Piden reabrir el 'caso Neurona' tras destaparse el vínculo entre Sánchez y un perito judicial

Vox intenta evitar el cierre del caso Neurona. La formación liderada por Santiago Abascal ha pedido revocar el sobreseimiento de la causa por una supuesta falta de imparcialidad del perito que elaboró el informe en el que se basó el juez para acordar el cierre de la investigación, la pasada semana, y descartar la comisión de un delito electoral por parte de Podemos. En un escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Vox alude a la información revelada por este diario en relación a Aleix Sanmartín, autor del informe pericial y asesor principal del PSOE para la campaña electoral de Pedro Sánchez en los comicios del pasado 23-J.

«Don Aleix Sanmartín ha trabajado directamente con el PSOE y, por lo tanto, carece de la imparcialidad necesaria para elaborar el informe obrante en las actuaciones», indica Vox en un recurso de reforma fechado este 17 de diciembre. «Dicha actuación supone una manifiesta infracción del artículo 468 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recoge las causas de recusación de los peritos, entre las que se encuentra el ‘interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante y la amistad íntima o la enemistad manifiesta», agrega el escrito dirigido al juez Juan José Escalonilla.

El recurso de Vox fue presentado el mismo día en que este diario reveló que, cuando aceptó la petición del juez de elaborar el informe pericial clave del caso Neurona, Sanmartín ya estaba colaborando con La Moncloa y lleva ejerciendo desde hace meses el papel de nuevo gurú estratégico de campaña de Sánchez. El magistrado acordó el pasado 11 de diciembre el sobreseimiento de las actuaciones respecto del exdirector de campaña de Podemos en 2019, Juan Manuel del Olmo, y las otras tres personas que se mantenían hasta la semana pasada como imputados por presunto delito electoral en el caso: los administradores mancomunados de la coalición Unidas Podemos Daniel Martínez de Frutos y Carlos García; y el administrador de Neurona Elías Castejón.

El perito del ‘caso Neurona’

En el informe pericial, elaborado a petición del juez sobre el pago de 363.000 euros a Neurona por parte de Podemos en las elecciones de 2019, Sanmartín aseguraba que «más allá de los gustos personales o la opinión de cada particular en relación a los trabajos analizados en la presente prueba pericial, tenemos que concluir que los trabajos y servicios analizados cumplen con los cánones y estándares profesionales en el ámbito de la comunicación política internacional y el diseño de campañas políticas».

«En relación al precio de los productos y servicios analizados debemos concluir que se encuentran dentro del rango medio, e incluso levemente por debajo, de lo establecido por los precios del mercado del sector», añadía el informe pericial ahora impugnado por Vox. La formación liderada por Abascal, que ejerce como acusación popular en el caso Neurona, indica que la presunta falta de imparcialidad del experto «no ha podido ser puesta en conocimiento del Juzgado con anterioridad (como así prevé el artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por cuanto ha sido publicado por la prensa en fecha de 17 de diciembre de 2023».

Con anterioridad a la elaboración del informe pericial, el propio juez instructor había rechazado varias veces el sobreseimiento de la investigación. El magistrado consideraba que era precipitado dar carpetazo al caso Neurona sin esperar a una pericial que definía como «necesaria y justa (…) de cara a investigar la presunta comisión de un delito electoral». Vox impugna ahora el informe del experto al considerar que, debido a los vínculos de su autor como asesor del PSOE, el documento pericial «no puede sustentar un sobreseimiento y archivo de las actuaciones».

La tesis de Vox

La formación política agrega que el propio perito señalaba en el informe que, para la realización de la prueba, «no se han realizado pruebas de verificación» sobre la autenticidad de los documentos y datos aportados por Podemos durante la causa en relación a los trabajos realizados por Neurona durante la campaña electoral de 2019 y la legalidad de los pagos efectuados por el partido morado a la consultora mexicana. En ese sentido, Vox recuerda que esto último vendría a mantener su tesis de que los trabajos fueron «facturados» por Neurona Comunidad, la sociedad creada ‘ad hoc’ en España para vehicular los pagos de Podemos a la consultora mexicana, y no por Neurona Consulting S.A., con sede fiscal en México.

«A estos efectos, cabe recordar que Neurona Comunidad no disponía de trabajadores y que los trabajos los habría cobrado, por tanto, una sociedad distinta a la que habría realizado los trabajos, creada días antes de la convocatoria de las elecciones celebradas en abril de 2019, desplazándose trabajadores de Neurona Consulting S.L. desde México hasta España, habiéndose acreditado dicha circunstancia a lo largo de la fase de instrucción», añade Vox en su recurso de reforma.

Vox, que solicita revocar el sobreseimiento de las actuaciones respecto a Del Olmo y los otros tres investigados a los que el juez desimputó la pasada semana ante la presunta falta de imparcial del autor del informe pericial, insiste en que los 363.000 euros abonados por Podemos a Neurona durante la campaña de 2019 suponen «un flagrante delito electoral, al no realizarse el trabajo supuestamente desarrollado».

El juez descarta delito

En el auto en el que se acordó el cierre de la investigación, el juez Escalonilla recordaba que la denuncia que dio origen a la causa apuntaba a que el contrato entre Podemos y Neurona era en realidad un documento simulado para encubrir las transferencias que entonces lideraba Pablo Iglesias a la consultora mexicana «con la finalidad de contribuir al pago de campañas electorales en otros países o en pago de créditos obtenidos por el partido».

Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid añadía que, una vez practicadas todas las diligencias de investigación necesarias, ha quedado constatado que «sí se prestaron los servicios objeto de dicho contrato» por parte de Neurona: se contrataron trabajadores que se desplazaron a España durante la campaña electoral y se realizaron una serie de trabajos que finalmente fueron aportados al procedimiento judicial.

El magistrado llegaba a esa conclusión, en parte, gracias al informe pericial realizado por Aleix Sanmartín y aportado a la causa el pasado mes de noviembre. El documento se hizo esperar porque el juzgado pasó meses buscando un equipo de peritos que asumiera el encargo. De hecho, en abril de 2022, ante la negativa del perito anteriormente designado para realizar el informe, el juez dirigió un oficio a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y a la Asociación de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid para que indicaran al Juzgado un experto «capacitado para la elaboración del informe».

Lagunas en el informe y ‘lawfare’

Dicha pericial debía valorar la totalidad de los servicios prestados por los trabajadores contratados por Neurona Consulting: los 48 vídeos realizados previo trabajo estratégico de segmentación, los 48 diseños gráficos realizados por Waldemar Aguado Butanda y las cinco imágenes elaboradas por Vicente León Camú Astudillo, así como la cobertura de siete actos electorales. Sin embargo, la falta de imparcialidad del perito finalmente designado para hacer el informe es ahora cuestionada por Vox para intentar evitar el cierre definitivo del caso Neurona.

El propio Sanmartín admitía en el documento que «este informe está basado exclusivamente en la información y documentación que ha sido proporcionada por el peticionario». «El análisis, en ningún momento, se refiere a los aspectos o consecuencias legales. El alcance del trabajo ha consistido en el análisis de la información y documentación obtenida y su interpretación. No ha incluido pruebas de verificación de autenticidad de los documentos o datos que se han proporcionado. Cuando no se tiene un conocimiento directo de la información utilizada, se ha indicado de las fuentes de las que se ha obtenido. No existen otras limitaciones, excepto las derivadas del examen de una documentación distinta de la que se podrían inferir resultados diferentes a los expresados en este informe», añadía.

Con ese documento, el juez ha decidido dar carpetazo a un procedimiento judicial que hasta ahora había mantenido en vilo al partido morado. La decisión tiene lugar después de que, el pasado septiembre, el magistrado acordara archivar la investigación que dirigía contra Podemos -como persona jurídica- y contra el cofundador del partido Juan Carlos Monedero al considerar que no era posible imputar responsabilidad penal a la formación política y al constatar que no había indicios de que el dirigente intermediara en el contrato que el partido firmó con Neurona.

A lo largo de los últimos días, Podemos achacó la investigación a una campaña de lawfare. El propio Pablo Iglesias aseguró la semana pasada que Neurona era un ejemplo de la persecución judicial y mediática contra el partido que fundó y lideró durante años. Además, anunció que la formación morada estaría dispuesta a iniciar acciones legales por la supuesta instrumentalización de la causa. Sin embargo, el caso explotó cuando dos abogados del partido morado, ambos encargados de vigilar el cumplimiento de la ley, levantaron la voz de alarma. Avisaron de que se habían producido presuntas irregularidades en las contrataciones de campaña electoral, y acabaron purgados de la formación.