Guilarte descoloca al sector mayoritario del CGPJ por marcar perfil propio con el 'lawfare'

«Déjennos en paz». El presidente interino el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, volvió a criticar este viernes a aquellos políticos que se entrometen en la labor de los jueces. Lo lleva haciendo desde el 9 de noviembre, cuando suscribió el comunicado de la comisión permanente contra las referencias al lawfare incluidas en el acuerdo suscrito por PSOE y Junts. El pasado miércoles realizó una declaración institucional que descolocó al sector mayoritario del órgano de gobierno de los jueces, que interpretó el movimiento como un intento de marcar perfil propio.

Los vocales consultados por THE OBJECTIVE tildan de «precipitado» el comunicado firmado por el presidente del CGPJ tras las palabras de la portavoz de Junts en el Congreso. En su opinión, lo correcto hubiese sido dar una respuesta conjunta debido al calado de las declaraciones. Miriam Nogueras acusó el martes a jueces y periodistas de actuar contra el independentismo catalán en el debate que abrió el procedimiento para aprobar la ley de amnistía.

Durante su diatriba, Nogueras atacó a los magistrados Manuel Marchena, Carlos Lesmes y Pablo Llarena, a los que tildó de «indecentes». Además, aseguró que «en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato». Unas declaraciones que en el CGPJ relacionan directamente con las comisiones parlamentarias recién creadas en el Congreso, que observan como un riesgo para el Estado de derecho.

Bloques del CGPJ

«El señalamiento (y la finalidad que de él se desprende) de varios magistrados del Tribunal Supremo resulta inadmisible en un Estado de derecho, uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes», subrayó Guilarte en el comunicado. E insistió: «Las personas señaladas, y cualquier otro miembro de la Carrera Judicial que puedan encontrarse en las mismas circunstancias, encontrarán en la institución que presido la más firme oposición».

La declaración extrañó a varios miembros del CGPJ por lo inusual de este tipo de comunicados. Especialmente, en una situación tan insólita y grave. En su opinión, el asunto se debería haber llevado al Pleno o, al menos, a la comisión permanente que, de hecho, se reunió ese miércoles. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces explican a este diario que el presidente está legitimado a hacer ese tipo de declaraciones, una opción personal que no entra en contradicción con otras alternativas.

Vocales de la mayoría conservadora lamentan que Guilarte intente marcar un perfil propio con el asunto del lawfare, aunque no es la única decisión que les ha sorprendido. El presidente del CGPJ emitió a principios de noviembre un voto particular en el que justificó que no hubiese apoyado la declaración institucional contra la ley de amnistía, cuyo texto se desconocía aún.

Guilarte expresó su «profunda preocupación» por la despenalización del procés, pero consideró «prematura» la declaración, que salió adelante con el voto de nueve vocales elegidos a propuesta del PP. Días antes, el presidente del CGPJ había mantenido un almuerzo privado con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que confesó tener dudas con la aprobación de la ley de amnistía que en ese momento negociaba el PSOE con los independentistas a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

La idoneidad del fiscal general

Algunos compañeros del CGPJ tampoco entienden que votara a favor de la idoneidad de Álvaro García Ortiz y, por tanto, de su continuidad como fiscal general del Estado después de que una sentencia del Tribunal Supremo le achacara «desviación de poder» tras proponer el ascenso a la máxima categoría de su predecesora, Dolores Delgado. Su opinión no fue determinante, ya que el acuerdo, que no es vinculante, salió adelante por ocho votos contra siete.

El documento aprobado en el pleno del 30 de noviembre relataba razones de «deficiente legalidad en la gestión administrativa de la Fiscalía», entre las que se esgrimía el ascenso de Delgado, y «de deficiente transparencia en los nombramientos discrecionales». Días más tarde, Guilarte se adhirió al voto particular de varios vocales progresistas, que sostenían que el debate de García Ortiz se debió limitar a «la verificación de su idoneidad».

Los vocales consultados por este diario critican que, entonces, Guilarte no quisiera reproducir sus opiniones y se parapetase en un voto particular. Un escenario que contrasta ahora con el intento de marcar agenda tras la polémica del lawfare y el ataque de Junts a los jueces. Se convirtió en presidente del CGPJ en julio, al ser el miembro con más edad tras la jubilación del progresista Rafael Mozo.

Propuesto por el PP hace una década, Guilarte tuvo que renunciar a su trabajo como abogado para ocupar el cargo. Los más cercanos aseguran que tiene un perfil transversal, como se constató cuando ayudó a desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Su mediación fue determinante para que César Tolosa y María Luisa Segoviano obtuvieran el apoyo unánime del CGPJ, tras años de distanciamiento. Su próximo objetivo es renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace cinco años.