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Ciudadanos pide a Bruselas que intervenga ante los ataques «sin precedentes» a los jueces

Maite Pagazaurtundua envía cartas a dos comisarios en las que alerta del menoscabo a la autonomía del Poder Judicial

Ciudadanos pide a Bruselas que intervenga ante los ataques «sin precedentes» a los jueces

La eurodiputada Maite Pagaza en un acto en mayo. | A. Pérez Meca (Europa Press)

«El Estado de derecho en Europa está en juego y no cabe no ser eficaz en su defensa ni disimular». La eurodiputada Maite Pagazaurtundua ha solicitado este jueves a la Comisión Europea que intervenga en los ataques «sin precedentes» contra la independencia de los jueces y la separación de poderes en España tras la creación de comisiones parlamentarias. Las asociaciones judiciales han criticado la medida, pactada por el PSOE y las fuerzas independentistas, porque, en su opinión, busca culpabilizarles de sus decisiones.

Pagaza, eurodiputada de Ciudadanos adscrita al grupo Renew Europe, ha enviado cartas al comisario de Justicia, Didier Reynders, y a la comisaria de Estado de Derecho, Vera Jourova, para pedirles que eviten los ataques contra los jueces. En su opinión, estos «menoscaban la autonomía del poder judicial, fundamental para el correcto funcionamiento de un sistema democrático».

En las misivas, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, asegura que los jueces y fiscales españoles «perciben la amenaza y presión real por parte del poder político y lo que está en juego son los fundamentos mismos de la aplicación de nuestro ordenamiento jurídico debido a la deriva populista del Gobierno de España». Junts y PSOE pactaron tener en cuenta las conclusiones de las comisiones parlamentarias en la aplicación de la ley de amnistía.

Judicialización a los jueces

«Los acuerdos de investidura y la propuesta de ley de amnistía que los acompaña han dado lugar a la creación de dos comisiones parlamentarias en el Congreso para investigar la judicialización de la política, con competencia para emprender acciones de responsabilidad contra los jueces», denuncia Pagaza ante los comisarios. Recuerda que el Tribunal Supremo ha advertido que «la fiscalización de la labor jurisdiccional» es «incompatible» con la independencia judicial.

La eurodiputada recuerda que un Poder Judicial independiente es la columna vertebral del Estado de derecho, ya que es una condición previa para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar la arbitrariedad y abusos de cualquier gobierno o poder público. Así lo reconoce el Tratado de la Unión Europea, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales o el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), donde se subraya la independencia judicial como un componente esencial de un juicio justo.

«Todas las asociaciones de jueces en España, desde las más progresistas hasta las más conservadoras, han alertado sobre los acuerdos recientes entre el partido de Pedro Sánchez y los independentistas porque en ellos se establecen principios incompatibles con el ordenamiento jurídico y que afectan a la Justicia», alerta Pagaza, vicepresidenta de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo.

La dirigente de Ciudadanos recuerda que la portavoz de Junts, socio del partido en el Gobierno, tildó de «indecentes» a magistrados con nombres y apellidos y pidió que fuesen procesados y cesados. «En concreto, se refería a los magistrados que emitieron las sentencias condenatorias contra los autores de los ataques al Estado de derecho», insiste Pagaza.

Ataque «inadmisible»

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, acusó el martes a jueces y periodistas de actuar contra el independentismo catalán en el debate que abrió el procedimiento para aprobar la ley de amnistía. Entre los magistrados que citó se encontraban Manuel Marchena, Carmen Lamela, Carlos Lesmes y Pablo Llarena. ««En un país normal serían cesados y juzgados de inmediato», insistió la dirigente catalana.

El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, emitió el día siguiente un comunicado denunciando los ataques, «que carecen de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de derecho». Las palabras de Nogueras también fueron calificadas de «inadmisibles» por el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte.

«Debe tenerse en cuenta que el mandato anterior de Sánchez vino condicionado por su debilidad parlamentaria y la necesidad de los votos de los secesionistas involucrados en graves delitos. Primero vinieron los indultos arbitrarios a líderes de graves delitos de 2017 en Cataluña, sin mediar arrepentimiento, condición legal requerida para poder otorgarlos. Después eliminaron el delito de sedición en el Código Penal, adelgazaron el delito de malversación. Todo ello para favorecer a políticos de los partidos que sustentaban al Gobierno», denuncia Pagaza.

La europarlamentaria recuerda a los comisarios que, en este nuevo mandato, la debilidad parlamentaria de Sánchez «es mayor y para evitar la convocatoria de elecciones ha requerido los votos del partido del prófugo Puigdemont». En su opinión, el expresidente de Cataluña «ha exigido la subordinación a su voluntad a través de una operación gigantesca de impunidad que incluye la ley de amnistía y la impugnación pública del poder independiente de los jueces».

«Deficiencias graves»

«Este contexto que ha aceptado el Gobierno supone la mayor amenaza a la democracia española que podemos imaginar», advierte Pagaza. La dirigente de Ciudadanos destaca que, en democracia, «no se pueden consentir ni operaciones de impunidad con ropajes de legalidad, ni investigaciones a los jueces llevados a cabo por partidos políticos en el Parlamento», lo que vulnera en su opinión el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes.

Pagaza recuerda a Reynders que representantes de la magistratura española han solicitado reunirse con él para trasladarle su preocupación y esperan que les conceda una fecha. E insiste: «La Comisión Europea no puede quedar al margen ante estos hechos. Hablamos de deficiencias graves y repetidas para capturar el Estado; injerencia política y deterioro del trabajo de las autoridades judiciales nacionales».

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