por el Ministerio de Justicia, los mismos metadatos de cualquier procedimiento judicial, incluso aquellas causas que se encuentren en fase de instrucción penal. A través de esos metadatos, y ante la falta de detalles que concreten su alcance -según advierten expertos-, el Ejecutivo y las Comunidades Autónomas podrían saber qué juzgado, qué fiscalía o qué partes están personadas en cualquier procedimiento que afecte a algún ciudadano. Para ello, el real decreto contempla la puesta en marcha de «sedes judiciales electrónicas creadas y gestionadas por las distintas administraciones competentes en materia de Justicia y disponibles para las relaciones de los ciudadanos y ciudadanas con la Administración de Justicia a través de redes de comunicación».
¿Control «total» para Bolaños?
«Dichas sedes serán interoperables con la Carpeta Justicia y su relación se publicará por la Administración competente», indica el texto aprobado por el Gobierno de coalición y publicado en el BOE el pasado 20 de diciembre. Un real decreto que necesitará de mayoría simple en el Congreso de los Diputados para ser convalidado y que cuenta con el rechazo frontal de uno de los socios de investidura de Pedro Sánchez. Junts ya ha anunciado que votará en contra porque «pondría en riesgo» la aplicación inmediata de la amnistía a Carles Puigdemont.
La mencionada «Carpeta de Justicia» será la que permitirá al ministro Félix Bolaños, y a organismos vinculados con la Justicia en cualquier comunidad autónoma, el «control total» de todos los procedimientos existentes en cualquier juzgado o tribunal del territorio español, según alertan juristas consultados por este diario. Siempre, eso sí, con el aval previo del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, un organismo creado en 2011 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y regulado desde 2013 por otro real decreto ley aprobado por el PP con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. Un comité que está compuesto por representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y las 12 comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.
Gestionado por el Gobierno
El propio artículo 12 del real decreto impulsado por Bolaños, cuya paralización impediría desbloquear una nueva partida de 10.000 millones de euros del Plan de Resiliencia financiado por la Unión Europea, es el que más preocupación genera sobre la posibilidad de que el superministro de Sánchez se arrogue un control absoluto sobre información que hasta ahora escapaba al control del Ejecutivo.
«El Punto de Acceso General de la Administración de Justicia será gestionado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes conforme a los acuerdos que se adopten en el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, con el objetivo de asegurar la completa y exacta incorporación de la información y accesos publicados en éste, de manera interoperable con los posibles puntos ubicados en los portales habilitados por cada administración competente», indica el artículo 12 del real decreto aprobado el pasado 19 de diciembre por el Consejo de Ministros.
El real decreto asegura que la Carpeta Justicia es un servicio personalizado que facilitará el acceso a los servicios, procedimientos e informaciones accesibles de la Administración de Justicia que afecten a un ciudadano o ciudadana cuando sea parte o justifique un interés legítimo y directo en un procedimiento o actuación judicial. «Dicho servicio podrá ofrecerse a través de un sistema común, a través de las respectivas sedes judiciales electrónicas de cada uno de los territorios, o a través de ambos sistemas. Para ello el ciudadano o ciudadana y su profesional autorizado o autorizada deberá identificarse previamente en alguna de las formas previstas en este real decreto-ley», añade.
Esa herramienta digital, en virtud de la amalgama de cambios legislativos incluidos en el real decreto que el Gobierno tendrá que convalidar en el Congreso, también será gestionada por Bolaños o quienes sean sus sucesores al frente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en aras de preservar su autenticidad y confidencialidad. Ante la insólita situación de que se encuentren unificados esos tres ministerios, quedará en manos del futuro legislador decidir si la gestión de esas nuevas herramientas digitales quedará bajo el mando del Ministerio de la Presidencia o si regresaría a la cartera de Justicia en caso de que vuelvan a ser departamentos independientes dentro del Ejecutivo.
«De conformidad con los acuerdos que se adopten en el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, la Carpeta Justicia será gestionada para asegurar la completa y exacta incorporación de la información y accesos publicados en ésta, bajo responsabilidad del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes», añade el texto.
Acceso a metadatos
El artículo 35 del real decreto establece que todos los sistemas de información y comunicación que se utilicen en el ámbito de la Administración de Justicia, «incluso para finalidades de apoyo a las de carácter gubernativo», asegurarán «la entrada, incorporación y tratamiento de la información en forma de metadatos» conforme a esquemas comunes, y en modelos de datos comunes e interoperables que posibiliten, simplifiquen y favorezcan una docena de objetivos concretos.
Entre ellos, «la interoperabilidad de los sistemas informáticos a disposición de la Administración de Justicia», la «tramitación electrónica de procedmientos judiciales», la «búsqueda y análisis de datos y documentos» para fines jurisdiccionales, organizativos y de estadística, «la anonimización y seudonimización de datos y documentos». Pero también deja abierta la puerta a incorporar en el futuro «cualquier otra finalidad legítima de interés para la Administración de Justicia».
«El uso de modelos de datos será obligatorio en las condiciones que se determinen por vía reglamentaria, previo informe del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, para el ámbito de todo el territorio del Estado», añade el real decreto. Los expertos alertan de diversas preocupaciones sobre el uso que se vaya a dar a los metadatos gestionados por el poder Ejecutivo y las Comunidades Autónomas, al entender que la redacción del texto deja al albur del poder ejecutivo decidir qué otros datos o metadatos judiciales puedan ser considerados de «legítimo interés para la Administración de la Justicia». Cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el uso de la Inteligencia Artificial para el tratamiento automatizado de resoluciones judiciales.
Choque con Junts
La exigencia de que las Comunidades Autónomas deban poner en marcha una serie de mecanismos electrónicos para garantizar la ejecución de la nueva ley impulsada en el real decreto, y sin mención alguna a partidas presupuestarias adicionales para hacerlo, en el caso de Cataluña, fue otra de las razones esgrimidas por la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, para anticipar que el PSOE y Sumar no contarán con los siete votos del partido de Puigdemont para sacar adelante el real decreto impulsado por Bolaños.
Como adelantó este diario, según fuentes del independentismo, el Consejo de Ministros aprobó este real decreto el pasado 19 de diciembre -que deberá ser convalidado por mayoría simple en el Congreso antes del 20 de enero- sin consultar su redacción antes con Junts, ERC ni Bildu. Miriam Nogueras anticipó que el partido de Puigdemont votaría en contra por dos razones: la falta de asignación de recursos económicos adicionales a Cataluña y la inclusión de un asunto que podría paralizar sine die la aplicación de la amnistía para el expresidente de la Generalitat.
El partido de Puigdemont cree que la «trampa» está en la letra pequeña de un texto que, según el Gobierno, lleva por objetivo el de facilitar el acceso electrónico de todos los ciudadanos a la Justicia. En concreto, apuntan al apartado 2 del artículo 43 bis) del real decreto. En él, se establece que si el Tribunal Supremo o cualquier otro juez remite una prejudicial al TJUE todos aquellos procedimientos a los que se vaya a aplicar la ley de amnistía quedarán suspendidos cautelarmente a la espera de decisión. Entre otras, la del propio Puigdemont a pesar de no haber sido juzgado por el procés y de que sus presuntos delitos queden amnistiados.
Réplica del ministro
Antes las críticas de su socio de investidura, Bolaños aseguró el jueves que Junts había «malentendido» la incorporación en ese real decreto de los aspectos referentes a las cuestiones prejudiciales. Como indicaron fuentes parlamentarias a este diario, el apartado referido a las cuestiones prejudiciales estaba ya en el borrador que el Gobierno intentó llevar durante la anterior legislatura al Congreso y estaba pensado para cuestiones de reclamaciones conjuntas en asuntos contra las cláusulas suelo y los índices hipotecarios.
Según el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, lo que se ha incorporado es «jurisprudencia pacífica» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. «Se incorpora en este decreto porque es un compromiso adquirido por España para desembolsar 10.000 millones de euros. Lo que la Comisión solicita es que incorporemos al Derecho español esa jurisprudencia. Con toda claridad digo que no ha habido ninguna novedad en las cuestiones prejudiciales», afirmaba Bolaños.
Desde el grupo parlamentario del PP añaden a este diario que el texto adoptado por el Gobierno en el real decreto es el mismo que el incluido en un borrador que ya se redactó durante la anterior legislatura y que nunca llegó al Congreso ante la falta de apoyos necesarios para sacarlo adelante por mayoría simple. Tanto ERC como los grupos parlamentarios de la oposición, por distintos motivos, adelantaron al PSOE que votarían en contra.
No obstante, las mismas fuentes parlamentarias populares descartan que el Ejecutivo haya incluido el artículo que molesta a Junts con el objetivo de colar un gol a sus socios de investidura. Pero añaden que la negativa del partido de Puigdemont a aprobar ese real decreto es un primer ejemplo del «chantaje» que espera a Sánchez durante la legislatura actual por parte de Junts. El PP sigue considerando una «burla» y un «abuso» que ese texto sea introducido en la Cámara Baja como real decreto y no como proposición de ley orgánica.
